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Crédito: Aton
La Contraloría General de la República, tomó razón de los percances vividos en la licitación de cédulas de identidad y pasaportes del Registro Civil. Ante el nuevo proceso, reparó en la no especificación estimada del contrato actual. Así, la empresa Idemia -actual proveedora- proporcionará durante 10 años la fabricación e impresión de los documentos. Esto, tras el fallido proceso con UTP Asino y Sonda-Thales, quienes vieron frustrada su adjudicación. De todas formas, el órgano declaró que la instancia está «ajustada a derecho».
La licitación de cédulas y pasaportes del Registro Civil, que ha estado marcada por la caída de la adjudicación por la Unión Temporal de Proveedores (UTP), se encamina a su etapa final. Esto, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del proceso con un «pequeño» alcance.
Según consigna Radio Biobío, el organismo aprobó el contrato entre el Estado e Idemia Videntita & Security Chile, empresa que obtuvo el segundo mayor puntaje en la historia de la licitación, actual proveedora del servicio. De todas formas, reparó en la no especificación del monto estimado del contrato, en donde, a pesar del hecho, declaró que el proceso está «ajustado a derecho».
El contrato, que se extenderá por 10 años, fue firmado entre el Registro Civil e Idemia el 29 de diciembre de 2021 y buscará disminuir el precio de los documentos que emite el organismo. De esta forma, por lo menos en lo legislativo, el proceso llega a su final, marcado por diversas demandas en el Tribunal de Contratación Pública, presiones internacionales, entre otras.
Tal como informó Radio Biobío, el proceso alcanzó incluso ribetes diplomáticos, en lo que es una de las licitaciones más codiciadas del sector público.
La Unión Temporal de Proveedores, que está integrada por las empresas Aisino Corporation, Muhlbahuer, Hising IsiStar y Yitu, sumado a un consorcio chino-alemán, perdieron la licitación tras las demandas ante el Tribunal de Contratación, la que contó con la presencia de la actual ganadora del proceso.
Debido a la primera licitación, una delegación del Departamento de Seguridad y Territorio Nacional (DHS) y el Departamento de Estado de EE.UU, arribó a Chile a modo de poder «evaluar la elegibilidad del país y su permanencia en el Programa de Exención de Visa», aseveraron. «Actualmente Chile es el único país del Hemisferio Occidental que participa del Programa de Exención de Visa», agregaron.
Debido a esto, se llevaron a cabo diversas reuniones del Ejecutivo con el ex canciller, Andrés Allamand, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para evaluar las consecuencias que derivaría la adjudicación del proceso a la UTP Aisino. Asimismo, 30 días después de la licitación, se dejó sin efecto su adjudicación debido a ciertas «inconsistencias».
A pesar de los cuestionamientos de Aisino, la licitación retomó su curso y tres días después el proceso ya tenía a otra empresa que se lo adjudicó. De esa forma, Idemia, empresa que marcó el segundo puntaje más alto en la historia de la instancia, logró obtener el beneficio por los próximos 10 años.
En conversación con Radio Biobío, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e Identificación (Anercich), Julio Peña Tobar, criticó el proceso. Al «Gobierno nunca le llamó la atención el resguardar la identidad de las personas, al contrario, solo se dedicó a externalización y privatización», espetó.
En la misma línea, señaló que la licitación frustrada «deja mal parado al Estado de Chile. Primero, hacen unas bases entre cuatro paredes, después le entregan a una empresa determinada, y al final por presiones políticas y también entre cuatro paredes dejan afuera a una empresa que la nombraron ganadora», espetó.
Mediante una declaración pública, el Registro Civil señaló que se buscaba garantizar el bienestar nacional. «El objetivo final ha sido el bien superior de los chilenos, la seguridad y confidencialidad de sus datos, las mejores condiciones económicas posibles para el país y para los chilenos», aseveraron.
En la misma línea, detallan que se «contemplan la máxima calidad y requerimientos técnicos en materia de identificación, con los mayores estándares de seguridad y confidencialidad a nivel mundial, con una significativa reducción de los costos para el Estado de Chile», plantearon.
Cabe destacar que la licitación tuvo un costo de 226 millones de dólares, lo que comparativamente es «menor a los 700 millones de dólares que le ha costado al país la provisión de este servicio en los últimos 10 años». según establecen desde el Registro Civil.
En cuanto al valor de los documentos, estos bajarán sus precios en un 50%, en donde desde el servicio público afirmaron que las «cédulas de identidad mantendrán su valor y los pasaportes, que hoy están entre los más caros del mundo, verán rebajado su precio a la mitad», concluyeron.
