En lo que pareció ser un esfuerzo coordinado, Rodrigo Valdés y Eric Parrado aseguraron a la poderosa industria que la reforma será gradual y en marco de diálogo. Seminario dejó claros los vacíos regulatorios del sector.
Hace meses que la banca está preocupada ante la promesa del Gobierno de Michelle Bachelet de que durante su mandato se haría una reforma profunda a la Ley General de Bancos.
En el mercado y la industria hay conciencia de que es necesario una reforma, en lo más mínimo para adecuarse a las nuevas exigencias de liquidez que implica Basilea III.
Pero los bancos, a través de su brazo de lobby –la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif)–, han hecho saber su preocupación en forma reservada ante las actuales autoridades y durante el Gobierno de Sebastián Piñera, respecto a que se utilice la reforma para endurecer la regulación de la industria y que les eleven los requerimientos de transparencia y liquidez, que les golpeen la rentabilidad.
En una conferencia sobre el nuevo marco regulatorio que se viene, organizada por la Universidad Adolfo Ibáñez y la Sbif, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el súper de bancos, Eric Parrado, salieron a poner paños fríos a esas preocupaciones y asegurar de que las reformas se harán con prudencia, moderación y su implementación será gradual.
Las palabras adquieren resonancia, ya que se pronuncian en momentos en que el Gobierno busca recomponer las relaciones con el sector privado y el ministro Valdés tiene como misión hacer repuntar a la economía y generar las condiciones para que la inversión privada vuelva a crecer.
Ya en Icare esta semana el ministro de Hacienda, junto a su par de Interior, tendieron puentes.
Esta mañana, en su presentación ante la industria bancaria, académicos y funcionarios de Gobierno, Valdés se refirió al proyecto que Hacienda enviará al Congreso durante el segundo semestre. Dijo que “los cambios deben ser graduales, de modo de no afectar el potencial de crecimiento de los bancos ni de la economía”.
Aseguró que su ministerio y la Sbif “van a generar instancias adecuadas para discutir este proyecto”, ya que es importante considerar los aportes de la academia y el sector privado.
Valdés afirmó que «la banca chilena es muy competitiva. Lo que nosotros necesitamos es adaptar regulaciones y mecanismos de supervisión a estándares internacionales que han ido avanzando y que nosotros por distintos motivos no hemos podido adaptar con la velocidad suficiente. De lo que se trata es simplemente de adaptarse a esta nueva realidad».
Y dijo que una nueva ley de bancos es necesaria para asegurarse que la industria no pierda competitividad. «No contar con una regulación en línea con estándares internacionales puede perjudicar la realización de negocios», afirmó.
El ministro también apuntó que es necesario mejorar el gobierno corporativo de la superintendencia y avanzar en términos de regulación.
La palabras del regulador
El titular de la Sbif tuvo palabras similares, afirmando que «Chile definitivamente se quedó atrás en relación con estándares internacionales de regulación bancaria y el gobierno corporativo de la SBIF».
Recordó que las dos modificaciones importantes de la Ley General de Bancos datan de 1986 y 1997.
Parrado puso énfasis en que habrá prudencia y gradualidad en las reformas. Y en una entrevista con diario Pulso fue más específico al decir que los cambios se adecuarán a los tiempos económicos.
La respuesta de la Abif
Segismundo Schulin-Zeuthen, presidente de la Abif, fue testigo en primera persona de las propuestas de Valdés y Parrado.
Para sorpresa de pocos, su diagnóstico no es precisamente el mismo. En su presentación reconoció que la regulación chilena tiene rezagos en algunas materias, «pero en otras se encontraba por sobre los estándares internacionales de liquidez».
Dijo que es importante que la nueva ley de bancos deba definir en forma clara el perímetro regulatorio. E informó que entre los principales desafíos para adecuarse a Basilea III, está una estimación que requerirá capital adicional, entre US$ 3.600 a US$ 4.600 millones
Gobierno corporativo de la Sbif al debe
En la conferencia hubo unanimidad de que el gobierno corporativo del regulador necesita un «upgrade».
Andrés Prieto, director jurídico de la Superintendencia, dijo que desde el 2013 la OCDE ha venido recomendado la necesidad de ampliar la independencia de la autoridad supervisora bancaria.
Añadió que la evaluación concluyó que los arreglos institucionales actuales entregan una independencia y protección legal limitada al supervisor bancario.
«El Superintendente es nombrado por el Presidente de la República, no tiene un periodo de mandato fijo y puede ser destituido sin expresión de causa. Su financiamiento depende del presupuesto general del gobierno», explicó Prieto.
Además, informó que los evaluadores de la OCDE concluyeron que aunque los funcionarios de las Sbif «se encuentran calificados y son respetados por la industria, sus salarios no son competitivos con los de esta y su rotación es alta». Y precisó que solo el superintendente tiene protección legal, mientras las mejores prácticas internacionales extienden esta protección a todos los funcionarios y agentes externos.
Prieto dijo que la reforma a la LGB apunta a responder a todos esos reparos.
