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Tras tres años de investigación –tiempo en el que estuvo en prisión preventiva–, el constructor civil Harry Prado Arrué fue condenado a 18 años de cárcel como coautor del asesinato del cabo Oscar Galindo Saravia. Sin embargo, nueva evidencia sugiere que parte de las pruebas incriminatorias habrían sido falsificadas. Tres peritajes privados más uno de la PDI dan cuenta de ello y dieron paso a querellas –presentadas hace un año y medio– por falsificación de instrumento público contra el fiscal que hizo la investigación y tres funcionarios del OS9 de Carabineros. El caso contra el fiscal fue cerrado y hoy la defensa está a la espera de que el tribunal decida su reapertura. Mientras la causa contra los carabineros sigue en investigación.
El próximo 25 de diciembre será la quinta Navidad que el constructor civil Harry Prado Arrué (36) pasará lejos de sus hijas, de su familia. De hecho, la menor de 4 años aún no había nacido el día en que la vida de su padre dio un giro inesperado.
La mañana del 7 de junio de 2018, Prado Arrué fue detenido por su presunta participación –el día anterior– en un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales en La Pintana. Situación en la que resultó asesinado el cabo Oscar Galindo Saravia.
Su detención e imputación se basó en el reconocimiento, por parte de la víctima y blanco del tiroteo, Brayan Alvial Pozo, a través de un set de fotografías que le mostró Carabineros. Hecho que más adelante Alvial Pozo negó. Además, aseguró nunca haber reconocido a Prado Arrué y jamás haber firmado el acta de reconocimiento. El problema es que todo esto lo hizo de manera informal, nunca realizó una declaración oficial, simplemente desapareció sin volver a aparecer. Su rastro está perdido hasta hoy.
Buscando evidencia, se encargaron tres peritajes con distintos especialistas. Todos concluyeron que las firmas eran falsas. O sea, el testigo nunca confirmó el reconocimiento de Harry Prado en la escena del crimen. Con estas pruebas y otros testimonios se presentó una querella –el 8 de marzo de 2021– contra quienes resulten responsables del delito de falsificación de instrumento público. Los querellantes son Harry Prado y Pablo Soto Maturana, también condenado como coautor por el asesinato del cabo Galindo y cuya firma en el acta de reconocimiento que lo sitúa en la escena tampoco es legítima.
A cargo de la investigación quedó eliscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente,Felipe Sepúlveda. Las indagaciones lo llevaron a imputar al fiscal adjunto de la Fiscalía de Delitos Violentos de la Región Metropolitana Sur, Rodrigo Chinchón Soto, a cargo del caso cabo Galindo, y los carabineros del OS9 Rodrigo Molina Trujillos, Julio Muñoz Astete y Melanie Ortega Meza, quienes tomaron la declaración del testigo y habrían realizado la rueda de reconocimiento con fotografías del kardex policial. La querella fue dividida en dos: una en contra de los carabineros y otra en contra del fiscal. Esta última fue cerrada, pero hoy hay una solicitud de reapertura –que debe ser revisada– por parte de los querellantes. La causa contra los carabineros sigue en investigación.
Todo comenzó el 6 de junio de 2018. Cuando los carabineros Carlos Bravo y Oscar Galindo aparecieron de improviso en un pasaje de La Pintana en el momento justo en que un trío de la banda “Los cogote de toro” atacaba al miembro de «Los risas», Brayan Alvial Pozo, que resultó herido y huyó del lugar.
En un comienzo Carabineros pensó que Alvial era parte de los atacantes y lo detuvo como sospechoso. En ese trámite Brayan Alvial aseguró –según el sicólogo de víctimas y testigos Raúl Carvacho, quien estaba en la toma de declaración junto al fiscal Chinchón– que sufrió apremios ilegítimos para confesar.
Sin embargo, luego de que se determinara que Bryan Alvial era la víctima y no el victimario –según aparece en la investigación–, se convirtió en el testigo clave que reconoce a través de fotografías a Harry Prado y a Pablo Soto en el lugar de los hechos.
Al día siguiente del tiroteo, el autor confeso del crimen, Daniel Rojas Yáñez (alias Danielito), se entregó a la PDI. En su celular incautado aparecían los registros fotográficos de quienes estaban con él ese día y a quien Rojas Yáñez individualizó como acompañantes: Diego Salvo Cereceda y Cristopher Morel Vásquez. “Estos coautores jamás han sido investigados”, dice la abogada de Harry Prado, Claudia Tello.
Para individualizar a más participantes en el crimen junto a Danielito, Carabineros buscó delitos asociados.
Harry Prado había conocido a Danielito a través de un sobrino, tenían conocidos en común. Y habían sido detenidos juntos en un control de tránsito varios años antes. Además, Prado contaba con una condena menor en 2006. Estos datos los incluyeron en el set fotográfico de sospechosos.
La querella por falsificación de instrumento público contra quienes resulten responsables, señala que durante el desarrollo de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur, Prado solicitó a través de su defensa, en varias ocasiones, diligencia de reconocimiento en rueda de presos, considerando que solo una persona lo habría reconocido a través de set fotográfico y esta lo había hecho frente a dos funcionarios policiales en las dependencias del OS9 (Exequiel Fernández, N° 1153, Ñuñoa). “Mi petición de que la víctima testigo B.A.A.P. (Brayan Alvial) participara en una diligencia de reconocimiento, nunca se llevó a cabo”, señala.
Durante el juicio oral, la víctima referida fue presentada por el fiscal, pero indicó que no deseaba prestar declaración por su seguridad. “Su testimonio era mi única esperanza de que pudiese observarme directamente y aclarar que no tuve participación en los hechos que se me imputan”, agrega Prado.
En el escrito queda estampado que, a través de un compañero de módulo de reclusión, cuya abogada defensora era la misma que representaba a Alvial, le había manifestado su interés por conversar con él. “La profesional Jeanette Cofré Soto lo visitó el sábado 16 de enero de 2021. Entonces le dijo que si bien su defendido, no había prestado declaración en juicio, le constaba que las firmas de las actas de los reconocimientos realizados ante personal de carabineros el día 6 de junio de 2018, eran falsas ya que éste le manifestó que jamás las había firmado. Ese mismo día, le expliqué a la profesional que mi defensa también lo presentaría como prueba testimonial en su etapa de prueba y que mi único deseo era que pudiese verme ya que yo tenía la certeza de que podría aclarar que yo jamás estuve en el lugar de los hechos”, señala Harry Prado en la querella.
Esto no fue posible, debido a que Alvial no fue habido. Igualmente, la defensora Jeanette Cofré Soto, según figura en el expediente, habría confirmado al amigo de la familia, Aníbal González Terán, que las firmas de las actas de reconocimiento no fueron firmadas por Alvial Pozo y que dicha circunstancia era conocida por el fiscal Rodrigo Chinchón Soto, ya que su cliente lo habría señalado frente a ella.
“Es dable señalar que las actas que B.A.A.P. no habría firmado y que presuntamente fueron falsificadas, corresponden a los reconocimientos de mi persona y de los coimputados Pablo Soto Maturana y Daniel Rojas. Estos se llevaron a cabo el día 6 de junio de 2018 por el funcionario diligenciador cabo Julio Muñoz Astete y funcionario testigo Cabo 1° Melanie Ortega Meza, en la unidad de Carabineros de Chile Dirección investigación criminal Depto. Invet. de Org. Criminal, ubicada en la comuna de Ñuñoa”, estipula la querella.
“Cuando el juicio comenzó, desconocíamos que las firmas, tanto del acta de reconocimiento como de las declaraciones eran falsas. Para hacer el peritaje recorrimos el portal del Poder Judicial buscando firmas de Bryan Alvial para cotejar. Afortunadamente era una víctima con hartas causas y en el sistema constaban varios patrocinios que tenían su firma real estampada”, explica Claudia Tello.
El primer análisis lo hizo la perito Marcela Meza Navarrete, que concluyó que “la firma del acta de reconocimiento tiene grandes probabilidades de no pertenecer a la autoría…”.
El segundo peritaje, estuvo a cargo del perito en documentoscopía Rodolfo Sáez Muñoz, quien apuntó que no venía de la mano de Brayan Alvial.
El tercer informe pericial caligráfico lo hizo Miguel Angel Acuña, quien señaló que la firma no pertenecía al acusado. Con eso presentaron la querella por falsificación.
En la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Oriente, el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI confirmó en peritaje que la firma de Brayan Alvial es falsa. Pero surgió algo más: tras periciar los documentos se concluyó que la firma del acta de reconocimiento del otro condenado como coautor, Pablo Soto, también es falsa.
Tras tres años de investigación, Prado Arrué fue condenado a 18 años de cárcel.
En la condena los jueces valoraron la prueba de reconocimiento por parte de Brayan Alvial y la presencia de bario en las manos de Prado. Un peritaje que la defensa cuestiona con pesquisas propias. “Cuando se efectúa un disparo quedan trazas de bario, antimonio y plomo. Esta combinación debe estar presente para confirmar un disparo”, explica Tello.
Según el expediente, el perito Rodrigo Marcos determinó que, si bien “en ambas palmas mantenía niveles de bario, estos no satisfacen el estándar científico para la detección de residuos de disparo”.
El peritaje elaborado por Labocar arrojó positivo para bario, pero negativo para plomo y antimonio. La defensa de Prado Arrué alegó que el bario se explica por el trabajo de construcción del acusado. Además, como prueba agregó “que el constructor civil mantenía contratos por obras de más de mil millones de pesos. No necesitaba delinquir. De hecho, siempre cooperó, entregó sin restricciones su celular y computadores para pericias. Su coartada fue estar jugando un videojuego en línea en su casa, pero no fue considerada porque –según el fiscal Chinchón–cualquiera podría haber estado usando la cuenta online”, añade la abogada.
Otro punto, que señala la abogada, es que el carabinero activo Carlos Bravo –que acompañaba al cabo Galindo– “nunca identificó a Harry en el set fotográfico y menos en el juicio. Sin embargo, la sentencia de los jueces del Sexto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, María Rojas Contreras, Macarena Rubilar Navarrete y Julio Castillo Urra, consignó todo lo contrario”.
Desde la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solo respondieron que la investigación sigue desarrollándose.
