¿Acuerdo o cerrojo para los pueblos indígenas?

¿Fue el acuerdo beneficioso representativamente para los pueblos indígenas? ¿Cuántos escaños sacarían con el nuevo acuerdo? ¿En qué puede afectarnos esto como país? Analicemos.

Al ver el proceso anterior observamos que existió una amplia representación y participación política indígena, contando con 17 convencionales electos por escaños reservados, donde no solamente contaron con al menos un representante por pueblo originario, sino que incluso una representante (Elisa Loncón) fue la presidenta electa por el primer período. Esto se vio reforzado también en el texto, el cual claramente tuvo una influencia de los pueblos indígenas, quienes lograron plasmar ciertas demandas/criterios al texto mismo.

Independiente de la mirada que se tenga del proceso constitucional anterior, resulta destacable en términos democráticos esta amplia representación y participación indígena, especialmente en un país donde la participación y representación electoral de los pueblos indígenas ha sido históricamente baja. Por el otro lado, el actual acuerdo parece constituir todo lo contrario al anterior, disminuyendo de forma significativa la representación que puedan eventualmente obtener. Esto es debido justamente al acuerdo de escaños reservados que se realizó en el denominado “Acuerdo por Chile”, fijando esta vez un porcentaje necesario de participación electoral para fijar el número de escaños reservados que se entregará.

Primero, los votos indígenas se sumarán al total de votos válidamente emitidos a nivel nacional, si esa suma, representa un 1,5% de los votos, sumaría un escaño. Ya después de pasar este umbral, los pueblos indígenas deberán ir sumando 2% para poder sumar otro escaño a su representación, por lo que, si consiguieran, por ejemplo, un 5,5% de los votos, tendrían 3 escaños reservados.

El problema de esta fórmula es la histórica baja participación electoral indígena que existe en el país. Esto también se debe a la histórica desventaja estructural que posee el pueblo Mapuche, siendo vulnerados por el Estado chileno en diversas ocasiones. Específicamente al ser arrebatados de sus tierras, estos han perdido oportunidades de desarrollo, las cuales han impactado en la misma sociedad indígena de forma negativa, no solamente en sus condiciones socioeconómicas, sino también generando una pérdida de confianza hacia el sistema político chileno, ya que históricamente nunca ha logrado el incluir a los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Algunos estudios muestran la realidad de esta desconfianza, por ejemplo, Salomón (Salomón, 2020) observa cómo dentro del pueblo Mapuche algunos ni siquiera apoyan la participación institucional de los pueblos indígenas como representantes, considerándolo una traición.

Justamente por esta desigualdad histórica se hace imperante el establecer mecanismos que promuevan la participación y representación política indígena. Si pensamos en la anterior elección de convencionales, la participación electoral indígena fueron 262.991 votos, lo cual constituye solamente un 4,4% del padrón electoral que votó efectivamente en esa votación.

Por lo que en esta ocasión con esos mismos números tendrían solamente 2 escaños, comparados con los 17 que obtuvieron la vez anterior. Esto podría agravarse, porque todavía no sabemos el efecto que puede tener el voto obligatorio, pudiendo aumentar la votación general y por tanto aumentar el umbral de votos necesarios para conseguir mayores escaños en el Consejo Constitucional. De hecho, en el plebiscito de salida (con voto obligatorio), fueron 12.750.518 votos, lo cual aumentaría la cantidad de votos necesarios para conseguir representación, donde en este caso los 262.991 votos equivaldrían a un 2%, consiguiendo solamente un escaño. La cantidad de escaños también dependerá de la participación electoral indígena, la cual también puede variar con el voto obligatorio. Sin embargo, está claro que la cantidad de escaños será bastante menor al proceso anterior.

Es importante mencionar que la legitimidad del proceso resulta dudosa cuando nuestros pueblos originarios están excluidos, resultando una problemática para los indígenas a nivel nacional. El filósofo político Kymlicka explica que la representación política resulta importante para proteger a los pueblos indígenas de presiones políticas y económicas ejercidas por la mayoría (Kymlicka, 1996), porque obviamente, sin representantes en una democracia que funciona a base de la representación, no resulta fácil expresar su opinión. También puede ser especialmente grave dada la existencia del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, el cual justamente tiene como problemática central una desconfianza hacia el Estado. 

Pero sobre todo, lo que nos debería preocupar a todos por igual, es la importancia que tiene la representación indígena para la democracia, donde la ausencia de minorías visiblemente indígenas puede entenderse como una disfunción del sistema político y electoral de un país (Bird, 2005), algo que justamente como se ha visto en encuestas y en la política del país, ya está en mayores dudas, existiendo una crítica cada vez más generalizada al sistema político, tanto de parte de los sectores de derecha como de izquierda.

Por lo tanto, se deben (al menos) generar espacios de participación indígena durante el periodo que trabaje el consejo constitucional, ya sea a través de iniciativas populares de norma o jornadas territoriales de participación. Ojalá algo sirva la participación para mermar la poca representación que probablemente posean los pueblos indígenas, porque realmente sería muy negativo para el país una baja participación y representación indígena en este proceso constitucional.