Opinión
Habitual es asistir a una góndola de vinos en un supermercado o tienda especializada para darnos cuenta de que cada botella tiene un mensaje en el etiquetado que es denominador común, vale decir, todo ejemplar de los anaqueles del retail comparten cierta información que debiera ser específica, precisa, verídica y no engañosa para todos los consumidores. Así podemos identificar, por ejemplo, al fabricante, nombre de fantasía, región o valle vitivinícola, cepa o variedad de uva, añada de cosecha, entre otros.
Sin perjuicio de lo anterior, es posible observar terminología muy variada que desde la perspectiva del marketing son referentes de calidad indiscutible; conceptos como Reserva y Gran Reserva, así también como Superior, Reserva Privada y Reserva Especial, son alguna de las nociones que la ley utiliza para exhibir en Chile y el mundo espectaculares atributos de calidad que, en realidad, no son tal. Repasemos dos experiencias comparadas.
En países como España, reconocido por sus reputados Crianzas, Reservas y Gran Reservas de justificada calidad, la ley española establece un mínimo de “envejecimiento”, es decir, la guarda del vino tinto en barricas de roble y botella por un mínimo de 24, 36 y 60 meses, respectivamente antes de ser comercializados.
En Chile, la ley 18.455 que regula estas materias establece las menciones complementarias de calidad que debe cumplir un vino para que pueda adjudicarse el título de Reserva o Gran Reserva, el cual se remite al nivel de alcohol en el vino; el mínimo grado alcohólico legal corresponde a 0,5° y 1°, respectivamente. Además, señala que estos vinos deben ser “objeto de tratamiento con madera”.
Del texto anterior se concluye que el legislador prefirió crear una ley laxa ya que no fija parámetros o aptitudes de calidad que los productores debieran perseguir, sino muy por el contrario, permite que con requisitos básicos exigidos cualquiera pueda adscribir la terminología que solo beneficia comercialmente. Que se indique que, por medio grado a un grado de alcohol, nadie diría que hace referencia a un parámetro de calidad. Pero lo que es más absurdo, en mi opinión, dice relación con el “tratamiento con madera”. ¿Cuál madera? No lo sabremos jamás, salvo que en la contraetiqueta el productor lo manifieste explícitamente ya que generalmente las técnicas empleadas para que un vino adquiera características “amaderadas” que tanto gustan en los bebedores son diversas y están implícitas: chips de madera, polvo tipo aserrín y duelas se añaden en recipientes donde se elabora el vino, de forma tal que en pocos días existe un vino masivo Reserva o Gran Reserva disponible para la venta.
Sin moverse tan lejos, tenemos la referencia de nuestro vecino país Argentina que hace un par de años declara al vino como “bebida nacional” a través de la ley 26.870. Es un reputado productor histórico de vinos de calidad, sobre todo en cuanto a su uva ícono, la variedad Malbec, que en un par de décadas ha logrado distinguirse como eje de calidad mundial, no solo producto de la gran estrategia nacional de marketing y comercialización a nivel planetario sino también por el esfuerzo común de un Estado comprometido con las viñas, pequeñas y grandes, que conjuntamente han logrado fijar parámetros reales de calidad comprobada.
Dicho lo anterior, la ley argentina establece no solo que para Reservas y Gran Reservas el vino tinto tendrá una crianza enológica de 1 y 2 años en barricas de roble respectivamente, sino que además fija una cantidad especifica de uva por litro cada vez que se quiera etiquetar un vino con estas nociones.
Se concluye de lo anterior que Chile aún tiene un largo camino por recorrer si es que quiere que el mercado local se interese por esta noble bebida, así como los mercados foráneos dejen de percibir al vino chileno como un insumo de buena relación calidad-precio y nada más que eso.
Efectivamente hay una tendencia creciente por realizan esfuerzos, siempre particulares y voluntarios, por dejar la vara de la calidad real como corresponde. Sin embargo, dichos esfuerzos son aislados y costosos en una realidad de mercado mucho más compleja y poco rigurosa.
Posiblemente se necesita de una entidad público-privada tipo panel experto y vinculante que, contemple lo que el Servicio Agrícola Ganadero no está revisando, no por negligencia sino porque no tiene las facultades para hacerlo más allá de las meramente técnico-legales, tenga por objeto la revisión integral de la información que se publica respecto de un vino y la calidad que le antecede, de tal forma que dichos atributos publicitarios y subjetivos de calidad estén alineados verdaderamente con el vino que va al consumidor final.
En tiempos de “cambio epocal” y nueva redacción del establishment, incito entonces al legislador y a los individuos todos a dejar de ver al vino con el sesgo odioso que se le ha querido dar desde siempre y comencemos a debatir cuál es el vino que queremos para Chile.
