Textos escolares: FNE confirma las fallas del mercado y lanza propuestas para conseguir «rebajas sustantivas» de los precios

El pasado 30 de octubre del 2018, la Fiscalía Nacional Económica anunció que supervisará el mercado de los textos escolares. Casi 6 meses después, presentó su informe preliminar, señalando que ve fallas en el negocio.

Eso es lo que indica la conclusión a la que llegó la FNE, pero también tiene su lado positivo: es susceptible de mejoras. Por ello, se entregaron algunas propuestas para elevar el estándar competitivo del mismo, relacionado, entre otros puntos, con la entrada de más actores.

Así explicó esto el informe de la FNE: “Existen espacios tanto en el mercado estatal como privado de textos escolares que no se encuentran funcionando correctamente desde el punto de vista de la competencia», lo que provocaría que las condiciones de mercados no sean óptimas.

Esto fue reafirmado, en entrevista con el diario La Tercera, por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien indicó que “nos encontramos con un segmento con menos competencia de la esperada y con precios muy diferentes entre el mercado público y el privado. Este informe aporta con un diagnóstico claro y con recomendaciones sencillas de implementar que estimamos podrían impactar en productos de mejor calidad a menor precio, tanto para el Estado como para las familias que tienen que adquirir estos bienes”.

Entre las recomendaciones que la FNE entregó se encuentra, precisamente, mejorar la licitación pública, para que entren más actores al mercado y se puedan bajar los precios de los textos. Se estima que el paquete de medidas enfocado en el sector público puede traducirse en un ahorro de entre 20% y 30% en la impresión de los textos y que las propuestas planteadas para el sector privado generarían una caída de 25% en el precio de los libros en el corto plazo y de hasta 70% en el largo plazo.

Esto se traduce en que una familia podría ahorrar alrededor de $ 87 mil por cada hijo en edad escolar al año. Si se considera tanto el segmento público como el privado, el país gastaría entre US$ 5,6 millones y US$ 19,4 millones.

También plantean mejoras al mercado privado, como que los mismos colegios adquieran textos como un insumo más del servicio educacional que proveen. En ese sentido, recomiendan establecer  la obligación de informar y justificar a los apoderados, mediante una comunicación estándar, las decisiones tomadas en la elección de los textos escolares.

Este es el tercer estudio de mercado que publica la Fiscalía, luego de que en la última modificación legal realizada al Decreto Ley 211, se le confiriera la facultad de desarrollar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados. El primer estudio fue uno del mercado de las Rentas Vitalicias y el segundo abordó el mercado de notarios.