Columna de opinión
«Considerando el escenario económico que enfrentamos y la cargada agenda legislativa, el diálogo entre agentes públicos y privados ya no basta. Urgen consensos que garanticen la expansión del producto no solo en 2016, sino que también los años que vienen».
Cerramos este año con una verdad rotunda, en materia económica el 2016 será más difícil que el actual, con un techo de expansión de 2%. Y es en este contexto, de estrecho crecimiento, donde los distintos agentes están enfrentando dinámicas comerciales complicadas junto a diversos desafíos legales y regulatorios.
En efecto, una de las materias que se ha tomado con fuerza la agenda 2015 es la reforma al mercado laboral, que implicará importantes desafíos para trabajadores y empresas. Por esto, que nuestras autoridades logren que esta reforma tenga un justo equilibrio entre trabajadores y empresarios, y además fomente la adaptabilidad y flexibilidad solo puede traer beneficios. En esa misma línea, simplificar la reforma tributaria ayudará a reducir los costos de ajuste.
Ahora bien, hay una serie de otras materias en discusión y en carpeta con un impacto directo sobre el empleo y el desempeño de los distintos sectores económicos. Sin duda, sería un gran paso para todos el que estos proyectos puedan gozar de una aprobación y acuerdo mayoritario.
De las iniciativas legislativas más relevantes a nivel sectorial destaca la eventual modificación de los derechos de propiedad de las concesiones de agua, anunciada como parte de la reforma constitucional y con gran relevancia para el sector silvoagropecuario y minero.
En tanto, para la construcción y servicios de vivienda el principal riesgo está en un aumento de los costos a raíz del proyecto de aporte al espacio público, que deberían realizar los desarrolladores inmobiliarios para mitigar los impactos directos e indirectos en el entorno. Lo anterior, además de la incertidumbre generada a partir del eventual aumento del rol de Estado en la tasación de terrenos a raíz de casos recientes.
En cuanto a los servicios financieros, en enero ingresaría el proyecto de la reforma a la Ley General de Bancos, que una vez en régimen permitirá a Chile tener una banca más robusta que pueda acceder a nuevos mercados de financiación, hasta ahora limitados o inexistentes. Por otro lado, el proyecto de deuda consolidada con ajustes adecuados permitiría un mercado del crédito más amplio, barato y competitivo.
Para el comercio, restaurantes y hoteles la principal preocupación es la reforma laboral. Esto, porque es un sector que cuenta con un gran número de pymes que, en su mayoría, no negocian de modo colectivo, por lo que podrían enfrentar costos difíciles de asimilar. A nivel sectorial preocupa la imposibilidad de reemplazo durante una huelga y la adaptabilidad laboral que está incorporada solo parcialmente en el proyecto.
Finalmente, debemos enumerar otros desafíos que llevarían a que el mercado funcione cada vez mejor, tales como perfeccionar la institucionalidad ambiental para evitar la judicialización excesiva de una gran cantidad de proyectos, consensuar políticas de desarrollo urbano y de plan regulador, y revisar la nueva Ley de etiquetado de alimentos que podría afectar la competencia en el mercado, toda vez que algunas empresas importadoras no podrían adaptarse eficientemente.
Considerando el escenario económico que enfrentamos y la cargada agenda legislativa, el diálogo entre agentes públicos y privados ya no basta. Urgen consensos que garanticen la expansión del producto no solo en 2016, sino que también los años que vienen, dejando atrás la mirada cortoplacista. Solo así seguiremos desarrollándonos como país y aumentando nuestro bienestar.
Felipe Bravo
Economista Banco Santander
