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“Cuando una persona llega a exigir una vacuna, saltándose la fila y no solo eso sino que además se apropia de un bien que es del Estado, no hay un error: hay una intención de ponerse una vacuna y, desde la perspectiva del Gobierno, de apropiarse de un bien que es del Estado», dijo la autoridad.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes (CLC) tuvo la “intención de apropiarse de un bien del Estado” y sostuvo que “en este caso no hay un error, sino una intención de ponerse una vacuna”.
Las autoridades se refirieron al hecho en el balance COVID de hoy en La Moneda, luego que T13 dio a conocer un documento que contenía los descargos de la Clínica tras recibir un sumario sanitario por la tercera dosis de la vacuna Pfizer que se le colocó al presidente del recinto.
En el documento firmado por el abogado Sebastián Oddo se solicita dejar sin efecto el sumario sanitario, afirmando que la clínica «ha cumplido con la normativa sanitaria vigente». Además, asegura que la formulación de cargos por parte de la seremi tendría una serie de «vicios legales”
Martorell recalcó que el hecho “reviste características de delito penal», afirmando que “así como las vacunas le corresponden al Estado, estas vacunas (Pfizer) estaban destinadas a niñas, niños y adolescentes según el calendario de vacunación”.
«No solo eso: inclusive después se entregó un certificado médico para intentar justificar esta vacunación dos días posteriores al hecho de la vacuna. Desde nuestra perspectiva, también hay una intención de asegurar lo que se había cometido, que es voluntariamente y con intención ponerse una vacuna que correspondía a otras personas. La CLC puede tener su defensa, como corresponde. Nosotros tenemos otra opinión y por eso la estamos buscando hacer valer en tribunales», cerró.
El Gobierno además de abrir un sumario al establecimiento, realizó una denuncia a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Fiscalía Oriente.
El Gobierno hizo la distinción con los otros casos identificados por la Clínica. Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que dichos casos correspondieron a «errores humanos» y no fueron obligados, marcando distancia con los sucedido con Gil.
Daza aseguró que han habido «errores programáticos en relación a la vacunación (EPRO) por distintos motivos (…) Esto es muy distinto a la notificación que se hizo por personal de salud de la misma CLC donde la notificación es que ellos fueron obligados a colocar una tercera dosis”.
