Conciencia M
Una gran laguna del centro de Chile se secó y el cambio climático parecía la principal causa, pero los investigadores encontraron otra: la privatización sistemática del agua. ¿Podría una nueva Constitución cambiar eso?
Según una antigua leyenda, en el fondo de la laguna de Aculeo, ubicada en el centro de Chile, se encuentra un gran tesoro de oro inca. Durante algunas noches, según los lugareños, incluso se podía ver el oro brillando en las cristalinas aguas de la laguna, que está rodeada de exuberantes colinas y dominada por la cordillera de los Andes.
Pero la laguna, que en su día fue una de las mayores masas de agua naturales de Chile, ahora está completamente seca y sin ningún rastro de vida. Resultó que nunca hubo oro allí, pero la laguna tenía un valor incalculable para la región.
«Durante todo el día se podía oír el canto de los pájaros porque la flora y la fauna de la laguna eran espectaculares. El agua era tan clara, que se podían ver los peces nadando bajo ella”, recuerda Viola González Vera. Vive en Aculeo desde hace 30 años, a 70 kilómetros al suroeste de la capital, Santiago.
El lecho de la laguna está ahora reseco y agrietado, como consecuencia de las frecuentes sequías. Los embarcaderos deteriorados recuerdan a los lugareños lo que en el pasado fue este lugar.
Chile ha sufrido una sequía extrema durante la última década, con hasta un 30 por ciento menos de precipitaciones en las regiones centrales. Durante años se culpó al cambio climático de la desaparición de Aculeo.
Sin embargo, la laguna sobrevivió durante más de 3.000 años, a pesar de la falta de lluvia. A principios de 2022, investigadores de hidrología y gestión de recursos hídricos confirmaron que el panorama era más complejo. El principal culpable resultó ser la sobreexplotación humana.
En 2011, la laguna todavía estaba lo suficientemente llena como para practicar deportes acuáticos como el windsurf.
El estudio, revisado por expertos y publicado en la revista Sustainability en enero de 2022, afirma que, si bien las precipitaciones por debajo de la media de la última década habían influido, hay «pruebas indiscutibles” de que el agua desapareció como resultado de la intervención humana. Las causas son la desviación de los ríos y el bombeo de aguas subterráneas de los acuíferos.
Según el informe, incluso después de cuatro sequías con precipitaciones escasas y persistentes en el siglo XX, la laguna nunca estuvo a punto de secarse.
«Pero en la década de 1990, la agroindustria comenzó a desviar esos ríos después de que el Estado asignara el 100 por cien de los derechos de uso de las aguas de un río tras otro”, explica Pablo García-Chevesich, profesor chileno de la Escuela de Minas de Colorado y de la Universidad de Arizona, y coautor del artículo.
En 2010, el río Pintue, un importante afluente, se desvió por completo. Las explotaciones agrícolas a gran escala que cosechan cerezas y aguacates también establecieron profundos pozos y bombeaban el agua directamente de la laguna.
Como resultado, «ya no importaba cuánto lloviera. Por primera vez la laguna no pudo soportar una sequía”, explica García-Chevesich, que también es miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO.
Un antiguo embarcadero de madera recuerda que aquí hubo una laguna en el pasado.
Cuando la laguna se secó y desapareció la naturaleza circundante, también lo hicieron los turistas. Asimismo, los pequeños campesinos de los alrededores vieron cómo disminuían sus cosechas y morían sus animales.
Con el paso de los años, algunos miembros de la comunidad perdieron el acceso al agua potable; a medida que nuevas casas de veraneo, con sus cuidados céspedes y piscinas, consumían cantidades considerables de agua. Aunque esto no fue nada comparado con la explotación provocada por los productores de aguacates y cerezas, según los lugareños.
«He visto a gente llorando en la calle porque no tenía agua para lavarse los dientes”, relata González Vera, que depende de un tanque de agua que tiene en su patio trasero, a pocos metros de donde estaba la laguna. El depósito se llena con el agua que un camión transporta hasta el pueblo.
García-Chevesich culpa al Estado de la pérdida de la laguna y del consiguiente impacto sobre los vecinos. «Es la asignación incontrolada del derecho al agua sin evaluar el impacto social o ecológico que podría tener”.
Es una historia que se repite en todo el país.
La Constitución chilena, redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, protege la propiedad privada del agua, convirtiéndola en un bien económico. Asimismo, el Código de Aguas de 1981 permite al gobierno conceder derechos permanentes y transferibles sobre las aguas a propietarios privados de forma gratuita.
Esto dio lugar a un mercado del agua y dificultó que el Estado gobernara el suministro hídrico en Chile. En Aculeo, por ejemplo, no se realizaron auditorías para gestionar los niveles de consumo antes de que el Estado entregara los derechos de uso de las aguas.
«El problema del agua en Chile es muy profundo. Se entiende como un recurso más a explotar”, afirma Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile.
En 2019 estallaron disturbios a gran escala por la profunda desigualdad social en Chile.
Más de un millón de personas en todo el país carecen de acceso a agua potable, mientras que algunas partes de Chile se enfrentan a sequías más frecuentes y prolongadas debido al cambio climático. Asimismo, el agua ha sido sobreexplotada por particulares e industrias durante décadas. Es el caso de la minería del litio y del cobre, que representan un sector económico relevante. Por otro lado, casi el 80 por ciento del agua dulce se destina a la agricultura, sobre todo, al aguacate. Se requieren 70 litros de agua para cultivar una pieza de fruta.
La situación llegó a ser tan grave en Petorca, una ciudad de la región chilena de Valparaíso productora de aguacates, que el gobierno declaró una «emergencia hídrica”, transportando agua en camiones y asignando a cada residente tan solo 50 litros al día.
Pero los chilenos están desafiando elstatu quo.
Actualmente, 155 delegados elegidos de entre la sociedad civil (la mayoría candidatos independientes y de izquierda) están reescribiendo la Constitución chilena de la época de la dictadura. Esta fue una de las principales demandas de las sangrientas protestas nacionales contra la profunda desigualdad social, que tuvieron lugar en 2019.
Es una oportunidad para que el país cree una nueva visión de futuro, una visión en la que el medioambiente sea la máxima prioridad. 81 de los miembros de la Convención Constitucional han apoyado una campaña de Greenpeace para proteger el derecho del agua y los ecosistemas en la nueva carta.
«Vamos a poner fin al acaparamiento de agua y a restringir el apropiamiento de tierras para dejar de construir estos paisajes de valles secos”, dice Carolina Vilches Fuenzalida, miembro de la convención y activista medioambiental.
Vilches Fuenzalida y otros delegados afirman que una de sus prioridades es crear un estatuto que cambie la naturaleza jurídica del agua y garantice el derecho al agua y al saneamiento a todos los chilenos. Las propuestas se debatirán y votarán durante los próximos meses. Cada proyecto necesitará una mayoría de dos tercios para entrar en el documento final, antes de ir a un referéndum público a finales de año.
