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Respeto a la voluntad democrática… los muertos no se resucitan Opinión

Respeto a la voluntad democrática… los muertos no se resucitan

José Ignacio Cárdenas
Por : José Ignacio Cárdenas Escritor y Abogado de la Universidad de Chile
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De prosperar en nuestro Congreso una aprobación como la que pretenden Rincón y Walker, no solo sería un vago intento por revivir un texto que tiene sentencia de entierro, sino que se estaría también traicionando la voluntad popular. Esto va más allá del resultado del Apruebo o el Rechazo en el plebiscito de salida al proceso constituyente en marcha, puesto que, incluso ante el evento de que ganara el Rechazo, la decisión posterior debe ser perseverar en cumplir la voluntad de ese 78,24 % de votos e insistir en la redacción de una nueva Constitución, no en modificar la actual.


Esta semana hemos conocido el proyecto de ley presentado por los senadores democratacristianos Ximena Rincón y Matías Walker, que propone al actual Congreso de la República rebajar a cuatro séptimos los quórums de la Constitución de 1980, para así terminar con otro de los candados históricos que ha bloqueado el avance de muchas leyes importantes, cuando estas no han sido del gusto de la minoría defensora de su modelo económico de sociedad.

Sin embargo, tal proyecto no solo es tardío –esperamos muchos años por una apertura así–, sino que, presentado hoy, resulta una bofetada a la decisión democrática expresada en las urnas. En efecto, Chile ya manifestó claramente su determinación de poner fin a la actual Constitución en el plebiscito celebrado el día 25 de octubre del año 2020, al dar respuesta a una pregunta concisa: “¿Quiere usted una nueva Constitución?”. El 78,24 % de votos resolvió aprobar una nueva Constitución. Es decir, los chilenos no quieren modificar la actual, sino ponerle fin para reemplazarla, lo que debe ser respetado sin reparo alguno. No hacerlo, significaría infringir la voluntad ciudadana, lo que políticamente resulta inaceptable para un país demócrata.

Un claro ejemplo del respeto a la voluntad popular lo dio Inglaterra, que, contra todos los pronósticos, el 23 de junio de 2016 celebró un referéndum, venciendo la opción de poner fin a la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea –episodio mediáticamente conocido como “Brexit”: Britain (Gran Bretaña) y exit (salida)–. Han existido intentos posteriores para proponer celebrar un segundo referéndum que revoque el anterior, sin embargo, la sola idea ha sido inmediatamente rechazada incluso por quienes apoyaban la decisión de permanecer en la Unión Europea, ya que, de hacerlo, sería –según sus palabras– una “alta traición” hacia la democracia.

De prosperar en nuestro Congreso una aprobación como la que pretenden Rincón y Walker, no solo sería un vago intento por revivir un texto que tiene sentencia de entierro, sino que se estaría también traicionando la voluntad popular. Esto va más allá del resultado del Apruebo o el Rechazo en el plebiscito de salida al proceso constituyente en marcha, puesto que, incluso ante el evento de que ganara el Rechazo, la decisión posterior debe ser perseverar en cumplir la voluntad de ese 78,24 % de votos e insistir en la redacción de una nueva Constitución, no en modificar la actual.

No obstante, en este último hipotético escenario surgen inmensas dudas respecto de quienes antes votaron Rechazo, lo vuelven a hacer ahora, y su real voluntad de reemplazar la Constitución. Fue tan profundo el sentir de cambios expresado por los chilenos en el estallido social y ha sido tal el apego de la derecha al cáncer privatista defendido dentro de la Convención Constitucional, que resulta una obviedad que este repentino y súbito ánimo por redactar una nueva Carta Fundamental ante el triunfo del Rechazo se traducirá en una cosmetología de cambios superficiales, carentes de sustentos reales que los posibiliten.

El germen de la preeminencia de los derechos privados por sobre los públicos es connatural a los sectores conservadores de este país. Basta observar las votaciones y defensas corporativas que sus convencionales han planteado a lo largo de estos meses de Convención. Solo tres ejemplos de importantes derechos sociales son suficientes para confirmar tal arraigo:

  1. En materia de seguridad social, sus posturas han estado más por defender el individualismo de las cotizaciones previsionales y a las AFP que por una real empatía solidaria dirigida dar solución al problema de fondo, esto es, buscar mejoras a las miserables pensiones recibidas por nuestros abuelos y abuelas.
  2. En salud, su preocupación se ha centrado en los prestadores privados, junto a que los particulares con recursos económicos puedan mantener separada su salud de 5 estrellas, es decir, perseverar en la aberrante diferencia social actualmente existente, ignorando que las patologías, la gran mayoría de las veces, obedecen a causas colectivas.
  3. En educación, poco por comprender la necesidad urgente de fortalecer la educación pública y gratuita, y mucho en perseverar el negocio de la educación privada subvencionada con recursos del Estado.

Lo que más se gritó en las calles fue la dignidad del ser humano. Nadie quiere apropiarse de lo que no es suyo, pero sí quieren que se les dignifique por el solo hecho de ser persona, lo que conlleva un profundo sentido de solidaridad para internalizar el real aprendizaje de lo que significa vivir en sociedad. No más el exacerbado individualismo que profesa la moribunda Constitución del 80. La dignidad de lo colectivo no es caridad sino derechos, reales y efectivos derechos sociales.

Hace unos años, el activista estadounidense Martin Luther King, viendo la indiferencia de mucha gente por los asuntos sociales, dijo: “Habíamos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero lo que no habíamos aprendido era el arte de vivir juntos, como hermanos”… Harto nos falta de esto último en nuestro querido Chile.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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