La Corte de Valparaíso desestimó el recurso de nulidad interpuesto por la ONG Defensa Popular contra el veredicto que dictó una condena de siete años de prisión efectiva y tres penas remitidas por el ataque a un cuartel policial y a la fiscalía de San Antonio durante el estallido social.

La pena en cuestión afecta a Jordano Santander Riquelme (35), declarado culpable del homicidio frustrado de un policía, al que intentó atropellar con un vehículo cuando el uniformado buscaba detenerlo. La prisión preventiva que afectó a los imputados, querellados por la Ley de Seguridad Interior del Estado, y luego la pena efectiva dictada contra Santander hicieron que este caso sea destacado por diputados de oposición quienes buscan una ley de indulto contra los "presos de la revuelta", según consigna el diario El Mercurio.

La abogada defensora de Jordano y quien ingresó este recurso de nulidad ante la Corte, Betsabé Carrasco, cuestionó las pruebas por el intento de homicidio, asegurando que el vehículo en el que se desplazaba Jordano no presentaba mayores daños. Para la Corte, sin embargo, el auto sí presentaba daños, en concreto, en el costado izquierdo de su tapabarro, compatible con los daños que exhibía el auto policial que chocó contra Jordano.

Esto último fue ratificado por la Corte por 3 votos contra 0, de las ministras Eliana Quezada, María del Rosario Lavín y el ministro (s) Juan Carlos Maggiolo, por lo que rechazaron la pretensión de la defensa de "realizar una nueva valoración de los medios de prueba, ya ponderados en la sentencia, arribándose a una conclusión distinta en cuanto a la dinámica de los hechos y sus resultados".

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