Pacientes de la Ley Ricarte Soto en alerta por oficio de la Dipres al Minsal que congelará fondos para la inclusión de nuevas enfermedades

Agrupaciones de pacientes que se tratan a través de la Ley Ricarte Soto, la que cubre enfermedades de alto costo a través de un fondo de $100 mil millones anuales, están preocupados, debido a que la Dirección de Presupuestos (Dipres) ofició al Ministerio de Salud para informar que no será posible promulgar el quinto decreto proyectado para la inclusión de nuevas garantías a partir de 2022, debido a que la ley, en 7 años más, podría quedar desfinanciada.

La explicación, según reporta el diario La Tercera, la dio la jefa de la secretaría técnica del GES, Andrea Guerrero, ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados: de acuerdo a la Dipres, para este decreto no se cumpliría la sustentabilidad económica proyectada por el Ministerio de Hacienda a 10 años, por lo que las coberturas actuales solo tendrían financiamiento hasta 2028. “Si bien esto da certeza para las garantías actuales, el resultado de este análisis que hizo la Dipres implicaría que no hay holgura en el fondo para incorporar nuevas garantías en este decreto”, indicó Guerrero.

Con el oficio de la Dipres, se informa al Minsal que sólo podrán considerar reemplazo de tecnologías que evidencien un mayor costo-efectividad o tratamientos que no varíen el presupuesto proyectado. Por lo tanto, en caso de no emitir un nuevo decreto, no habrá nuevas patologías que incluya la ley.

Para el presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes (Achap), Gonzalo Tobar, “no hay justificación técnica ni humana para no incorporar nuevos tratamientos». Tobar le dijo al citado medio que «existen más de $ 200 mil millones de pesos, incluso con pérdidas en el sistema financiero, pero que las autoridades no los cuentan como disponibles para los pacientes. Año a año vemos cómo los recursos siguen siendo limitados y las expectativas están lejos de cumplirse”.

Este monto que menciona Tobar son en concreto $ 235 mil millones, que según la Achap, están invertidos en fondos mutuos, depósitos a plazo y en bonos del Estado para financiar la normativa, lo que está regulado por la ley. Dichos fondos han anotado pérdidas millonarias durante el primer trimestre de este año.