Jeanette Vega propone que sigan operando como seguro “de segundo piso”
Planteó que el 7,0% lo capte el Fondo Nacional de Salud, dejando fuera a las isapres, aunque no cambiarán los prestadores. Los privados dicen que es expropiación y que habrá un colapso financiero en clínicas e isapres.
“Depende de la propuesta del gobierno”, dijo el presidente de la Asociación de Isapres cuando anunció el fin de la cautividad por preexistencias a un grupo de afiliados al sistema privado de salud y se le consultó si con esa apertura esperaba que el gobierno no hiciera modificaciones radicales al sistema de isapres.
Pero esa esperanza de no ver cambios tan relevantes podría no tener asidero. La Comisión Asesora Presidencial creada por Bachelet para analizar el futuro del sistema de isapres está avanzando y el rumbo parece llevarla a un objetivo poco halagüeño para los privados.
Al comienzo de las sesiones acudió la directora de Fonasa, Jeanette Vega, y –al dar a conocer su opinión– hizo presente su propuesta que dejó helados a los representantes del sector privado, representado por tres gerentes generales de Isapres y una de clínicas.
La posición de Vega fue clara: tomar los casi US$ 3.200 millones que aporta el 15% de los chilenos con su 7% a las isapres y depositarlos en las cuentas de Fonasa, unificándolas con las cotizaciones de la gran mayoría de los chilenos que aporta al sistema público, que suma casi la mitad de ese monto.
Vega clarificó en la instancia que era a título personal, pero el murmullo entre los privados es que no está lejos de la visión de la mayoría de los participantes de la Comisión y que tampoco se distancia del gobierno.
La propuesta de la jefa de Fonasa apunta a que las personas que cotizan en isapres sigan atendiéndose en las clínicas pues su cotización lo permite, incluyendo no sólo el 7% sino el adicional, que en promedio cotiza desde 3,5% del sueldo, más el copago al atenderse.
Vega explica que hoy el sistema de Isapres es ineficiente, pues muchos afiliados pagan más de lo que reciben como prestación y ese saldo no es solidarizado con los cotizantes más caros, sino que se va a los costos de administración y ventas excesivamente altos y a las utilidades de las isapres.
El ejemplo más claro de falta de solidaridad del sistema de salud chileno es el de las personas de tercera edad que no pueden cubrir su costo de atención y que, de acuerdo a Vega, debieran ser subsidiados por los cotizantes más jóvenes.
En efecto, a diciembre de 2013 las isapres sumaban unos US$ 3.200 millones en ingresos, pero el 87% de éstos se van a cubrir gastos de ventas, mientras que otro 12% va a gastos de administración. La tesis de Vega es que como el Estado no lucra se eliminan los gastos de ventas y marketing, reenfocando esos dineros a prestaciones.
Vega afirma que con esta propuesta se acaba el lucro de las isapres para prestaciones que no dan y que, si bien desaparecería ese negocio para ellas, podrían seguir operando como un seguro “de segundo piso” que contraten las personas que quieran tener coberturas adicionales, o sea, se convertirían en aseguradoras de salud común y corriente.
La apuesta es que, teniendo un sistema con los aportes unificados, un «pool único», los dineros ahorrados por quienes utilizan menos las clínicas irían a cubrir las prestaciones de los afiliados con mayor demanda de atención, como la tercera edad.
Desde la industria afirman que las utilidades de las Isapres son mínimas comparadas con otras industrias, que los márgenes son acotados y que la rentabilidad está ya amenazada, sin considerar las nuevas propuestas.
El gobierno, en el decreto que crea la Comisión del 14 de abril pasado, estableció que en noviembre de este año la instancia debe entregar su informe final y que éste debe proponer soluciones concretas para la forma en que deberá funcionar el sistema de isapres y determinar un modo de financiamiento equitativo y de calidad del sistema de salud. Agrega que la propuesta debe ser viable y con un proceso de transición.
La Comisión debe enfrentar la incertidumbre jurídica generada tras el fallo del Tribunal Constitucional del 6 de agosto de 2010, que cuestionó un conjunto de normas de las aseguradoras privadas. Esto, junto con la jurisprudencia ya instalada por la Corte Suprema que prohíbe las alzas injustificadas de los precios de sus planes, lo que ha traído caídas relevantes en las ganancias de las isapres.
El gobierno acudió a la Comisión al comienzo, pero no fijó posición. Formalmente no tiene un representante en la instancia y el secretario ejecutivo de la misma, Camilo Cid, aparece más como un coordinador que un representante. La ausencia de un representante permanente del gobierno es criticada por un integrante de la Comisión que considera necesario que haya alguien para que vaya tomando nota de lo que se discute, de manera de avanzar el trabajo para cuando venga la elaboración de los proyectos de ley.
Pero la opinión de Vega tiene respaldo en la misma Comisión asesora. La semana pasada, en un seminario, el integrante y ex economista del Ministerio de Salud en tiempos del primer gobierno de Bachelet, David Debrott, dijo que le acomodaba la idea de que el Estado se hiciera cargo del «pool único» de cotizaciones. En el mismo evento, Cid aseguró que esa no era la posición de la Comisión.
Algunos integrantes de la instancia se mostraron molestos por los dichos de Debrott, pues vulneró la confidencialidad de la Comisión, donde se acordó no comentar públicamente las posturas ni lo que se está debatiendo internamente.
Con todo y pese al comentario de Cid, varios integrantes de la Comisión reconocen que la idea de que las isapres, en la forma como operan hoy, desaparezcan, está cercana. Si la postura de Vega se hiciera realidad, las aseguradoras privadas tendrían un rol secundario y acotado a dar coberturas adicionales a quienes quieran pagarlas.
Tanto la opinión de Vega como la intervención de los integrantes de la Comisión está quedando registrada en audios que la secretaría ejecutiva ha ido acumulando en el proceso. También se están redactando actas de cada
sesión.
Fuentes de la Comisión reconocen que, además de Debrott, otros integrantes apoyarían esta moción, como la ex ministra de salud María Soledad Barría, y académicos como Carmen Castillo, directora del campus de medicina San Felipe de la Universidad de Valparaíso, y Oscar Arteaga, director de la escuela de Salud Pública de la facultad de medicina de la Universidad de Chile.
De hecho, el propio Cid dio su opinión en diciembre de 2011, en la misma línea, aunque sin considerar eliminar a las isapres. En un seminario organizado por la casa de estudios en la que ejerce, el académico de la UC propuso un único fondo nacional de riesgos, que incluyera una prima solidaria universal proporcional al ingreso, cuyo destino sería un fondo central, copagos homogéneos asociados a rentas y afiliación abierta general.
“Nadie ha sido tan explícito en sus posiciones pero si se escuchan sus opiniones uno se va dando cuenta de que hacia allá apuntan”, manifiesta un integrante de la Comisión.
Una fuente cercana al gobierno reconoce que la idea de un «pool único» de riesgo país en salud está planteada en la literatura internacional, en particular, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tal como dice Vega. No obstante, advierte que los dichos de la directora de Fonasa no necesariamente representan al gobierno.
“Es una de las alternativas, pero dentro de lo posible hay que discutir lo viable”, afirma, advirtiendo que “no sé si nos vamos a matricular con algo así, por un tema de viabilidad político-financiera que hay que evaluar”.
Sin embargo, la fuente revela que a nivel de gobierno ya se están realizando simulaciones de cómo ir solidarizando el 7% que se cotiza en las isapres con mecanismos de compensación de riesgo.
En cualquier caso, la referida fuente indica que la idea es mantener un sistema mixto de provisión de salud como hoy. “Creo que eso es clave. Haga lo que haga, seguirán personas dispuestas a pagar más en salud por mejor hotelería, por ejemplo”, afirma.
En todo caso, un ejecutivo de la industria privada señala que, aunque esa opción está planteada, en la Comisión “se han ido dando cuenta de que es impracticable”, debido a que el sistema público no sería capaz de dar abasto si parte de los afiliados de las isapres no tiene para pagar una cotización adicional para atenderse en las clínicas, dado que el dinero que destina a su plan actual ahora iría a un fondo común que le impediría mantener sus prestaciones.
Una alta fuente de una isapre advierte además que la falta de infraestructura pública queda en evidencia con la postergación de la certificación que este año debían tener 110 centros hospitalarios públicos y privados para atender las enfermedades auges. Sólo 44 pasaron la prueba y la puesta en marcha debió postergarse por dos años. “Será un Transalud”, dicen unos. “Un Transantiago al cuadrado”, dicen otros.
Por cierto, en el sector privado advierten que, de unificarse la cotización del 7%, el sector privado simplemente colapsaría. “Si la gente no puede pagar de su bolsillo la salud privada se va a Fonasa y eso significa una baja en la demanda en hospitales privados”, afirman.
Pero en ese duro escenario, hay empresas que sufrirían menos. El holding Banmédica (que tiene las isapres Banmédica y Vida Tres) –indican en el sector– recibe un 75% de sus ganancias de las clínicas y sólo el 25% de la isapre, por lo que podría concentrarse en el servicio prestador. Consalud también tiene espacio para seguir por ese rubro y Cruz Blanca va camino a esa misma línea. Masvida y principalmente Colmena, están en una situación más compleja, pues tienen una baja integración vertical de su negocio.
La semana pasada el director ejecutivo de la Asociación de Isapres dijo que la unificación de las cotizaciones tendría vicios de inconstitucionalidad. Otro ejecutivo del sector advierte que la medida significa una clara expropiación de los dineros de los afiliados a las isapres y que en la práctica sería un impuesto de 7% sobre sus ingresos.
“La novedad de todo esto es que la opinión pública, esos 3 millones de afiliados a las isapres, creen que van a estar mejor al eliminar las isapres, pero no saben lo que significa perder su 7% si prospera esta idea. Ellos tendrán que recomprar su seguro de salud de nuevo”, afirman.
Jeanette Vega cuestiona tajantemente ese escenario. “Si usted suma lo que paga hoy en las isapres, el efecto neto es que se usa muchos menos que lo que se paga. Lo que pasa es que como hay un sistema de descreme que concentra personas con menos riegos y a jóvenes con menos enfermedad y más ingresos, en la práctica hay un efecto neto de ganancia que es brutal. Perfectamente el plan, tal cual es hoy, se puede mantener igual para esas personas pero sin la ganancia excesiva, la que se redistribuiría a los otros, mejorando la eficiencia del sistema. No hay ninguna razón conceptual para que su plan de salud cambie significativamente”, dice.
Otro tema pendiente a solucionar es el de los costos. En ello el rol de los médicos es clave, pues –según un conocedor del sector– casi un 20% de la cotización en las isapres va directo a cubrir licencias. “Las licencias las dan los doctores para fidelizar a sus pacientes, no necesariamente porque sea necesario prescribirla. Si no se sincera ese costo es difícil contener los gastos”, sostiene.
Junto con ello, la integración de isapres y clínicas, en unos actores más que en otros, es un tema pendiente de regular, aunque si las isapres dejarán de funcionar como aseguradoras de salud y pasan a ser “seguros de segundo piso”, esa dualidad se terminaría.
