Conoció en detalle la posición de Corfo para mejorar los contratos con SQM, en caso de que el Consejo hubiese optado por conciliar con la minera, lo que para Eduardo Bitran es estratégico, confidencial y podría implicar al ex CPC legalmente por su calidad de “agente público”. El Gobierno apoya a Corfo, pero el caso lo complica.
Es la palabra de Eduardo Bitran contra la de Rafael Guilisasti. Son dos verdades que enfrentan al vicepresidente de la Corfo con el ex consejero de la estatal, quienes en cosa de días pasaron de ser aliados a enemigos en la pugna que sostienen la Corporación y SQM.
La salida de Guilisasti causó un impacto inmediato en la agenda económica del país. Dejó su cargo en la estatal para representar al principal accionista de SQM, siendo el sucesor de Julio Ponce en las famosas sociedades cascada –grupo de empresas con las que Ponce controla la minera gracias a un pacto con la japonesa Kowa, que les permite tener el 34% de la sociedad–, en circunstancias de que SQM y Corfo mantienen abierta una batalla judicial por los contratos de arriendo de pertenencias mineras, a través de los cuales dicha compañía puede explotar recursos del Salar de Atacama.
¿Conflicto de interés? Parece evidente. Pero para Guilisasti no existe porque, según él mismo expuso, nunca coincidió en ambos cargos. Bitran no lo ve así, para él es un hecho, ya que asegura que se fue con información confidencial de la Corporación.
¿Y qué es lo que sabe el nuevo presidente de la cascada? En concreto, según afirma Bitran a El Mostrador Mercados, “Guilisasti conoció la posición que tenía la Administración de Corfo sobre el mejoramiento detallado de los contratos con SQM Salar, en caso de que el Consejo optara por la alternativa de conciliar. No hay nada más estratégico y confidencial que conocer las expectativas de la contraparte en caso de llegar a una conciliación”, dice el vicepresidente de la Corfo.
Guilisasti y el resto de los consejeros tuvieron acceso a esa información, además de otros antecedentes, para la decisión unánime que terminó rechazando un proceso conciliatorio con la minera, material que de todos modos sigue siendo de alta sensibilidad para la Corporación.
Por eso es que, como ya anticipó la semana pasada, Corfo está analizando llevar este tema a la Justicia por el conflicto de interés que afectaría a Guilisasti. El empresario lo da por descartado. Su renuncia efectiva fue el 3 de septiembre y 11 días después se anunció su nuevo cargo en la cascada.
De acuerdo al propio relato del ex CPC, es en ese breve periodo que toma la decisión, luego de un primer llamado de Luis Eugenio Ponce (hermano de Julio) y una reunión con el ex presidente de SQM. Asimismo, Guilisasti había comunicado su renuncia a través de una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, la cual no habría sido conocida sino solo hasta la semana pasada por Bitrán y el resto de los consejeros.
Con ese contexto, abogados de la plaza sostienen que la Corporación tiene argumentos legales para llevar a Guilisasti a la Justicia. Si bien su cargo en la Corfo no puede considerarse como la de un “funcionario público”, sí puede ajustarse a la figura de un “agente público”, por haber sido consejero de una institución pública.
Sobre dicha figura pesan las mismas restricciones que para un funcionario público –como la obligación de guardar reserva y confidencialidad de su cargo–, todas disposiciones establecidas en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, entre las cuales destaca el principio de la probidad administrativa: “Conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso”, reza el texto legal.
¿Hay precedentes legales que se pronuncien respecto de un agente público? En el caso Kodama, la Contraloría elaboró un informe respecto de las actuaciones de Magdalena Matte –quien ya había renunciado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo–, catalogando a Álvaro Baeza, abogado y estrecho colaborador de Matte, como agente público. Dicho caso explotó tras cuestionarse la legalidad de un polémico decreto que establecía un pago de $17 mil millones por parte del Serviu a la empresa Kodama.
Bitran –en entrevista con El Mercurio– señaló incluso la necesidad de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) revisara el caso de la salida de Guilisasti, en beneficio del funcionamiento del mercado. Consultada la SVS, señaló que no tiene nada que comentar al respecto, al tiempo que tampoco quiso hacer declaraciones sobre la denuncia de Corfo ante el árbitro por la aparente venta de litio a Kowa a precios inferiores a los de mercado, que podrían haber perjudicado a los accionistas minoritarios.
¿Pero por qué Guilisasti se llevaría información?
Si el ex CPC tuviera, efectivamente, información sensible de la Corfo, da pie para preguntarse por qué la tiene. Según su versión, su cargo en la Corporación solo le daba acceso a información de carácter genérico respecto de las distintas actividades de la estatal. ¿Por qué entonces tendría acceso a antecedentes detallados sobre causas de la Corfo? Son dudas que se plantean actualmente en el ámbito legal y que derivan incluso en cuestionamientos respecto de si Bitran fue prudente al abordar los detalles del litigio con SQM en el Consejo.
El reglamento de Corfo, en su artículo 10, establece claramente las atribuciones que tiene el Consejo, mientras el artículo 21 dice que es el Fiscal de la Corporación –cargo que por lo demás es de exclusiva confianza del Presidente de la República– quien debe “tener a su cargo la defensa de los juicios en que la Corporación sea parte o tenga interés”.
Sin embargo, al respecto Bitran es claro. Además de explicitar la información que se compartió con el resto de los consejeros y que explicarían el conflicto de interés de Guilisasti –sobre las distintas mejoras de contratos a los que apunta Corfo en caso de una conciliación con SQM–, Bitrán señala a El Mostrador Mercados que “es costumbre que temas importantes sobre juicios, el vicepresidente los someta a la Corfo. No está obligado a hacerlo, pero estos casos de alta importancia es habitual y evidentemente nada lo impide”.
Por lo demás, la ley que creó la Corfo es una marco jurídico anterior al reglamento y reconoce al Consejo como el máximo órgano de la Corporación. Por tanto, que dicha instancia acepte o rechace una conciliación con SQM es una decisión que involucra recursos públicos, por lo que es sano que la decisión sea colectiva. Y que el resultado del Consejo haya sido unánime en rechazar una conciliación de SQM, respaldaría la decisión de Bitran de llevar esta discusión a la máxima instancia de la estatal.
La incomodidad del Gobierno
La disputa con SQM no es una contingencia cómoda para el Gobierno. Así quedó claro la semana pasada cuando, a la salida del Comité Económico en La Moneda, el presidente de Corfo, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, enfrentó a los periodistas que indagaban sobre el arbitraje con SQM y el sorpresivo cambio de bando de Guilisasti.
“Tenemos un juicio arbitral en esta materia, como Corfo pedimos el fin del contrato producto de todas las causas que adjuntamos en dicha demanda, y entregamos además el caso al CDE (Consejo de Defensa del Estado), que está llevando este caso, así es que creemos que tenemos una posición muy firme desde el Estado”, sostuvo.
Luego se le preguntó sobre la situación de Guilisasti, pero Céspedes se remitió a reiterar que esto lo estaba viendo Corfo y que habían delegado al CDE la representación en el arbitraje con SQM. Una y otra vez se intentó recabar con el secretario de Estado más antecedentes, pero Céspedes no se movió del discurso inicial, tras lo cual hizo mutis abruptamente.
La incomodidad de Céspedes es fiel reflejo de lo que el caso representa tanto para los parlamentarios de Gobierno como para el Poder Ejecutivo.
Varios son los motivos. El principal es la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los pagos presuntamente irregulares de SQM a distintos personeros que habrían financiado campañas políticas, tanto parlamentarias como presidenciales, de la derecha y la Nueva Mayoría.
Según las rectificaciones de SQM ante el Servicios de Impuestos Internos (SII), estas totalizan más de US$11 millones. Los principales pagos no respaldados fueron a la derecha: $1.294 millones a personeros ligados a la UDI y $780 millones vinculados a Renovación Nacional. Respecto del ex Presidente Sebastián Piñera, la investigación revela que $453 millones llegaron a personas de su entorno.
Pero la coalición de Gobierno, aunque presenta aportes más acotados, está sufriendo los embates con igual o peor dureza. Según las rectificaciones del SII, desde SQM llegaron aportes a personeros cercanos a la DC por $980 millones, además de otras aportaciones a cercanos a distintos partidos de la coalición.
Pero, sobre todo, el vínculo de SQM con el Gobierno se estableció con el entorno de la Presidenta Michelle Bachelet, con dineros que desembocaron en pagos a distintos personeros que fueron parte de la preparación de su campaña entre 2012 y parte de 2013. Estos dineros, los rectificados al menos ante el SII, suman $281 millones, correspondientes a pagos a Asesorías y Negocios, la empresa de Giorgio Martelli, formalizado la semana pasada.
La investigación ha ido revelando que Martelli pagó a distintas personas que luego ingresaron al Gobierno en altos cargos, entre ellos, el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo –que dejó su cargo en mayo pasado– y un extenso grupo de asesores cercanos a él.
La causa incómoda de tal manera a La Moneda, que sus distintos ministros han debido actuar con prudencia en la disputa con Corfo. Si bien todos –los titulares de Economía (presidente), Hacienda, Agricultura, Defensa, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social– votaron a favor de ir al arbitraje con SQM y pedir el término del contrato, luego de ello la causa ha quedado radicada completamente en Bitran.
Cercanos al Gobierno recuerdan que el entorno de Julio Ponce ha advertido en privado que si el Gobierno lo acorrala en extremo, podría develar más información sobre los aportes a la campaña de Bachelet, datos que podrían hacer llegar la investigación directamente a la Mandataria. Hasta ahora ello no ha ocurrido, pero en el Ejecutivo saben del nivel de penetración que tiene Ponce en la coalición.
