Opinión
El escenario es desolador. En el 2018 en el marco del proyecto Ciudad con Todos realizado por el Centro de Políticas Públicas y la Asociación de Inmobiliarios (ADI), con apoyo de Toctoc, OCUC y Urbanismo Social, se reveló que el 75% de las viviendas nuevas en ese año en la Región Metropolitana tuvieron un precio abordable solo por los cuatro deciles de mayores ingresos del país, y que sólo el 2,5% era alcanzable por los cuatro deciles de menores ingresos.
Tras tres años después de este estudio, la realidad sigue siendo aún peor. Un estudio de Toctoc dio cuenta el que el 70% de la población queda completamente excluida del mercado inmobiliario, en donde la principal barrera de entrada para las familias son los altos precios de la vivienda, la dificultad de optar a créditos hipotecarios ante el aumento de las tasas de interés y la falta de ahorro para financiar el pie.
Es así como la oferta de viviendas y el sistema de financiamiento no da respuesta a las familias que residen en los barrios donde se construye ni se ajusta a los requisitos de los subsidios que benefician a la clase media.
El 2019, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) indicó que la vivienda en Chile es “severamente inalcanzable” al publicar un estudio que indicaba que el valor de las viviendas habría aumentado 67,8% en 8 años, mientras que los ingresos de las familias en un 24,7% en el mismo periodo, lo que se ha agravado durante la pandemia, profundizado la actual crisis habitacional de más de 730.000 familias (CCHC).
Esto, frente a un Estado que financia anualmente cerca de 27.000 soluciones anuales para los sectores vulnerables y de 32.000 para los sectores medios, de acuerdo a las cifras del 2019 entregadas por Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda.
En este escenario pareciera que la única alternativa de las familias es vivir en calidad de allegados y en condición de hacinamiento u optar a soluciones de arriendos irregulares, vivir en campamentos o trasladarse a barrios que respondan a sus posibilidades de compra, precarizando profundamente la calidad de vida de las personas, fragmentando los barrios y sus redes de apoyo, en desmedro de avanzar hacia una integración y cohesión social. Con estas cifras, es urgente hacerlo distinto y salir de los diagnósticos compartidos que poco resuelven la necesidad y la lucha de miles de familias.
Las soluciones se deben ajustar a la realidad y a la diversidad de las familias, facilitando la propiedad pero también el arriendo. Para esto debemos considerar soluciones integradas que apunten a crear una nueva oferta de interés social, acceder a suelo por parte del Estado y generar proyectos desde la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobiernos Regionales y Locales, de entidades sin fines de lucro y, en conjunto con las familias, multiplicando acciones y actores, y ampliando la capacidad de respuesta ante la crisis.
También se debe incorporar al sector privado, destinando viviendas accesibles en proyectos inmobiliarios a partir de exigencias mínimas coherentes con las capacidades y oportunidades del territorio que promuevan una densificación equilibrada.
Por otro lado, apoyar a las familias con mejores condiciones y diversidad de instrumentos de financiamiento, elaborados para garantizarles el acceso a la vivienda.
Soluciones hay, pero debemos trabajar articulados para hacerlo posible porque no podemos seguir perpetuando políticas y lógicas de mercado para la vivienda que nos segregan, que siguen aumentando la desigualdad y que cala profundamente en la vida diaria de miles de personas a lo largo del país.
