NUEVA CONSTITUCIÓN
Después de un segundo paso en falso por el Pleno y en medio de una turbulenta jornada, la Comisión de Medio Ambiente se enfrenta a un complejo escenario tras el rechazo en general de su segundo informe, el que abordaba materias complejas como estatuto del agua y modelo económico. Entre críticas, funas y acusaciones de traición dirigidas principalmente hacia el Colectivo Socialista, que en gran parte rechazó o se abstuvo de aprobar el documento, una sesión hostil en el hemiciclo terminó desnudando que nunca existió un acuerdo explícito entre los conglomerados del Apruebo y que a la atribulada comisión solo le resta un camino para salir del pantano: tratar, en estos 15 días restantes, de consensuar, reformular el documento y apostar por la vía de la propuesta de reemplazo del primer informe, vale decir, artículos acotados en su fondo, forma y cantidad.
Este jueves 21 de abril, y por segunda vez, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico tuvo un frustrado paso por el Pleno de la Convención, después del rechazo en general de su segundo informe, el que abordaba materias como estatuto del agua, bienes naturales comunes y modelo económico. Una experiencia muy similar a la de marzo pasado, cuando en la votación del primer informe, si bien fue aprobado en general, solo contó con los apoyos necesarios para aprobar un inciso, y que debió ser reformulado y revertido en la segunda propuesta, de la cual el hemiciclo aprobó finalmente siete normas.
Es el mismo camino que deberá recorrer en esta oportunidad una comisión que ha enfrentado grandes complejidades, desde una pesada carga de trabajo, debido al alto número de audiencias e indicaciones, hasta problemas en el planteamiento de las materias que debe abordar y su campo restringido de acción. Existen concordancias entre diferentes convencionales respecto a que uno de los mayores problemas que se observa tanto en este como en su primer informe, es que desborda los límites relacionados con los estándares ecológicos y pretende abordar otras temáticas que escapan de su competencia.
Argumentan, desde el interior de los colectivos que rechazaron en general este segundo informe o se abstuvieron de su aprobación –entre ellos, además de la derecha, representantes del Colectivo Socialista, Apruebo Dignidad, Pueblos Originarios e independientes–, que desde un comienzo existieron muchas dudas sobre el contenido en general, y también acerca de contenidos específicos, como las normas referidas al sistema económico y política fiscal, además de los estatutos constitucionales de los minerales y las aguas, entre otros.
Una fuente interna de uno de los conglomerados oficialistas señaló que “por distintos motivos, en todos los colectivos existía una muy alta disposición a rechazar este segundo informe, donde la discusión se centraba en si iba a ser en general o en particular. Nunca existió precisamente un acuerdo para aprobar, sino que los distintos colectivos fueron tomando una decisión y, en muchos casos, decisiones que no unían a todos los colectivos del Apruebo. Fue una discusión que se dio al interior de cada colectivo, y nunca hubo un acuerdo general explícito a favor de aprobar o rechazar en general el informe”.
Convencionales de diferentes colectivos desmintieron a los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, Juan José Martin (INN) y Camila Zárate (Pueblo Constituyente), quienes aseguraron que habían existido acuerdos y diálogos transversales entre todas las fuerzas transformadoras al interior de la Convención para la aprobación de este segundo informe. Desde el interior de los conglomerados aseguraron que nunca existió un trato de esa naturaleza y que la crítica estaría más bien relacionada con cuestiones ideológicas.
Después de gritos y acusaciones de “traición” hacia quienes rechazaron la propuesta, principalmente el Colectivo Socialista, sus coordinadores se dirigieron a la prensa leyendo los nombres de los convencionales que, según ellos, con su voto “le habían dado vuelta la espalda a la ciudadanía, a las comunidades, a la población y a los territorios que hace años estamos movilizándonos para poder lograr estas grandes reivindicaciones en este nuevo texto constitucional. Lo lamentamos profundamente y esperamos que aquellos convencionales que rechazaron o se abstuvieron mediten sobre lo que hicieron durante esta jornada”, apuntó la constituyente y activista Camila Zárate.
Un tenso ambiente que se vivió en el edificio del ex Congreso durante toda la jornada, entre amenazas, enfrentamientos y funas, acciones que fueron denunciadas públicamente y transversalmente rechazadas por los diferentes colectivos, quienes hicieron un llamado al diálogo y a la tolerancia con el objetivo de avanzar hacia un diseño democrático de una nueva Constitución.
Desde temprano en la mañana de este jueves, y mientras los diferentes colectivos se reunían de manera informal y los convencionales discutían acerca de las estrategias para enfrentar la votación en el Pleno, comenzó a gestarse un ambiente de tensión que se fue incrementando durante la jornada y que terminó con funas y agresiones, las cuales fueron denunciadas horas más tarde.
Desde el interior de los conglomerados acusan que desde un comienzo existieron amenazas “y un nivel de matonaje que resulta impresentable”. Quienes fueron los principales apuntados y acusados de “traicionar su palabra” fueron los constituyentes pertenecientes al Colectivo Socialista que se abstuvieron o votaron en contra de este segundo informe. Incluso, la convencional Elsa Labraña (Coordinadora Plurinacional) en su intervención los acusó de ser desleales con el pensamiento y el legado del ex Presidente Salvador Allende, generando un ambiente tenso al interior del hemiciclo.
“¡Traición, traición, traición!”, vociferaron algunos constituyentes al final de la votación. Una crítica que no es asumida como tal desde el socialismo, donde se desmarcaron acusando diferencias de forma y fondo con las materias que emergieron desde la Comisión de Medio Ambiente y criticaron tajantemente las reacciones generadas a partir de la deliberación.
“Lamentablemente la tónica del día ha sido la persecución, la funa y el matonaje. Nosotros no vamos a aceptar que esa sea la forma de deliberación en esta Convención. En democracia las diferencias de opiniones se resuelven con argumentos y con ideas, no con amenazas ni matonaje”, aseguró el convencional Tomás Laibe (CS).
El segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico trataba de condensar en 54 artículos materias fundamentales como los bienes naturales comunes, estatuto del agua, y probablemente la que genera más complejidades en su formulación: el modelo económico. Este último, un ámbito sobre el cual hay muy pocos consensos y que sigue produciendo dudas, tanto al interior de la comisión como en los respectivos colectivos que conforman el hemiciclo y que finalmente es la instancia donde se decide cuáles normas tienen la relevancia necesaria para ser parte del borrador de la nueva Carta Magna.
El capítulo referido a sistema económico y política fiscal contiene un total de 13 artículos, muchos de los cuales –y según lo reconocen desde la coordinación de la instancia– necesitan ser discutidos y reformulados. Entre ellos, se encuentra el artículo 34, que establece que «el Estado participa en la economía del país para cumplir con los objetivos sociales y ecológicos establecidos en esta Constitución y alcanzar el buen vivir», una definición que es considerada como no suficientemente clara y que genera resistencias entre varios de los convencionales.
También generan ciertas dudas otros acápites, como el n° 35, relacionado con los principios económicos y la promoción de la justicia social y el respeto a la Naturaleza; o el n° 40, que establece que el gasto público se orientará “a la satisfacción de los derechos humanos y de la naturaleza”. En ese aspecto, constituyentes de derecha al interior de la comisión han cuestionado el carácter maximalista de estas normas, criticando el hecho de que se mezclen materias con el fin de agitar el trámite de discusión.
En ese sentido, el convencional UDI Pablo Toloza reiteró la necesidad de que en los próximos 15 días de debate, previo a enviar la segunda propuesta de este segundo informe rechazado en general, la comisión cuente con la presencia de invitados, tales como expertos en materia económica y autoridades como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, con el fin de dilucidar materias que les han resultado muy difíciles de abordar.
Desde otros sectores del oficialismo que se desistieron de aprobar el segundo informe, si bien valoraron algunos avances en materia ambiental y reconocen la importancia de, por ejemplo, regular el agua como bien público (dentro del estatuto constitucional de las aguas), se mostraron en contra de otras normas, como por ejemplo aquellas relacionadas con la soberanía alimentaria.
Una fuente al interior de los colectivos oficialistas señaló que se les hace muy difícil comprender cómo ciertas materias pasaron la barrera de la comisión y apostaban a ser parte de un texto borrador. “Se detectó que muchas normas podían considerarse dentro de reglas monásticas o ecológicas, pero que de ningún modo cumplen con los requisitos mínimos para ser incorporadas dentro de una Constitución”, finalizó.
