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crédito: JAVIER SALVO/AGENCIAUNO
Por unanimidad, la Corte condenó a los militares Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández Dittus a 20 años de cárcel por ser los autores de los crímenes que terminaron con la vida de Rodrigo Rojas de Negri y dejaron a Carmen Gloria Quintana luchando por su derechos tras las quemaduras graves que provocaron en su cuerpo.
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó este lunes las penas de cárcel contra diez militares retirados por quemar vivos a dos jóvenes en 1986, en uno de los episodios más atroces de la dictadura de Augusto Pinochet, conocido como el «Caso Quemados».
El tribunal rectificó la sentencia dictada, en primera instancia en 2019, rechazando «la excepción de cosa juzgada respecto de uno de los condenados» y aumentando hasta 20 años las penas por el «homicidio calificado» del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el «homicidio calificado frustrado» de la estudiante Carmen Gloria Quintana, explicó el Poder Judicial.
Por unanimidad, la corte condenó a los militares Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández Dittus a 20 años de cárcel por ser los autores de los crímenes.
En tanto, Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Franco Rivas fueron sentenciados a 10 años de presidio por su responsabilidad como cómplices, mientras que Francisco Vásquez Vergara y René Muñoz Bruce deberán cumplir tres años en calidad de encubridores.
Las víctimas fueron detenidas por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 durante una jornada de protesta contra la dictadura y posteriormente golpeados, rociados con gasolina y quemados vivos.
Los condenados arrojaron a las víctimas a una zanja junto a un camino rural, a las afueras de Santiago, en la comuna de Quilicura, en donde, Rojas de Negri murió horas después de la agresión, pero Quintana, de solo 17 años, logró salvarse pese las graves quemaduras y heridas.
El «Caso Quemados», uno de los más emblemático de la época, motivó protestas contra el régimen militar a nivel nacional y en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde residía el fotógrafo asesinado.
Cabe recordar que según cifras oficiales, durante la dictadura de Pinochet cerca de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
