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Platas políticas de SQM derivan en nuevas sanciones para Julio Ponce y manchan la hoja de vida de varios “intachables” del mercado local

por 1 octubre, 2015

Platas políticas de SQM derivan en nuevas sanciones para Julio Ponce y manchan la hoja de vida de varios “intachables” del mercado local
Juan Antonio Guzman, Hernán Büchi , Wolf Von Appen y Patricio Contesse Fica son los directores de la minera que la SVS castigó con una multa de UF1.000 por no revelar al mercado la cuantía de las boletas presuntamente falsas, actualmente bajo investigación del Ministerio Público. Según los sancionados, se trataba de antecedentes irrelevantes para los inversionistas y que incluso respondían al “morbo” periodístico, pero el regulador –usando duras palabras– no lo creyó así.
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Era hora de resolver.

Exactamente hace seis meses, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra cinco directivos de SQM por no haber comunicado en forma y tiempo los montos de las boletas –presuntamente– falsas cuyo destino habría sido el financiamiento de la política. US$11 millones que el mercado conoció con rezago, cuando ya la acción estaba duramente castigada por inversionistas dominados por la aversión al riesgo y en un contexto en que la incertidumbre reinaba a sus anchas en la minera; toda una situación que el directorio de entonces manejó con desprolijidad y que le costó a sus miembros una multa de UF1.000 cada uno –unos $25 millones–.

Julio Ponce, ex presidente de la minera, y Patricio Contesse Fica, ex director de la misma, acumularon nuevas sanciones por parte del regulador. Ambos ya habían sido multados con US$70 millones y US$2,4 millones, respectivamente, en el marco del caso Cascada. Sin embargo, una coyuntura que partió con Penta y que hoy tiene a SQM en el centro de la polémica, está dejando damnificados de alta reputación en el mercado doméstico: Juan Antonio Guzmán, actual presidente de la minera; Hernán Büchi y Wolf Von Appen. Todos, para la SVS, responsables de haber cometido infracciones a la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Sociedades Anónimas y a normas administrativas del regulador.

Como era de esperarse, los involucrados rechazaron las imputaciones de la autoridad, calificándolas como genéricas, imparciales, contradictorias y vagas. Sin embargo, en la postura de este grupo hubo un eje que terminó articulando su discurso: la poca relevancia de la información en cuestión. Para los personajes sancionados, las boletas son irrelevantes para la toma de decisiones de inversión de un “hombre juicioso”, e incluso responden al morbo periodístico en un contexto marcado por el financiamiento irregular de la política; una tesis que –evidentemente– descartó la SVS.

La irrelevancia de los hechos, según los sancionados

El 19 de marzo, un día después de la renuncia de José María Eyzaguirre, Alejandro Montero y Wayne Bronwlee –ex directores nombrados por PCS–, los cinco directores que quedaron de la minera sesionaron de modo extraordinario. Allí participó Patricio de Solminihac, actual gerente general, luego del despido de Patricio Contesse González efectuado el 16 de marzo.

En esa sesión, de Solminihac informó al directorio una primera aproximación de los gastos sin respaldo efectuados por SQM, por US$11 millones para el período comprendido entre los años 2009 y 2014. El directorio aprobó facultar a la administración para que entregara a la brevedad al SII la declaración rectificatoria, lo cual ocurrió un día después.

El 23 del mismo mes, SQM publicó un comunicado en su sitio web, informando sobre una conferencia telefónica a efectuarse el miércoles 25 al mediodía, a objeto de presentar al nuevo gerente general y hacer una actualización de la compañía. Ese miércoles, el ejecutivo comunicó que el monto de los pagos sin respaldos ascenderían a US$11 millones aproximadamente. Según describe la SVS, esta fue “la primera comunicación al mercado donde la compañía dimensionaba la situación de pagos sin respaldo efectuados a personas políticamente expuestas, pese a que en días previos algunos medios de comunicación especializados ya habían publicado información con un alto grado de detalle”.

Esos antecedentes, para el regulador, no debieron haberse comunicado así, sino vía hecho esencial y de forma oportuna, una visión para nada compartida por los sancionados.

Ponce en sus descargos sostuvo que la decisión de no divulgar la información hasta el 25 de marzo fue adoptada por el propio de Solminihac. Y, coincidiendo con la defensa del resto, “dicha información no tenía ni tuvo influencia en los estados financieros, en los negocios de la Sociedad, y que tampoco tenía la capacidad de influir negativamente en el valor de los títulos emitidos por SQM”.

Lo anterior, a pesar de que el mismo día que se supo de la renuncia de los hombres de PCS al directorio de SQM –el 18 de marzo–, la acción anotó su mayor caída diaria en su historia, en un momento álgido para la minera justamente por la incertidumbre respecto de la magnitud de las platas políticas. Dichos directores renunciaron porque la mayoría se opuso a entregarle información al Ministerio Público y hacerlo solo al SII. Así fue como el papel de SQM se contrajo un 17%, superando incluso las pérdidas que produjo la crisis del potasio.

Aun así, los directores en sus descargos al regulador insistieron en la irrelevancia de esa información. Büchi, por ejemplo, sostuvo que “el hecho de ser objeto de profusa atención periodística no puede ser un factor determinante de la esencialidad de la información, en razón de que el criterio para dicha calificación recae en el interés de los accionistas inversionistas y del mercado en general”.

En la misma línea, según se desprende de la resolución de la SVS, para Von Appen las platas políticas “no tenían un impacto económico relevante para la Sociedad, considerando que alcanzaban un monto aproximado de US$11 millones en 6 años, en circunstancias de que en el mismo periodo (2009-2014) el total de ingresos de SQM fue de US$11.821 millones y el total de costos de explotación US$7.342 millones”. Por tanto, lo anterior no afectaba ni el rendimiento de sus negocios ni su situación financiera, no siendo bajo ningún respecto importante para las decisiones de inversión de un hombre juicioso.

“El impacto, la connotación y el interés público de la comunidad y de la prensa de cierta información, no necesariamente implica que esta sea un hecho esencial”, insistió Von Appen, a pesar de que Patricio de Solminihac quería compartir esta información con el mercado, a su juicio, por la “presión mediática en razón del morbo generado por cuestiones de orden político y no por su importancia para las decisiones de inversión de un hombre juicioso”, puntualizó.

Una tesis a la que además sumaron el elemento de que se trataba de antecedentes preliminares. Los US$11 millones en cuestión eran cifras sobre las cuales había que hacer cruces de información para validarla, razón que no justificaba el hecho de comunicarla a los inversores.

La dura respuesta de la SVS



Hubo otros descargos que apuntaron a la forma, más que al fondo, de la sanción del regulador. La SVS se hizo cargo de cada uno de estos, pero respecto de la relevancia y qué tan preliminar podían resultar esos antecedentes, respondió con una contundencia particular.

Un primer antecedente para determinar si la información de los pagos sin respaldo podría ser considerada importante para la decisión de inversión de un “hombre juicioso”, se puede encontrar en la declaración que prestó de Solminihac a la SVS. El mismo 25 de marzo –el día de la conference call– el gerente general de SQM justificaba ante la SVS comunicar el monto de las boletas ya que "(...) ha habido mucha inquietud de los inversionistas y solicitudes de información”.

“La pretensión de la defensa de minimizar la importancia del monto estimado de los Pagos sin Respaldo, al comparar el monto de los gastos sin respaldo con los costos no tiene asidero si se considera que para un monto de US$11 millones, que representaba el 0,15% de los costos de esa Sociedad –o que no resultaría material en el contexto de los estados financieros o en base a otra comparación–, el directorio de SQM se reunió durante febrero y marzo de 2015 en al menos 5 oportunidades de manera extraordinaria; se formó un Comité Ad Hoc que se reunió a lo menos 9 veces únicamente durante el mes de marzo, se entregó además amplio financiamiento a dicho Comité, se contrató también asesoría legal y financiera, se pidió la renuncia del gerente general y se consumó la renuncia de 3 directores de la sociedad”, manifestó el regulador.

Sobre lo preliminar de la información, la SVS también descartó este factor como argumento de defensa.

“¿Qué información oficial se podría dar si todos los antecedentes que se conocían eran preliminares y por lo mismo no veraces?”, se preguntó Ponce en el marco de sus descargos, frente a lo cual la SVS respondió así: “Lo informado por el Sr. Julio Ponce podría dar paso a interpretar que SQM, con la venia de su directorio, proporcionó información no veraz al SII, a través de los borradores presentados por esa Sociedad a ese organismo, en la que informó el monto estimativo de los gastos que no tenían respaldo”.

El 20 de marzo se presentaron los primeros borradores al SII. Ricardo Ramos, vicepresidente de Finanzas y desarrollo de SQM, expuso al directorio el 19 de marzo sobre la existencia de 1.300 boletas entre 2009 y 2014, 200 personas involucradas y que el monto ascendía a US$11 millones. Así fue como, días después, “nadie reparó en que la información entregada en conference call pudiera ser ‘no veraz’”, razonó la SVS.

Por lo demás, la propia SVS constató en otras ocasiones que SQM ha entregado información preliminar a través de hechos esenciales. El 11 de septiembre de 2013, la minera comunicó que producto de la modificación de un contrato de compraventa de pertenencias mineras con Antofagasta Minerals S.A. y Minera Antucoya, se generaría un efecto neto en resultados de SQM de aproximadamente US$67 millones. Después de un oficio enviado por la SVS, SQM aclaró que esa cifra es neta de impuestos a la renta y corresponde a una estimación preliminar de SQM al respecto.

Finalmente, el regulador razonó que “para definir si una información es esencial o no, se debe evaluar si ella es importante para un hombre juicioso para sus decisiones de inversión, considerando para ello tanto elementos cuantitativos como elementos cualitativos, siendo la información sujeta a evaluación la que determina en qué medida los elementos cuantitativos y/o cualitativos son relevantes para esa definición”.

Los sancionados podrán presentar ante la SVS un recurso de reposición administrativa cinco días hábiles desde su notificación y también acudir de apelación ante tribunales civiles. Esto, con el fin de revertir las multas aplicadas por el regulador, una eventualidad sobre la cual existen muy pocos precedentes.

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