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Crédito: Aton
El documento de 10 páginas sostiene en primer lugar que «tal estallido mezcló dos elementos: Inusitada y desconocida violencia, cuya más clara expresión fue la destrucción de varias estaciones y carros del Metro en Santiago y manifestaciones de protesta pacíficas, que en algunos casos fueron multitudinarias».
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand entregó una minuta a las distintas embajadas con la versón oficial sobre el estallido social y el plebiscito.
El documento de 10 páginas sostiene en primer lugar que «tal estallido mezcló dos elementos: Inusitada y desconocida violencia, cuya más clara expresión fue la destrucción de varias estaciones y carros del Metro en Santiago y manifestaciones de protesta pacíficas, que en algunos casos fueron multitudinarias».
«El estallido evolucionó hacia una crisis política, que se encauzó a través de un acuerdo, a requerimiento del Presidente de la República, Sebastián Piñera, alcanzado por todas las fuerzas políticas -con la sola excepción del Partido Comunista- para convocar a un plebiscito y redactar una nueva Constitución», dice a renglón seguido.
En el según capítulo del informe, titulado «El convulsionado 2019», se plantea que «muchos se sorprendieron cuando el año pasado Chile vivió jornadas de protesta e inusual violencia. No hay duda que en ese fenómeno influyeron factores tales como la mala distribución del ingreso, las bajas pensiones y las deficiencias del sistema de salud público».
«Sin embargo, no se ha reparado que incluso los países de trayectoria exitosa no son inmunes a la protesta social. Sin ir más lejos, la “Primavera Árabe” tuvo su origen en Túnez, el país de más alto desarrollo del Norte de África. Tampoco se ha destacado que el 2019 se caracterizó por dar lugar a un movimiento global de protesta», agrega el documento.
«Más aún, muchas de las causas globales del malestar estuvieron muy presentes en Chile. De acuerdo al Informe, la
conexión a internet es “probablemente el mayor facilitador de la protesta social”, y la “percepción, no necesariamente la evidencia empírica” de la “desigualdad es quizás el más importante indicador de la potencial inestabilidad política».
En el capítulo 3 del informe, el Gobierno explicó que en medio del estallido social, se optó por una alternativa democrática. «A fines de octubre está previsto un plebiscito que puede dar origen a una Convención encargada de redactar una nueva Constitución. De lo contrario, el cambio constitucional deberá tener lugar en el Congreso Nacional».
Seguidamente, se hace referencia a los diferentes procesos electorales que tendrán lugar el próximo año, como la eventual elección de constituyentes, así como las votaciones para elegir gobiernos locales y regionales, como la elección presidencial que tendrá lugar a finales de 2021.
En ese sentido, destaca el documento que «el desafío de Chile es encauzar su proceso político en un ambiente de normalidad y paz social».
«En cualquier caso, el factor de mayor complejidad en el actual escenario es el resurgimiento de la violencia a partir de grupos organizados que perpetran acciones terroristas -como ocurre en el sur del país- y de la acción de grupos cuyo propósito es afectar el normal funcionamiento de actividades nacionales», aclara el informe.
«El propósito aparente de tales grupos es intentar alterar el itinerario democrático que el país se ha fijado y su control es hoy un factor clave para la normalidad del mismo. Sin embargo, para ello es necesaria la confluencia de dos factores: En primer lugar, la acción del gobierno para frenar la violencia e imponer el orden público a través de Carabineros, que en su actuar debe dar plenas garantías de que no habrá vulneraciones a los derechos humanos y, en segundo lugar, el repudio enérgico y sin ambigüedades de todas las fuerzas políticas a fin de aislar a los violentistas».
En cuanto al manejo de la pandemia del covid-19, el informe destaca el fortalecimiento de la red hospitalaria que permitió que «siempre hubiera tratamiento médico para quien lo necesitara. Los sistemas público y privado se integraron bajo una misma red y la compra de ventiladores permitió aumentar el número de camas UCI en un 142%, alcanzando las 3.216».
Además recalcan que «el aumento de la red de laboratorios facilitó el diagnóstico y el aislamiento oportuno de los casos de contagio. La capacidad de procesamiento de PCR se multiplicó por 20, al pasar de 2.000 a 40.000 test diarios, aumentando la red de laboratorios de 8 a 130. Gracias a esto, Chile es el país con mayor número de test
por millón de habitantes en América Latina».
También se informó sobre las medidas económicas del Gobierno para la recuperación post covid. «Las medidas económicas empleadas tuvieron tres “canales” principales: Ayuda directa a hogares necesitados mediante el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ha beneficiado aproximadamente a 7,5 millones de personas; ayuda a los trabajadores mediante la Ley de Protección del Empleo (LPE) que permitió evitar despidos y benefició a miles de trabajadores y ayuda a las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, mediante la ampliación de las garantías estatales a los créditos, a través de la Ley FOGAPE, beneficiando a más de 240.000 empresas».
«El conjunto de las medidas expuestas ha contribuido decisivamente a que en 2020 la caída en el crecimiento de
la economía chilena sea una de las más bajas de la región, resultando previsible una recuperación vigorosa a contar
de 2021», dice el documento.
