PAÍS
La propuesta de reforma al sistema de pensiones, que incluye una cotización extra del 6% con cargo al empleador (orientada a solidaridad), tiene distintas valoraciones en el oficialismo. Para algunos es una idea sensata; para otros, un poco tímida. Sin embargo, desde la oposición la mirada es más clara: piden sumar ese 6% a capitalización individual en las mismas Administradoras de Fondos de Pensiones. Ante esa opción, los parlamentarios oficialistas arremeten con que la libertad de elegir sea llevada hasta las últimas consecuencias y se discuta, llegado el caso, que las personas que no están de acuerdo con el sistema de AFP puedan trasladar toda su cotización –así como la totalidad de sus fondos acumulados– a sistemas alternativos que se pudieran crear en el marco de dicha reforma.
El Gobierno y el oficialismo están decididos a sacar adelante una reforma al sistema de pensiones que incorpore un 6% adicional de cotización a cuenta de los empleadores. Esa cotización extra, según la propuesta adelantada por el Gobierno, debiera ir a un fondo común, a efectos de tener un sistema que efectivamente sea tripartito, contributivo y solidario, que es básicamente lo que existe en la inmensa mayoría de países con sistemas de seguridad social.
Pero hay un problema: si bien en el contexto del estallido social la derecha estuvo abierta a la posibilidad de incluir un porcentaje de solidaridad, ahora se empecina en exigir que ese 6% adicional también vaya a capitalización individual. Esto, pese a que el discurso gubernamental es claro en cuanto a que esta cotización extra corresponde al aporte de los empresarios en tanto sector productivo, en ningún caso es plata que se extraiga de los salarios de las personas laborantes.
El punto es que, dada esta ‘porfía’, ya hay voces del oficialismo que no ven con malos ojos disputar el 10% base que se cotiza actualmente y pedir que cada trabajador decida si quiere permanecer en el sistema de AFP o, si así lo desea, retirar sus fondos acumulados y trasladar ese 10% para cotizarlo en un sistema alternativo que se pueda crear por ley. ¿Por qué no? ¿Por qué obligar a las personas a cotizar ese 10% en un sistema cuya legitimidad no comparte? De esta manera, si no existe apertura a razonar sobre un sistema que incorpore un pool de herramientas (entre ellas la solidaridad), ¿por qué no permitir que los chilenos que no están de acuerdo con las AFP puedan sacar sus fondos y trasladarlos, por ejemplo, a una futura cooperativa, como las que operan en Australia? Con ello, parlamentarios oficialistas creen que también se corregiría una anomalía: que las personas sean forzadas a ahorrar en un solo sistema.
Así es como empieza a complicarse el diálogo en el Congreso, y ello por el dogmatismo ideológico que denuncian diputados como Andrés Giordano, del movimiento Izquierda Libertaria, quien es partidario de llegar a un acuerdo con la oposición para sacar adelante el proyecto que empuja el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Un proyecto que, si bien no comparte en un 100%, al menos considera que es un paso hacia la conformación de un sistema de pensiones un poco más razonable y “menos aberrante”. Si no hay apertura ni posibilidad de llegar a un acuerdo en el Parlamento –la correlación de fuerzas requiere del apoyo de una parte de la oposición–, entonces lo justo sería controvertir y disputar ese 10% base. Dicho en buen chileno: que cada cual decida si seguir cotizando en una AFP o no.
¿Querrá la derecha verse confrontada a su propio discurso, ese que enaltece la libertad de elegir? Es la pregunta que se hacen en los sectores de izquierda. “Cuando la derecha del Rechazo o las propias AFP hacen campaña por la ‘libertad de elección’, mienten. A las AFP les interesa seguir administrando las platas de las y los trabajadores porque generan utilidades impensadas en cualquier otro rubro. A la derecha le interesa defender al empresariado, que de nuestros ahorros previsionales obtiene capital a precio de huevo”, sostiene el parlamentario, quien ha construido su carrera política como dirigente sindical. Fue, de hecho, la primera persona en levantar un sindicato de Starbucks alrededor del mundo.
“Si se trata de libertad, pregúntale a cualquiera de ellos y ellas si están dispuestos a dar la libertad de irse a otro sistema alternativo sin capitalización individual, o a elegir si el 10% puede administrarse bajo otra lógica. Hasta ahí les llega el discurso”, agrega Giordano.
El diputado Diego Ibáñez cree que, así las cosas, es justo conversar sobre ese 10%. “Ese debate se va a dar en el Congreso una vez que sea ingresada la reforma”, declara el diputado del frenteamplista Convergencia Social. “Respecto de ese 10% sugiero mirar lo que se hace en países con esquemas con sentido público”, añade. Sabe que la derecha ha vuelto a encerrarse en la capitalización individual pensando que el principio de “solidaridad” ya se ha materializado a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, ese pilar sigue siendo, por decirlo de algún modo, “modesto” e insuficiente, pues “todos sabemos que, si bien el Presidente Boric quiere subir esa PGU a 250 mil pesos, igual está muy por debajo de la línea de la pobreza, por lo que necesariamente tendremos que complementar con otros aportes y eso pasa por incorporar más solidaridad en lo que tenemos actualmente”.
“Me importa que el gato cace ratones”, dice el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Luciano Cruz-Coke (Evópoli). “Aquí la pelota la tiene el Gobierno, no la tiene la oposición. Hasta ahora conocemos solo generalidades respecto de ese 6% adicional, y entendemos que se mantendría tal cual está. Pero, en fin, el ministro hasta aquí informa por gotario”, agrega.
Cruz-Coke reacciona con desconcierto ante la posibilidad de intervenir sobre el 10% base. En cierta medida, y avalada por las encuestas que refieren que una mayoría abrumadora quiere mantener la propiedad de sus fondos, la oposición tiene cierta seguridad de que ese 10% está fuera de toda discusión, máxime cuando el proyecto diseñado por el ministro Marcel respeta el destino que actualmente tiene dicho 10%. Y como nadie podría tocar ese piso que hoy gestionan las AFP, cualquier mención sobre un destino alternativo suena a sacrilegio. El problema es que desde el oficialismo hablan precisamente de eso: de la libertad de elegir. Por lo demás, nadie pondría en cuestión la propiedad de los fondos, sino que se le permita a cada cotizante llevar su dinero al sistema que más le acomode.
El senador de Evópoli dice que no tiene problemas con introducir innovaciones, “mientras se abra a la mayor competencia posible para que sea un sistema legitimado socialmente”, agrega. Sin embargo, en algunos sectores del oficialismo creen que la derecha solo se abriría, como mucho, a la creación de una AFP estatal, cosa que no resulta satisfactoria, toda vez que no cambia la lógica de capitalización individual que tanto violenta a buena parte de esa izquierda.
¿Por qué no dejar que cada cual decida qué hacer con ese 10%? Si dos millones de personas deciden retirar sus platas de las AFP y conformar una cooperativa de carácter solidario, ¿por qué impedirlo? La industria de las AFP pide que las personas escojan el destino de ese 6% adicional, pero desde las izquierdas comienzan a preguntarse por qué, en ese caso, no llevar la libertad de elegir a las últimas consecuencias y decidir qué se hace con el 16% completo. “Bueno… en la medida que sean actores que puedan darle garantías a la población, una aseguradora quizás, y que va a poder asumir cuando los aportantes se pensionen y que ofrezcan una cierta garantía de que van a estar esas platas…”, agrega. No obstante, cree que hay aires favorables para la capitalización individual, ya que, gracias a los retiros en pandemia, “se abrió cierta conciencia de que esa plata existía, que renta y que el Estado asegura un avance con la PGU”.
“Es muy fácil jugarse por eslóganes”, sostiene el senador de Evópoli, quien se declara consciente de la complejidad del desafío. “En esto no hay una bala de plata. Nadie puede decir que todo va a reparto o que todo a capitalización. Me saldría de esa lógica binaria”, añade, aunque no menciona una propuesta concreta que, alternativa a la del ministro Marcel, combine distintas fuentes de financiamiento. “Hay que buscar fórmulas creativas, quizás permitir hacer retiros para ciertos efectos, como enfermedades catastróficas, o para créditos hipotecarios, o para empréstitos a tasas razonables contra cotizaciones futuras”, comenta finalmente.
Pero el diputado Andrés Giordano repara en que el senador Cruz-Coke ilustra bien la postura de su sector, una que nunca deja de sorprenderle, toda vez que en ese mundo se habla mucho de incorporar algo de solidaridad pero, a la hora de las definiciones, muestran su más absoluto repudio a cualquier idea que la incorpore efectivamente en el esquema de cotización. Asimismo, Giordano ve cómo desde la oposición se habla de impulsar una reforma, pero todas las ideas (escasas en número, aclara) apuntan a mantener lo que existe. Que se plantee que las personas puedan retirar ahorros previsionales para afrontar una enfermedad catastrófica, significa –a su juicio– que la derecha no ha aprendido nada en cuanto a los derechos sociales.
Para peor, advierte que el discurso público de la oposición sigue anclado a ideas que escapan al concepto de seguridad social. “Es importante entender que la propiedad y la heredabilidad son nociones que la derecha y el empresariado han creado para defender el lucro, pero que no son parte del debate en ningún otro sistema previsional en el mundo, porque son ideas totalmente incompatibles con el derecho a la seguridad social y a tener una pensión digna y suficiente”, señala. A la larga, cree el exdirigente sindical, lo importante es heredar un sistema de seguridad social, no unos pesos que pueden ser exiguos o derechamente inexistentes.
“Vamos a dar el debate en esa línea, proponiendo, por ejemplo, que el aporte empresarial –que ha sido cero durante más de 40 años– suba a 8%, y el de trabajadores y trabajadoras baje a 8%. Yo espero que quienes creen que la vejez es un negocio se saquen las caretas. Por nuestro lado, se trata de tener el mejor sistema de pensiones posible y que la jubilación de una vez por todas sea motivo de júbilo”, puntualiza.
El diputado Diego Ibáñez reflexiona sobre lo que ha visto de la oposición en este debate: una cerrazón frente a cualquier cambio, incluso ante una propuesta tan “razonable” y “moderada” como la que prepara el ministro Marcel. Peor aún es verla contradiciendo sus principios ideológicos fundamentales, lo que habla no ya de una defensa de un sistema o modo de vida, sino de una defensa de intereses corporativos. “Hasta ahora no veo a la derecha defendiendo el concepto de libertad individual”, agrega el parlamentario, en cuanto a impedir que incluso las personas decidan qué hacer con esa cotización que va forzosamente a las AFP.
Ibáñez cree que la derecha ya olvidó el estallido social. “En la derecha hay una tergiversación sobre esto y sobre el concepto de seguridad social, sobre suficiencia y universalidad, algo muy distinto a lo que uno ve en las derechas de Francia y Alemania, por ejemplo, donde entienden el valor de la solidaridad”, recalca. “Confiar todo el aporte colectivo a lo que se pueda entregar a través de la PGU es irresponsable fiscalmente, pues eso significa que se pagará con impuestos generales que, lo sabemos, descansan en el IVA, y sabemos que el IVA es regresivo porque afecta más a las personas de menores ingresos”, concluye.
