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La decisión de la CPI fue destacada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien escribió en Twitter que “la apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad, por parte de la Corte Penal Internacional, reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares”.
La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal a Venezuela «para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, por supuestos abusos de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano tras la represión de las protestas de 2017.
“Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos», dijo el Presidente Nicolás Maduro en una comparecencia junto al jefe de la fiscalía de la corte, Karim Khan, de visita en el país.
En el memorando firmado con Venezuela y leído frente a Maduro y Khan se establece que “el fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.
El memorando también recoge que Venezuela «interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación».
Dicho artículo reza que «el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto (de Roma)».
Frente a esa situación, Venezuela «considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin», explica el memorando.
El documento firmado hoy por el presidente Nicolás Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan, también recoge que en la fase preliminar «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».
Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, «adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad».
También «establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal» en Venezuela.
Además, han optado por «esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales».
Cabe recordar que la CPI -con sede en La Haya (Países Bajos)- abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por parte del Gobierno de Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2017 en las que murieron cerca de 100 personas. La Justicia venezolana ha imputado y condenado a efectivos del orden público por muertes durante dichas protestas, aunque sus críticos consideran que estas acciones se tomaron únicamente evitar un proceso en la CPI.
La decisión de la CPI fue destacada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien escribió en Twitter que “la apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad, por parte de la Corte Penal Internacional, reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares”.
