Los camioneros de siempre

El 9 de octubre de 1972 comenzó el paro nacional de camiones, encabezado por el dirigente León Vilarín y al que se sumaron diversos gremios, como la Confederación del Comercio Detallista –cuyo presidente era Rafael Cumsille- y la CPC, dirigida por Jorge Fontaine. El país quedó paralizado casi por completo, lo que significó que el Presidente Salvador Allende decretara Estado de Emergencia. La acción se originó en el reclamo de los dueños de camiones por los problemas de desabastecimiento, hiperinflación, las críticas al mal manejo económico de la UP y las medidas aplicadas por el ministro de Economía, denominadas como el plan “Vuskovic”. El ministro del Interior, Jaime Suárez, calificó el paro de ilegal y sedicioso, mientras que la noche del 10 octubre eran detenidos Vilarín y otros dirigentes camioneros. El 12 octubre, se realizó una segunda paralización total del país. El Presidente Allende realizó un ajuste en su gabinete, incorporando ministros provenientes de las FF.AA. y, así, contener la crisis. Sin embargo, el paro de los camioneros sería el inicio de un proceso cuyo objetivo era desestabilizar al Gobierno y que culminaría con el golpe de Estado.

¿Tanto poder tienen los camioneros en este país o solo son la pantalla de otros poderes fácticos? En 2020, y durante el Gobierno de Sebastián Piñera, en protesta por los atentados en la llamada Macrozona Sur, estos gremios fueron capaces de paralizar y cortar todas las rutas desde y hacia el sur durante varios días, ante la mirada pasiva y cómplice del entonces ministro del Interior, Víctor Pérez. El exsenador de la UDI permitió que los camioneros coparan las vías e impidieran el paso, incluso, de vehículos de emergencia. En redes sociales circulaban los videos de choferes –sus patrones estaban cómodamente instalados en sus casas viendo las imágenes por TV– que hacían asados y bailaban con mujeres de cabaret. Carabineros, sin recibir orden alguna, hacían guardia a pocos kilómetros de distancia. El conflicto se solucionó luego de que cientos de camioneros coparan las calles del centro de Santiago, incluyendo los alrededores de La Moneda.

Durante los últimos meses de la administración de Piñera, los camioneros volvieron a la carga para expresar su molestia frente a la autoridad. Nuevamente recurriendo a los paros en protesta por los atentados en el sur. A Piñera, que se había negado a aplicar medidas adicionales, no le quedó otra que conectar un respirador artificial en la zona, decretando Estado de Excepción. El entonces Mandatario sabía que era una medida de parche, pero estaba en las postrimerías de su período, quería irse pronto y el fracaso en materia de seguridad era total. En febrero pasado, el asesinato de un conductor en la Región de Antofagasta, a manos de un migrante ilegal, desató un nuevo movimiento de camioneros, que también logró un amplio respaldo en el norte y que después se extendió a gran parte del país. ¿Qué hizo Piñera? Lo esperable: decretó Estado de Excepción. Rápido y simple.

Pese a que el Presidente Boric aún no cumple dos meses, los camioneros ya llevan varios paros. Organizados por los dueños de camiones pequeños, gremios más grandes o por los choferes. En distintos puntos del país, termina uno y empieza otro, como concertadamente. Pidiendo mayor seguridad –esa que tampoco tuvieron con Piñera– para transitar en las carreteras, especialmente en la zona de conflicto en el sur del país. Pero también han sumado otras demandas desde el no pago de TAG hasta unos denominados “camioneros del Rechazo”, que llaman a votar en contra de la futura propuesta constitucional. Las similitudes con lo que pasó en octubre de 1972 ya empiezan a inquietar, sin embargo, más preocupa el poder y la desfachatez con que actúan y la duda sobre quiénes más están detrás de ellos.

El fin de semana se puso fin al último de los paros de estos días, aunque estuvo a punto de fracasar, por la tozudez de una de las federaciones de choferes que encabezaba el movimiento ilegal, que se negó a deponer el corte de rutas en la Región del Biobío, a pesar del acuerdo que tenían con el Gobierno y que la otra federación involucrada ya había validado. Sin embargo, la intervención de última hora del subsecretario del Interior logró desbloquear el conflicto, con una fórmula que le permitió a La Moneda sentir que no le doblaban la mano por completo. El Gobierno –que se negaba a dictar Estados de Excepción– planteó una alternativa intermedia, que permitirá el resguardo de vías y rutas con personal militar. ¿La diferencia con el Estado de Excepción? Estará a cargo de una autoridad civil y mando militar operativo.

El proyecto implica una reforma constitucional y sería sustitutivo de los que ya están en trámite en el Congreso, necesitando un quorum de 3/5, es decir, 30 senadores y 93 diputados. Además de la autoridad civil a cargo, el estado intermedio no restringe otras libertades, como el derecho a reunión. Sin duda –de aprobarse el proyecto– sería una buena salida política para el Gobierno y podría contribuir a bajar los hechos de violencia, especialmente en el sur.

No cabe duda que La Moneda ha sufrido un duro golpe de realidad en estos dos meses con la crisis en la zona sur. A la ingenua y frustrada visita de Izkia Siches, a pocas horas de asumido el Gobierno, siguió un recrudecimiento de los atentados, que dejó en evidencia que la solución al conflicto no solo pasa por señales de buenas intenciones y cambio en el lenguaje, como hablar de Wallmapu. Este mismo proyecto representa un giro que va en el sentido correcto. No se puede avanzar en resolver lo de fondo, sin medidas que generen una sensación de mayor seguridad.

Pero, más allá de esta salida y de la habilidad que está demostrando Monsalve, queda la preocupación por los camioneros. Aunque no responden a una orgánica común, están actuando como un grupo de presión poderoso, capaz de arrinconar a un Gobierno –también lo hicieron con Piñera–, causar un daño grave a la libertad de desplazamiento de los chilenos, provocar dificultades en la cadena logística e, incluso, contribuir a agudizar los efectos de la inflación. La historia ya demostró que se sienten capaces de complotar porque actúan impunemente. Después de todo, el paro de los choferes forestales dejó claro que tampoco esta administración se atrevió a aplicarles todo el rigor de la ley.