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Presupuesto para la conservación de la biodiversidad

por 23 mayo, 2022

Presupuesto para la conservación de la biodiversidad
Chile es uno de los países que menos recursos públicos destina a la conservación en el mundo. Si bien nuestra superficie de áreas protegidas terrestres y marinas ha ido aumentando en los últimos años, no lo ha hecho en la misma proporción el presupuesto estatal destinado a la administración y gestión de las mismas. Es más, el presupuesto para las áreas protegidas terrestres que se encuentran en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) tiene dos fuentes de financiamiento, una que es el aporte fiscal y otra que son los ingresos de operación, donde estos últimos son los fondos que recauda el Estado por corte de entradas a las áreas protegidas del SNASPE. Lamentablemente, los ingresos de operación son reportados como parte del presupuesto, es decir, no se visualiza de forma clara la proveniencia de los fondos destinados a las áreas protegidas, existiendo una distorsión cuando el Ejecutivo –ya sea a través de Conaf, Ministerio de Agricultura o Ministerio del Medio Ambiente– se refiere al presupuesto para áreas protegidas, pues toma el monto global que considera las dos fuentes de financiamiento y no solo el aporte del Estado.
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El año 2005 se dio a conocer el primer informe de Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Chile elaborado por OCDE-CEPAL, que comprendía el periodo 1990-2004, donde se establecieron 52 recomendaciones en distintas áreas relacionadas con medio ambiente en las que nuestro país debía avanzar, entre las cuales se encontraba la importancia de que contara con una nueva institucionalidad ambiental. Dentro del mismo informe, en el capítulo sobre Naturaleza y Diversidad Biológica, se señaló que “hasta la fecha la protección de la naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile (…). A pesar de las mejoras registradas durante el período evaluado, los fondos para la protección de la naturaleza y la diversidad biológica, y para velar por el cumplimiento de las normas, son insuficientes”.

De forma más sintética, entre las recomendaciones de este capítulo se señala la necesidad de “incrementar los esfuerzos financieros para satisfacer el objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas significativos en Chile (incluidas las áreas costeras y marinas) y fomentar las actividades para la aplicación de la legislación relacionada con la naturaleza”.

Once años más tarde, en 2016, se dio a conocer un segundo informe sobre Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Chile, el cual en su elaboración y conclusiones fue bastante menos riguroso que el primero, pero aun así en él se establecieron recomendaciones en materia de biodiversidad que se suman a las del año 2005. Solo revisando estos informes, es posible darse cuenta de que Chile presenta un enorme rezago en políticas públicas que nos permitan frenar la pérdida de biodiversidad y eventualmente restaurar ecosistemas.

Producto de las recomendaciones del informe 2005 es que, desde hace 11 años, se tramita en el Parlamento un proyecto de Ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), Boletín Nº 9404-12. Esta iniciativa legal tuvo una primera versión en 2011, bajo el primer mandato de Piñera, y una segunda versión en 2014, en el segundo mandato de Bachelet. Ambas versiones (2011 y 2014) no tenían diferencias significativas de contenido, pero presentaban un conjunto de deficiencias que en su momento fueron señaladas por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estas temáticas.

En ese sentido debemos reconocer que durante la tramitación legislativa de este proyecto de ley se han efectuado cambios significativos que han permitido mejorar su contenido, hecho que se puede constatar al revisar el texto del proyecto de SBAP emanado de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y que actualmente está en discusión en la Comisión de Agricultura. En términos de contenido, las falencias que aún persisten están más bien relacionadas con la posibilidad real de implementar instrumentos de conservación de la biodiversidad tanto fuera de las áreas protegidas como dentro de las mismas, pues el proyecto de ley hoy no cuenta con presupuesto suficiente para su debida puesta en marcha, por ello resulta preocupante que el Gobierno del Presidente Boric haya decidido ponerlo en el primer lugar de la agenda ambiental, sin resolver temas presupuestarios de fondo que presenta esta iniciativa legal. 

Para poner las cosas claras, Chile es uno de los países que menos recursos públicos destina a la conservación en el mundo. Si bien nuestra superficie de áreas protegidas terrestres y marinas ha ido aumentando en los últimos años, no lo ha hecho en la misma proporción el presupuesto estatal destinado a la administración y gestión de las mismas. Es más, el presupuesto para las áreas protegidas terrestres que se encuentran en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) tiene dos fuentes de financiamiento, una que es el aporte fiscal y otra que son los ingresos de operación, donde estos últimos son los fondos que recauda el Estado por corte de entradas a las áreas protegidas del SNASPE. Lamentablemente, los ingresos de operación son reportados como parte del presupuesto, es decir, no se visualiza de forma clara la proveniencia de los fondos destinados a las áreas protegidas, existiendo una distorsión cuando el Ejecutivo –ya sea a través de Conaf, Ministerio de Agricultura o Ministerio del Medio Ambiente– se refiere al presupuesto para áreas protegidas, pues toma el monto global que considera las dos fuentes de financiamiento y no solo el aporte del Estado.

Para explicarlo en forma gráfica, el presupuesto 2022 para el SNASPE es del orden de $ 24.000 millones, que se desglosa de la siguiente forma: $ 5.338 millones destinados a obras de mejoramiento en dos parques Nacionales; $ 5.526 millones aproximadamente de aporte fiscal y $ 12.115 millones por ingreso de operación, es decir, la recaudación por ingreso de personas a áreas protegidas es más del doble de lo que pone el fisco. En este sentido, lo que se observa es que el Estado no ha tenido un firme compromiso con la gestión de las áreas protegidas, pues el aporte que hace a las mismas es muy bajo, dejando la administración de Parques Nacionales, Reservas y Monumentos Naturales sujetos a cuanto se recaude. Por otra parte, el presupuesto destinado a las áreas marinas y humedales, que está radicado en el Ministerio del Medio Ambiente, es de solo $ 230 millones. En definitiva, el aporte fiscal a las áreas protegidas terrestres y marinas no supera los $ 6.000 millones al año.

Si esto ahora lo miramos desde la perspectiva de avanzar en conservación de la biodiversidad, como se propone en el proyecto de ley SBAP, resulta evidente que el Estado debe incrementar los recursos fiscales para poder implementar esta ley cuando sea aprobada por el Parlamento. En la actualidad el presupuesto con que se tramita la ley es del orden de $ 40.000 millones, de los cuales más de $ 20.000 millones provienen del SNASPE, pero, como ya sabemos, parte importante de estos no los pone el Estado sino cada una de las personas que visita parques, reservas o monumentos nacionales y paga su entrada. Es decir, si descontamos lo que se recauda, esta ley realmente cuenta con un prepuesto del orden de $ 25.000 a $ 28.000 millones para su implementación, lo cual es absolutamente insuficiente para lograr los objetivos que propone la ley.



Por ello, desde Fundación Terram esperamos que el Presidente Gabriel Boric y los integrantes de su Gobierno comprendan la relevancia que tiene la conservación de la biodiversidad y que se abran a discutir e incrementar los presupuestos actuales y futuros, ya sea en el SNASPE o en el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

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