El presidente de la multitienda dijo que pedir un 90% de la propiedad para los acreedores es una propuesta “extrema”. Advirtió el impacto en cesantía si no hay acuerdo, lo que se ve como una señal al gobierno.
Que la labia de César Barros no es moderada parece una obviedad. Sus columnas dominicales en un matutino no pasan inadvertidas y así quedó claro cuando se refirió al caso Cascadas, llamando a detener la guerrilla de la elite, y luego cuando atacó a la Reforma Tributaria, asegurando que los ricos siempre tendrán las mujeres más bellas, los mejores autos y las casas más apetecidas.
Pero cuando se sienta a negociar –dicen los que lo conocen– juega de local. Al parecer, como presidente de La Polar, lo demostró en 2011 cuando, tras el escándalo de las repactaciones unilaterales y las provisiones adulteradas, logró salvar a la compañía de la quiebra y renegociar sus deudas.
En los últimos días, el directorio que lidera Barros se volvió a sentar a la mesa con los acreedores de La Polar, pero esta vez los ánimos no eran iguales a 2011.
La firma, que hace tres años prometió solucionar sus problemas y en 2012 recaudó US$ 250 millones en el mercado para impulsar su negocio, hoy vuelve a pedir un rescate; esta vez, capitalizando la deuda de casi US$ 1.000 millones y por la cual Barros ofrece a los acreedores que se queden con el 50-55% de la empresa, a cambio de matar los pasivos.
Cabe mencionar que dicha deuda tiene actualmente un valor de mercado equivalente al 10% de su valor nominal.
Los dueños de esa deuda, de modo muy distinto a 2011, no aceptaron la oferta y, por primera vez, la desafiaron públicamente. El emisor de mensaje, conocido inversionista de la Bolsa y poseedor del 2% de las acreencias, fue Raimundo Valenzuela. Lo hizo a través de El Mercurio y con palabras de particular dureza hacia Barros y el directorio.
Los acusó de “pitearse” US$ 250 millones y pese a ello mantenerse en los cargos, y anunció que los acreedores no aprobarán la propuesta.
Contra lo esperado, esta negativa se hizo palpable en las reuniones de Barros junto a BTG Pactual (su asesor financiero al igual que en el aumento de capital de 2012), donde los acreedores no sólo rechazaron la propuesta sino que anunciaron que buscarían una idea alternativa y pidieron 15 días para hallar un acuerdo. Aun más, el propio Valenzuela comentó que contactaría a inversionistas para comprar La Polar.
La entrevista de Valenzuela, que sólo hizo públicos los comentarios efectuados en privado por parte importante de los acreedores –entre ellos, Consorcio, LarrainVial y algunas AFP– siguió a diversas opiniones privadas de asistentes a las reuniones con Barros.
La entrevista molestó a Barros y lo hizo cambiar de opinión. Tenían un acuerdo con los acreedores de “no negociar por la prensa” y el mismo no había sido respetado.
Por ello, salió al frente, como siempre usando el micrófono de El Mercurio, y respondió directo. “Si los acreedores llegan a un acuerdo con los accionistas que sea razonable y no extremo –porque este directorio tampoco se va a prestar para soluciones indignas– vamos a apoyar”.
Y no se quedó ahí. Pidió un paradigma de propuesta que pueda contraponerse, como la que él propuso, basada en el precio de mercado de las deudas y las acciones de La Polar. “Pero no puede ser una cuestión así como dos leones peleandose a la jirafa… No como niños chicos ‘mamá, yo quiero dulces, yo quiero el 90%’. Esa cuestión no es lógica”.
Incluso más, deslizó que habría culpa de los acreedores en haber prestado US$ 1.000 millones a “Pablo Alcalde y compañía que se hicieron humo”. “No es ni este management ni este directorio el culpable de lo que ocurrió”, recordó.
De pasó, negó que hubieran recibido ofertas formales por la operación en Colombia, pese a que este medio tuvo la confirmación de fuentes cercanas a Ripley –acreedores de La Polar– y del directorio de La Polar, confirmando dicha propuesta por US$ 50 millones.
Pero Barros –quien ironizó con el reclamo de los acreedores por pedir el 90% de la empresa y, al mismo tiempo, decir que la compañía tiene un valor mínimo– entró en un elemento adicional a lo que se ha discutido hasta ahora: el factor político y el rol del gobierno.
“Yo no estoy disponible para analizar opciones en las que no se llegue a un acuerdo, porque sería un suicidio para acreedores, para todos, hasta para el gobierno. Porque significaría desempleo, menos competencia en el sector, que ya está bien concentrado”, dijo.
Un acreedor de la compañía cree que los dichos de Barros no son casuales. Enfrentado a la dureza de la negociación con los acreedores, el ex timonel de los salmoneros busca aliados, señala la fuente.
No sería la primera vez que lo hace. Para el gobierno actual podría ser compleja, en medio de una economía ralentizada, la aparición de más de 7.000 cesantes. Sobre todo, si ese efecto no lo sufrió el gobierno de Sebastián Piñera, que logró a través del Sernac un acuerdo con Barros para compensar a los clientes afectados por las repactaciones, lo que, junto con el convenio con los acreedores, permitió impedir la quiebra.
Barros ya ha dado algunos pasos en esa línea, aunque con poco éxito. Fuentes bien informadas revelaron que el ex presidente de los salmoneros ha pedido en dos ocasiones audiencia con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
Aunque lo hizo a título de presidente de la Bolsa de Productos, las fuentes reconocen que sería una oportunidad para que Barros plantee la situación. “Una vez en la mesa puedes plantear cualquier otro tema”, dicen.
Sin embargo, en ambas solicitudes, Barros recibió una negativa por problemas de agenda del ministro, aunque el motivo de fondo sería que la cartera está en otros temas más relevantes y propios del Ministerio, por lo que no existiría interés en recibirlo.
El próximo martes 1 de julio Barros presidirá la junta de accionistas de La Polar, que votará el aumento de capital y la propuesta de convertir los bonos en acciones, transformando a los acreedores en controladores de la compañía.
En el mercado advierten que la propuesta puede ser aprobada, aunque muy posiblemente Barros tendrá que llamar a una nueva junta para plantear la propuesta que harán los acreedores. Las fuentes indican que los acreedores estarían abiertos a negociar un menor porcentaje de la propiedad respecto del 90% originalmente reclamado, pero que tendría un piso no inferior al 75-80%.
Lo cierto es que habrá acuerdo. “A nadie le conviene que La Polar quiebre. Gran parte de estos bonos están castigados, por lo que es mejor quedar como accionistas que dejar caer la compañía. El punto es hasta qué porcentaje se bajarán los acreedores y hasta qué nivel subirán la oferta los accionistas”, manifiesta una fuente de los acreedores.
Eso, si Raimundo Valenzuela no presenta antes una propuesta para comprar la compañía.
