Opinión
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En un ambiente de alta polarización, esta elección se perfila como un choque colosal entre dos fuerzas antagónicas, al decidirse si se retoma la senda de la normalidad democrática con fuertes políticas sociales perdida en 2018, después de que el Tribunal Supremo apartara a Lula de la carrera (amplio favorito entonces), o se profundiza el giro hacia un autoritarismo mesiánico de extrema derecha, con violencia incluida, que comenzó con la elección del militar retirado (enero de 2019).
Pocas dudas caben para Brasil, la región y el mundo que los comicios presidenciales de la decimotercera economía y la cuarta democracia más grande del mundo, son los más trascendentales desde que acabó la dictadura (1985) y empezó una ola democratizadora con corsés y retrocesos, no muy distinta a la padecida por las otras transiciones en la región (la Tercera Ola de Samuel P. Huntington). En ella, el próximo 2 de octubre (primera vuelta) y el 30 de octubre (si ningún candidato alcanza el 50% más 1), se medirán Luiz Inácio Lula da Silva (76 años) del Partido de los Trabajadores (PT) y el actual presidente Jair Messias Bolsonaro (67) del Partido Liberal (ex Partido de la República), quien por ley puede reelegirse una vez consecutivamente, en la clara disyuntiva de redemocratizar Brasil o profundizar el prevaleciente autoritarismo de derecha, resultado que afectará las propuestas y devenir de la ola progresista rosa de los presidentes Arce, Boric, Fernández y Petro.
Las últimas encuestas colocan a Lula delante de Bolsonaro en la intención de votos en la primera vuelta (ventaja de entre 8 y 16 puntos en distintos sondeos) y como claro ganador en un eventual balotaje (todas las encuestas le dan entre 6 y 13 puntos de ventaja). Por lo mismo y en el contexto de este duelo de titanes, el resto de las candidaturas tienen una relevancia menor aunque no por ello irrelevantes y no solo para una segunda vuelta. Ahí esta, por ejemplo, el caso de Ciro Gomes y su tercera vía, candidato moderado de la centroizquierda, exgobernador de Ceará, el tercero más votado en las presidenciales de 2018 y que en esta vuelta ha intentado con escaso éxito conquistar al electorado progresista anti-PT (logra en el mejor de los casos un 10%) y a quien diversos intelectuales de la región le han pedido bajarse, para que Lula pueda vencer en primera vuelta o en segunda con un contundente porcentaje al actual mandatario. Además de Lula, Bolsonaro y Gomes, hay otros 8 candidatos, que en conjunto podrían alcanzar no más del 15% de acuerdo a los sondeos.
En estos comicios están habilitados para votar más de 150 millones de personas con los más de 2 millones de nuevos inscritos (el 2018 era de 147 millones), especialmente jóvenes. El voto en Brasil es obligatorio con excepción de los ciudadanos de entre 16 a 18 años, para quienes es voluntario. Además del presidente y vicepresidente, se elige al Congreso Nacional (513 diputados). El Congreso actual es el más conservador desde la vuelta de la democracia y en él tiene una alta preponderancia un sector ultrarreaccionario bautizado como la “bancada BBB” (Buey, Bala y Biblia), es decir, operadores del agronegocio, del sector armamentista y del fundamentalismo religioso evangélico.
Un Parlamento dominado por hombres blancos y mayores (aunque la mayoría de los votantes son mujeres, el 55% de los brasileños se declara afrodescendiente y la ley dice que el 50% de los candidatos debe ser mestizo o afro) que ha servido para garantizar las millonarias ganancias empresariales y limitar cualquier conquista popular y/o legislación inclusiva, y que fue clave para ejecutar el golpe contra Dilma y también para blindar a Bolsonaro de los más de 120 pedidos de impeachment (Nodal, 19/09/2022). Además, por ser un Estado Federal, se elegirán los gobernadores y vicegobernadores estatales, las Asambleas Legislativas Estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal.
En un ambiente de alta polarización, esta elección se perfila como un choque colosal entre dos fuerzas antagónicas, al decidirse si se retoma la senda de la normalidad democrática con fuertes políticas sociales perdida en 2018, después de que el Tribunal Supremo apartara a Lula de la carrera (amplio favorito entonces), o se profundiza el giro hacia un autoritarismo mesiánico de extrema derecha, con violencia incluida, que comenzó con la elección del militar retirado (enero de 2019). Precisamente, desde esa fecha, los civiles armados aumentaron en un 473% (pasaron de 350 mil a más de 1 millón) y han florecido incontables arsenales domésticos, la mayoría en manos de cazadores, coleccionistas y miembros de clubes de tiro partidarios o cercanos a Bolsonaro. Es este quien defiende la «autodefensa» contra el crimen, sostiene que «un pueblo armado no será esclavizado» y hasta ha insinuado que ese «ejército» podrá llegar a «luchar por la libertad» que pudiera quitarle «el comunismo» a los brasileños en vista a un eventual triunfo de Lula (SWI, 05/09/2022).
En este contexto, los brasileños parecen mirar con cierto miedo la campaña electoral: tres de cada cuatro votantes (67,5%) dice temer sufrir agresiones por motivos políticos, según una encuesta de la firma Datafolha. No olvidemos que ya un grupo paramilitar de extrema derecha brasileño, que usa boinas de los paracaidistas del Ejército, amenazó con un conflicto armado a los sectores de la oposición que impulsan un juicio político al presidente Jair Bolsonaro (Telam, 22/03/2021). Precisamente, y por lo mismo, la Corte brasileña decidió restringir la venta de armas de fuego al limitar varios decretos promulgados por Bolsonaro en los que se flexibilizaba la compra y tenencia (cronista.com, 21/09/2022).
Pero esa no es la única y principal inquietud de la población. Por ejemplo, ahí está el tema de la salud, en particular de la pandemia que golpeó con dureza al país y dejó más de 685.000 muertos mientras el presidente Bolsonaro comparaba el COVID-19 con una «gripecita» y se mostraba escéptico sobre las vacunas para combatirlo. También resalta la economía (aunque salió levemente de la recesión del 2021), anclada al tema del desempleo que está en una tasa del 9.1% y la inflación (8.8% en agosto), y la razón es sencilla: el 15% de brasileños (unos 33 millones de personas) pasa hambre y otra cantidad similar sufre de inseguridad alimentaria moderada, de acuerdo a un estudio divulgado el miércoles por la red Penssan.
Si a ello sumamos el 28% de la población considerada con inseguridad alimentaria leve, más de la mitad de los brasileños padece y/o se inquieta por este problema (hablamos de 125 millones de personas). Por último, resalta la seguridad, donde si bien ha bajado la criminalidad civil, como dice un artículo de BBC Mundo (10/01/2021), miles de personas mueren cada año debido a la violencia policial, pero rara vez aparecen en los titulares de la prensa nacional, y mucho menos en los de la prensa internacional. Esto habla, por ejemplo, de que en los primeros seis meses de 2020 la policía mató a 3.148 personas en Brasil, lo que da un promedio de 17 personas muertas por día.
Lula estuvo casi 20 meses en prisión condenado por “corrupción”. Sin embargo, una tras otra las acusaciones se cayeron y las condenas que pesaban sobre él fueron anuladas, al considerar la justicia que su antiguo miembro, el juez Sergio Moro, no fue imparcial. Incluso, hace poco el expresidente Lula (2003-2011) vio con satisfacción cómo el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminaba que durante este montaje, particularmente el proceso de la Lava Jato, sus derechos políticos fueron violados.
Lula, que siempre proclamó su inocencia, pero a quien con las acusaciones se le inhibió competir con el presidente Bolsonaro el 2018, hoy limpio y en dupla con el conservador Geraldo Alckmin, ancló su campaña a su legado de grandes éxitos económicos, sociales e internacionales y de estabilidad político-institucional y “acabar con la política irresponsable y criminal de este Gobierno, que pone en venta nuestras empresas estratégicas, daña el medio ambiente y destruye políticas públicas que cambiaron la vida de millones de brasileños”. De acuerdo a Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, “esta elección marca el momento más importante desde 1985 porque el peligro para la democracia brasileña aumentaría exponencialmente a partir de una reelección de Bolsonaro… (Él) ha desmentido a diario a los que esperaban que el ejercicio del cargo lo moderara. Si los brasileños le concedieran un segundo mandato, sería un aval para ampliar su agenda radical. Sus ataques a las instituciones son sistemáticos” (El País, 15/05/2022).
Bolsonaro, por su parte, en un claro anclaje religioso dice que esta es una batalla “entre el bien y el mal”, sin cambiar los principios de la campaña de 2018. Bolsonaro ganó esos comicios con un discurso antisistema y de combate en contra de la corrupción –no siempre coherente, como se aprecia en el aumento de la deforestación del Amazonas (DW, 22/09/2022)–; ha gobernado rodeado de evangélicos y militares (hay cerca de 10 ministros y 6.000 miembros de las FF.AA. en puestos públicos) y ha logrado mantener la imagen de político “limpio” pese a las sospechas de corrupción que salpican a sus hijos y aliados, y que ahora la Corte Suprema lo investiga por brindar declaraciones sin sustento sobre la pandemia y acerca del proceso electoral. Bolsonaro es un claro defensor de la dictadura militar y, por lo mismo, de muy bajos estándares democráticos. Para él no hubo golpe de Estado en 1964 en contra del presidente João Goulart.
La “palabra” de Bolsonaro se anclaba el 2018 a cinco máximas (BBC News Mundo, 02/01/2019) y que siguen presentes en la actual contienda: a) «Vamos a unir al pueblo, valorizar la familia, respetar las religiones y nuestra tradición judeo-cristiana, combatir la ideología de género, conservando nuestros valores»; b) «Este es el día en que el pueblo comenzó a liberarse del socialismo»; c) «Nuestra preocupación será la seguridad de las personas de bien, la garantía del derecho de propiedad y de la legítima defensa»; d) «(…) misión de restaurar y volver a erguir nuestra patria, liberándola definitivamente del yugo de la corrupción, la criminalidad, de la irresponsabilidad económica y la sumisión ideológica»; y e) «Acabar con el sesgo ideológico de las relaciones internacionales, que atienden intereses partidarios y no los de los brasileños».
El presidente ultraderechista ha intensificado su campaña en los últimos meses y días, aunque nunca paró de estar en campaña, imitando a otro liderazgo transaccional autoritario de derecha como lo es Donald Trump (este, al darle su apoyo para esta elección, lo llamó “el Trump tropical”). En esta lógica, por ejemplo, ha sembrado dudas sobre las urnas electrónicas usadas desde 1996 (el fantasma del fraude electoral) y, por lo mismo, ha surgido el temor de que plantee un desafío al estilo Donald Trump, con la gran diferencia de la solidez de las instituciones y de la democracia entre Estados Unidos y Brasil. Clarín (23/08/2022) plantea que “la cuarta democracia más grande del mundo se prepara para la posibilidad de que su presidente se niegue a renunciar debido a acusaciones de fraude que podrían ser difíciles de refutar”. Varios líderes empresariales aliados de Bolsonaro, incluyendo al multimillonario Luciano Hang, fueron allanados por la policía federal (23.08.2022), luego de que un medio local divulgara mensajes en los que discutían un eventual golpe si el mandatario derechista perdía las elecciones: Bolsonaro dijo, al respecto, que por poco los empresarios no fueron presos y que la investigación busca acallar a sus simpatizantes (DW, 26/08/2022).
En relación con la relevancia de las FF.AA., hay que recalcar que estas nunca se han ido de la escena política brasileña. Incluso más, a través de la Comisión de Transparencia de las Elecciones (CTE), organismo creado por el Tribunal Supremo Electoral para mejorar la transparencia y donde participan, se dieron el gusto de hacer una serie de recomendaciones rechazadas por el propio Tribunal. Como dice Pedro Brieger, director de Nodal, “no es casual que Lula haya mantenido contactos informales con la cúpula de las FF.AA. para comprobar si estas reconocerían su triunfo. Este hecho por sí solo habla a las claras de la importancia de las FF.AA.”. Recalca que estas “no fueron depuradas después de una dictadura de 21 años (…). Vale la pena recordar que en 2018, mientras Lula era candidato, amenazaron con un golpe de Estado si el Poder Judicial no lo enviaba a la cárcel” (Nodal, 13/05/2022). En todo caso, el ya citado diario Clarín expresa que “según entrevistas con más de 35 funcionarios de la administración de Bolsonaro, generales militares, jueces federales, autoridades electorales, miembros del Congreso y diplomáticos extranjeros, las personas en el poder en Brasil confían en que, si bien Bolsonaro podría cuestionar los resultados de las elecciones, carece de la capacidad institucional y apoyo para dar un golpe de Estado exitoso”.
En esta elección, entonces, se perfila un gran choque entre dos enormes fuerzas antagónicas, al decidirse si se retoma la senda de la normalidad democrática con fuerte sentido social, perdida en 2018 (con impacto positivo en la cooperación e integración regional) o se profundiza el giro hacia un autoritarismo mesiánico de extrema derecha, que comenzó con la elección del militar retirado. Hoy muchos brasileños añoran los años de 2003 a 2010 en que Lula gobernó en medio de un boom económico impulsado por altos precios de las materias primas y donde millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno. Por el bien de Brasil y la región, es de esperar que no haya hechos anormales y se produzca el retorno de Lula al Palacio de Planalto, como lo reflejan las últimas encuestas.
