La productividad sanitaria

Incrementar la productividad en un 1.5% en los próximos años no solo es un desafío para el empresariado, sino también para el Estado que ha de regular y facilitar la acción del anterior. Pero también lo es para el Estado, y de manera muy importante, cuando este incurre en la gestión directa y es propietario de los activos de un sector tan importante de la economía como es el sector púbico de la salud, de gran tamaño según nos ha señalado reiteradamente el profesor Oscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, a la que yo también pertenezco.

Agradecimos en su oportunidad a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) por su aporte a la discusión del sector de la salud realizado a fines del 2019. Tal aporte se materializó en una espléndida publicación de 260 páginas, que contiene los resultados del trabajo realizado por un mandato de la ex Presidenta Bachelet, ratificado por el Presidente Piñera y que contó incluso con la asesoría directa de la actual ministra de Salud, la Dra. Begoña Yarza.

El resultado: se verifica una gran improductividad en el sector público de la salud, específicamente en el uso de los pabellones quirúrgicos. Importante capital improductivo. Grave noticia. Y téngase presente que otras dimensiones del quehacer, como la productividad de los centros de atención ambulatorios de especialidades, vecinos o parte de los hospitales, donde se acumulan las listas de espera y de quienes tenemos fundadas sospechas de improductividad, no fueron exploradas todavía.

Ahora se ha agregado a público, a través de El Mercurio, un trabajo de la Universidad San Sebastián que hace referencia a elevados porcentajes de uso excesivo de días cama para la solución de patologías comparables. No cuesta sospechar que tales cifras se vinculan el fenómeno ya descrito por la CNP en los pabellones. Aún así, los números no me resultan tan sorprendentes, pero en fin.

Del reporte CNP ya hablamos bastante en su momento –dimos razones de la dificultad del asunto desde la experiencia de la gestión directa en los hospitales públicos, mismas razones que cabría dar frente a los números de la USS–, de modo tal que ahora hemos de centrarnos en lo que considero que es el hecho sustantivo que amenaza con hacer poco factible que el sector público de la salud acompañe al país en la meta de incremento de la productividad que se está proponiendo. Por prudencia, evito decir prometiendo.

En efecto, cuando el movimiento, digámoslo de otro modo, la gestión de los activos del sector público de la salud ha de realizarse en el formato de las organizaciones que conforman el Estado –no hablo de sus empresas autónomas como Codelco y Enap, que se rigen por Código del Trabajo en sus contrataciones de personal y resuelven más autónomamente respecto de sus proyectos de desarrollo e inversiones–, sino de las agencias estatales “puras y duras” que están reguladas por el Estatuto Administrativo –la escala única de sueldos– y por leyes que se cuelgan del mismo y se le asemejan en cuanto a sus restricciones y carencias de incentivos, como la Ley Médica, agencias que tienen una larga lista de restricciones para ejecutar inversiones de reposición, agencias que se enfrentan al incesante y burocrático escrutinio ex-ante de la Contraloría General de la República, agencias que padecen el centralismo adictivo con que se realizan las funciones principales del sector que persiste en tener una Subsecretaría de Redes –el administrador último de la red asistencial– situada en el corazón del ministerio, que nos hace confundir el rol del que es el órgano rector y regulador por definición, agencia que tiene, por último, una atención primaria declarada permanentemente como eje del quehacer sectorial pero en manos de alcaldes que responden a sus propios incentivos e intereses.

Visto así, no es difícil hacer un símil entre reforma del sector público de la salud y reforma del Estado. Si bien de la reforma del sector público de la salud no se ha hablado –solo que será posible contar con las cotizaciones que provienen de las Isapres–, he aquí el eje central desde el cual habrían de gatillarse incrementos de productividad como aparentemente se vislumbran a partir de las enormes brechas que se han hecho evidentes –y no todas aún–, pero que se hace necesario poder cerrar. Pero aquello no ha de verificarse en las condiciones actuales. Es necesario “entrar a picar” y eso se llama reforma o modernización del Estado cuando el sector se cobija en ese espacio. No es otra cosa. De lo contrario, poco o nada podemos esperar y poco o nada deberían esperar nuestros ciudadanos.

De acuerdo, el sector público de la salud ha de seguir estando en manos del Estado –difícil es pensar que pueda ser de otro modo, dada la historia de Chile–, ahora transformado en un sistema único, integrado y más solidario. Pero hagamos algo para que tal promesa no se nos vaya a transformar en una enorme desilusión de la ciudadanía y en una enorme cuenta para el Gobierno hoy que da recién sus primeros pasos.