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Crédito: Agencia UNO
El retiro del proyecto de hidrógeno verde Faro del Sur no solo causó preocupación en la Región de Magallanes, sino que abrió también un nuevo frente político entre Gobierno y oposición, debido a las señales que estaría entregando La Moneda a los inversionistas internacionales. Mientras tanto, se alzan voces que llaman a avanzar en una agenda legislativa que permita convertir al Estado en socio de estos proyectos de generación limpia, a efectos de acortar los tiempos de tramitación ambiental. “Lamentablemente veo que se nos está pasando el tiempo y no estamos aprovechando la oportunidad de tener las mejores condiciones para generar hidrógeno verde”, alerta Guido Girardi, vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, quien ve cómo Chile se farrea –a su juicio– una irrepetible oportunidad de cruzar el umbral del desarrollo. Sin embargo, desde el Gobierno desdramatizaron la situación, ya que el desistimiento específico de Faro del Sur sería más bien transitorio, al tiempo que destacaron el avance de otras iniciativas similares impulsadas por Corfo. “En lugar de hacer una autocrítica y reconocer alguna oportunidad de mejora en su trabajo, acusaron supuestas exigencias desmedidas”, señaló la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, ante las razones esgrimidas por la empresa titular del proyecto.
En una época de crisis como la que atravesamos, son importantes las señales que indiquen hacia dónde va el país. Y hasta ahora, las señales en materia de inversión no son del todo positivas frente a los oscuros nubarrones que asoman en el horizonte. El desarrollo del hidrógeno verde era, precisamente, uno de esos pocos signos esperanzadores que ayudaban a contrarrestar cierta idea de estancamiento y decadencia nacional que pesa sobre una ciudadanía fatigada por la crisis política, social y económica que afecta a Chile.
Por tal razón es que la “caída” del proyecto de hidrógeno verde Faro del Sur, de Enel Green Power Chile y Highly Innovative Fuels (HIF), que pretendía producir –en un predio de poco menos de 4 mil hectáreas situado en la comuna de Punta Arenas– alrededor de 25 mil toneladas de hidrógeno verde por año, provocó estupor no solo entre la comunidad local y en los ámbitos científico y empresarial, sino que abrió además un nuevo frente en lo político, ya que en la oposición –y también en una parte del oficialismo– cunde la idea de que este Gobierno no ha tomado conciencia del complejo panorama económico ni de la “farra histórica” que supone fracasar en el desarrollo de este combustible.
El consorcio que se adjudicó el proyecto de Corfo recibió cerca de 17 millones de dólares para la producción del combustible, lo que se obtendría por medio de generación de energía eólica y la instalación de electrolizadores por una capacidad aproximada de 240 megavatios. Parecía que todo iba sobre ruedas, pero el titular decidió desistir de la tramitación sin siquiera tener a la vista “cuál era exactamente la información relevante y esencial que no estaba disponible en su proyecto y que hacía recomendable devolver los antecedentes para mejorar el proyecto e ingresar de nuevo”, explica Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
“En lugar de ello prefirieron retirar su proyecto con una declaración pública, en la que, en lugar de hacer una autocrítica y reconocer alguna oportunidad de mejora en su trabajo, acusaron supuestas exigencias desmedidas. Debo reiterar que este proyecto no está rechazado. El titular tiene la opción de mejorar la iniciativa e ingresar de nuevo. En ese sentido, quisiera desdramatizar esta situación”, agrega Durán, quien opta así por salir al paso de una versión instalada por el titular, que justificó el retiro del proyecto por haber exigencias que, a juicio de sus gestores, “sobrepasan el estándar habitual, dado que se entregaron todos los antecedentes exigidos por la normativa”.
Se comenta que la decisión se adoptó debido a las críticas de grupos ambientalistas y científicos hacia un Estudio de Impacto Ambiental calificado de “deficiente”, en particular en lo que referido a los riesgos que implica la operación de 65 aerogeneradores de tres aspas para la avifauna del lugar, específicamente para tres especies en peligro (el canquén dorado, el chorlo magallánico y el playero ártico) y una que es considerada monumento natural (el cóndor).
No obstante esta aclaración, en Magallanes hay preocupación por la “caída” del proyecto. Incluso fue muy comentado el mensaje del padre del Presidente Gabriel Boric, quien expresaba su extrañeza por exigencias ambientales que le parecían algo excesivas. Sus palabras parecían alinearse así con el comunicado de la empresa. “Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse; no se justifica ir más allá de dicha normativa», señaló el progenitor del Mandatario a través de Twitter.
“Es preocupante lo ocurrido con el desistimiento de evaluación ambiental por parte de HIF”, sostiene por su parte el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies. La autoridad regional indica que le preocupó más el tono de la carta que remitió la empresa para aclarar las razones de su desistimiento, “la cual dejaba entrever solicitudes discrecionales por parte de los organismos del Estado, situación que no es posible confirmar debido al retiro del documento”, añade.
Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA.
Reconoce que la iniciativa había ilusionado a una parte importante de la población residente en la zona del estrecho, donde se empieza a temer que la política nuevamente se muestre estéril en la búsqueda de alternativas que permitan recuperarlo y ponerlo en marcha. Hondo había calado el mensaje de Corfo ante la necesidad que tiene Chile de montarse –al menos por una vez en la historia– a lomos de un desarrollo tecnológico de punta que contribuya a un progreso global sostenible, que era más o menos la promesa subyacente en la adjudicación del proyecto.
Sin embargo, el gobernador regional se manifiesta con la fe intacta en orden a que “esta y otras empresas reingresarán sus proyectos a evaluación ambiental”, al tiempo que pide no especular mucho sobre las razones ni dramatizar un retiro que –confía– sea solo transitorio. “Es frecuente que existan observaciones a lo presentado, lo que luego debe ser corregido o complementado en el período de Estudio de Impacto Ambiental”, afirma.
El senador RN e integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, Kenneth Pugh, afirma que la noticia respecto a la “caída” del proyecto Faro del Sur genera mucha preocupación, toda vez que “marca un precedente negativo para la atracción de inversión y realización de este tipo de proyectos. En un mundo donde las energías renovables no convencionales constituyen precisamente una solución universalmente aceptada para enfrentar el cambio climático y buscar el desarrollo sustentable, nosotros estamos tomando decisiones que atacan este tipo de iniciativas”. Y añade, tajante: “Tenemos entonces un problema, porque no queremos centrales de carbón o combustibles fósiles, pero tampoco queremos parques eólicos o hidrógeno verde; ¿qué queremos entonces?, ¿en qué estamos?”.
Sin embargo, la Seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Daniela Droguett, refuerza la postura del Gobierno en orden a que, en este caso, como en todos los demás, la Secretaría Regional Ministerial simplemente se ciñó a la ley, y que el desistimiento –acción que, enfatizan, se tomó sin esperar a conocer la resolución del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental– bien puede ser un reconocimiento de que la documentación contenía información insuficiente en relación con la línea base de fauna. “Tampoco existía claridad respecto a algunos componentes paleontológicos, arqueológicos y de patrimonio cultural”, puntualiza Droguett.
“Vemos en el hidrógeno verde una oportunidad que contribuirá a descarbonizar la matriz energética y mitigar el cambio climático y al desarrollo económico de nuestra región. Sin embargo, queremos que esta industria se despliegue en forma ordenada, planificada, propiciando el desarrollo local y con una mirada sistémica, que considere los impactos que tendrá no solo en términos económicos, sino que sociales, culturales y medioambientales”, agrega.
Por de pronto, la titular de la Seremi del Medio Ambiente insiste en que “el proyecto no fue rechazado como se ha dicho solamente”, sino que “se observaron y entregaron las indicaciones para que este estudio mejore y nos entregue certezas ambientales para que su desarrollo sea sustentable y sostenible en el tiempo”. Daniela Droguett incluso va más allá y expresa su interés por “colaborar y acompañar estos procesos”. Y precisa lo siguiente: “La empresa puede volver a presentar el estudio una vez que haya subsanado las observaciones”.
El exsenador Guido Girardi, vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro e impulsor de Congreso Futuro –el principal espacio anual de reflexión científica y tecnológica que existe en Chile–, no esconde su congoja por esta decisión que, a su juicio, desconcierta a los inversionistas interesados en innovar dentro de nuestras fronteras y posibilitar las tan deseadas transferencias tecnológicas que necesita nuestra matriz productiva.
Reconoce que su afirmación con tono de ultimátum (casi de amenaza) puede sonar exagerada, pero sin duda no lo es: este sería –a su parecer– el último tren que tiene Chile para avanzar hacia eso que llamamos “desarrollo”, que es la condición que ostentan los países en los que existe una educación de calidad, salud y vejez digna.
Guido Girardi, vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro.
“Chile está en un punto crucial”, recalca el exlegislador. “Por razones del destino, vocaciones territoriales clave para el desarrollo de la humanidad. Así como la península arábiga fue clave para la segunda ola industrial cuando el mundo necesitaba petróleo, Chile puede hacer otro tanto para enfrentar la mayor crisis que enfrentan la humanidad y el planeta: el cambio climático. Ya estamos en una sexta extinción”, subraya, recordando asimismo que hay una transición eléctrica en marcha y cuyo horizonte es a 25 años.
“O sea, ahora mismo. Lamentablemente veo que se nos está pasando el tiempo y no estamos aprovechando la oportunidad de tener las mejores condiciones para generar hidrógeno verde, para participar en la generación de baterías de litio, al que le queda poco tiempo; también para producir el cobre que van a requerir los camiones, los buses, los trenes, los barcos… la Inteligencia Artificial necesita energías limpias, y la nube y los data centers ya están en Chile. El mundo necesita hidrógeno a partir de 2025”, declara Girardi, quien cree que “nos estamos farreando una oportunidad gigantesca”, ya que en general las empresas tardan hasta 12 años en la tramitación de los permisos que permiten erigir proyectos vinculados con la energía.
«Hay que decirlo: esto sería una farra histórica», asegura el exlegislador, quien pone énfasis en que «hay que avanzar en esto y en echar a andar ya el Instituto de Energías Limpias otorgando la licitación al consorcio de las universidades nacionales, que tenía la mejor evaluación técnica. Lamentablemente, el Gobierno del Presidente Piñera realizó una maniobra para entregar la licitación y fondos por más de 190 millones de dólares a un consorcio integrado por universidades norteamericanas y universidades privadas locales vinculadas a políticos de su sector».
“Cuando una empresa viene a Chile, demora entre 6 y 8 años en la aprobación ambiental de su proyecto de generación renovable. Es una señal muy errática”, puntualiza. He ahí el origen de su propuesta: que el Estado asuma un rol más activo, incluso en calidad de socio, a fin de agilizar la tramitación de los permisos. “Las energías solares, eólica y el hidrógeno verde deben ser declarados recursos estratégicos, y el Estado debe identificar los terrenos, realizar los estudios de irradiación social y geológicos», señala, y avanzar mientras tanto en los Estudios de Impacto Ambiental y de Consulta Indígena para “liberar a los empresarios de la burocracia”.
“Si lo logramos, los tiempos podrían reducirse a dos o tres años de tramitación. Tenemos que desarrollar todos estos proyectos energéticos antes de 2035, si no, será demasiado tarde, y Chile se habrá farreado un negocio que podría generar más que todo el PIB de Chile”, añade.
El senador Pugh coincide con Girardi en orden a que “las alianzas entre los privados y el Estado en temas estratégicos permiten concretar este tipo de desarrollos y volverlos más eficientes. Para eso hay que dejar de lado las preconcepciones y los prejuicios infundados. Las empresas tienen la capacidad, la logística y la disposición, y el Estado tiene las herramientas jurídicas e institucionales, ¿por qué no podemos avanzar entonces?”, se pregunta el legislador.
Pero en el mundo ambientalista surgen las dudas, ya que –afirman– no es raro que en un país como Chile los titulares de los proyectos suelan ser poco rigurosos en la entrega de información o que derechamente abusen de un recurso que lleva impresa una actitud desaprensiva y displicente ante los ecosistemas que quieren intervenir: el ya clásico “copiar y pegar” en los informes requeridos por la autoridad, un vicio que entre los ambientalistas se considera generalizado y que bien podría agravarse si el Estado se constituye en corresponsable o socio de una iniciativa de este tipo.
Hay, en consecuencia, muchas decisiones políticas pendientes de adoptar tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. No obstante que en este minuto todas las miradas apuntan al Ministerio del Medio Ambiente, cartera que tiene mucho que decir en lo que respecta al diseño de las políticas que harían posible este cambio de rol por parte del Estado, los asesores de la ministra Maisa Rojas declinaron participar en una discusión política y a responder a los cuestionamientos que formulan actores políticos clave en esta discusión.
Sí lo hizo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a través de su directora ejecutiva, Valentina Durán, quien destaca el compromiso adoptado por el Presidente Boric en orden a que el cuidado del medio ambiente “es una condición necesaria para el desarrollo sustentable de Chile”, y que “los proyectos son evaluados con igual rigor, ya sea que sus titulares sean inversionistas privados o públicos, o consorcios”, descartando, así, que un eventual cambio en el nivel de participación del Estado pueda suponer siquiera un relajamiento de las normas.
“En virtud de lo anterior, el llamado es a que los titulares de todos los proyectos, incluidos aquellos importantes para la descarbonización, como son los de hidrógeno verde, sean robustos técnicamente, se apoyen en los mejores estudios y que se vinculen con las comunidades de manera temprana”, señala.
“En el Servicio de Evaluación Ambiental sabemos que las empresas requieren certezas acerca de qué estándares se les van a exigir y, por lo mismo, nos encontramos trabajando en el desarrollo de criterios y guías de evaluación que servirán específicamente para esta industria. La misma confianza requiere la ciudadanía que aspira a que se autoricen proyectos que traigan inversión al tiempo que respeten el medio ambiente. Como parte de la institucionalidad ambiental estamos abiertos al diálogo y ofreciendo permanentes cursos abiertos y gratuitos, para dar a conocer nuestras guías, criterios e instructivos”, agrega la directora ejecutiva del SEA.
Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo e integrante del Panel de Naciones Unidas para el Cambio Climático, coincide en que el país tiene una oportunidad, pues “tiene costos bajos de electricidad que nos da una ventaja comparativa a nivel de producción, porque esta se requiere para producirlo. Sin embargo, no tenemos la infraestructura logística para exportarlo. Sin embargo, sí poseemos la infraestructura para combustibles. Si es así, entonces podríamos hacer efuels”.
Desde Corfo piden mantener la calma, ya que la institución “ha firmado un convenio de cofinanciamiento para el desarrollo de cinco proyectos de hidrógeno verde que deben estar produciendo a diciembre de 2025”, sostiene Ana María Ruz, secretaria ejecutiva del Comité para el Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde (H2V). “El aporte de Corfo opera contra reembolso y, una vez que estén operando, se deben reembolsar los costos de electrolizadores y sus sistemas auxiliares”, añade.
“El Comité para el Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde es una instancia de Corfo cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de la industria sustentable en Chile y está presidido por el ministro de Energía y compuesto por otros 11 ministerios, además de Corfo. El trabajo del Comité responde a la Estrategia del Ministerio de Energía y se plantea en etapas: uso de hidrógeno verde en la demanda nacional, el uso de hidrógeno verde en industrias altamente intensivas en consumo de energía y, posteriormente, exportación”, indica Ruz.
En tanto, el gobernador Jorge Flies, siempre optimista, convencido de la necesidad de impulsar la producción de hidrógeno verde, señala que él mismo está asumiendo la tarea de acompañar a las compañías interesadas, al punto que “el gobierno de Magallanes hoy lidera la Mesa de Hidrógeno Verde que se está trabajando, en ruta con varios temas de impacto de esta nueva industria en la región, y complementará estudios independientes a los presentados por las empresas”, sostiene.
