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En el transcurso del primer semestre de este año, nueve proyectos salmoneros ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) buscando emplazarse en las aguas que conforman la reserva. De esos 9, seis corresponden a relocalizaciones provenientes desde el Parque Nacional Alberto de Agostini, pertenecientes a la empresa Nova Austral S.A., las cuales fueron ingresadas a trámite entre abril y julio de este año.
Tras el impacto provocado por la denuncia de El Mostrador sobre la adulteración de la salmonera Nova Austral en los reportes de mortalidad de sus centros en la Región de Magallanes, ya hay acciones concretas contra la compañía de capitales noruegos: el pasado jueves, la entidad fiscalizadora, Sernapesca, determinó suspenderle la certificación de centros de cultivo libres del uso de antimicrobianos.
Mientras tanto, la empresa sigue operando. Y su siguiente paso es abandonar el Parque Nacional Alberto de Agostini, pero no se irían de la zona, sino que ahora buscan emplazarse en la Reserva Nacional Kawésqar, la última área protegida concretada en el marco de la creación de la Red de Parques de la Patagonia.
En el transcurso del primer semestre de este año, nueve proyectos salmoneros ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) buscando emplazarse en las aguas que conforman la reserva. De esos 9, seis corresponden a relocalizaciones provenientes desde el Parque Nacional Alberto de Agostini, pertenecientes a la empresa Nova Austral S.A., las cuales fueron ingresadas a trámite entre abril y julio de este año.
Según los requerimientos, denunciados por la Fundación Terram, la empresa instalaría 112 balsas jaulas para el cultivo de salmones, lo que representaría la producción aproximada de 53.000 toneladas de peces. Esta acusación se suma a la que la ONG nacional realizó el 14 de marzo de este año, cuando advirtió sobre los tres primeros proyectos acuícolas ingresados al SEIA que incumplían algunas exigencias ambientales.
Sumando las nueve concesiones ingresadas en el primer semestre de 2019, se observa que en un futuro las aguas recientemente protegidas de Kawésqar deberán soportar un total de 196 balsas jaulas y la producción total de 75.600 toneladas de salmones.
Estas relocalizaciones estarían llevándose a cabo de manera voluntaria por parte de la empresa, y el lugar de destino, la Isla Clarence, fue propuesto por la propia Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), sin tomar en cuenta dos factores determinantes en la protección de las aguas circundantes al Parque Nacional Kawésqar, faltas que Fundación Terram puso en evidencia al manifestar su preocupación anteriormente y la cual reitera ante el ingreso de estos nuevos proyectos de relocalización y fusión al SEIA.
“Las relocalizaciones no cumplen con las exigencias de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual establece que los proyectos que se instalen en áreas protegidas deben ingresar a través de Estudio de Impacto Ambiental; pero que de todas maneras fueron aceptados a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)” señala Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram.
En ese sentido, Nova Austral estaría haciendo caso omiso a lo dicho en el año 2013 por la Contraloría, quienes a través del dictamen N°38.429, habían dicho que no era posible el desarrollo de actividades acuícolas al interior de Parques Nacionales. En ese tiempo, la misma Nova Austral fue una de las empresas que alegó en contra de la medida, argumentando que el desarrollo de esta actividad era admisible en el área protegida Parque Nacional Alberto de Agostini.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, señala que «nos parece una contradicción tremenda que el gobierno acepte que se relocalicen concesiones que estaban en un área protegida, trasladándolas a otra, esto no tiene ningún sentido. Como todos sabemos, la industria salmonera opera con bajos estándares ambientales y, por tanto, al ubicarse en aguas prístinas ya sea de Parques Nacionales o en la Reserva Nacional Kawésqar, generará un impacto negativo en ese ecosistema».
“Las relocalizaciones no cumplen con las exigencias de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual establece que los proyectos que se instalen en áreas protegidas deben ingresar a través de Estudio de Impacto Ambiental; pero que de todas maneras fueron aceptados a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)” señala Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram.
