Iniciativa público-privada levantaría US$9.000 millones
Presidenta firmó el proyecto de ley que crea sociedad anónima estatal para impulsar obras públicas en el país. Tendrá un 99% de capital social del fisco y una participación de 1% de Corfo, mientras que su directorio sería un híbrido público-privado. Reacción del empresariado fue positiva.
El Estado creó una nueva empresa y el sector privado está contento.
La Presidenta Michelle Bachelet firmó este martes en La Moneda el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura, una sociedad anónima pública que –de acuerdo al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga– buscará levantar capital por unos US$9.000 millones, con tal de incentivar la inversión en infraestructura en el país.
La empresa estatal, que contará con la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y de la Contraloría, establecería una participación del 99% del capital social del fisco y una participación de 1% de Corfo, con imposibilidad de transferir las acciones.
En la ocasión, Bachelet señaló que será «una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva», que se orientará a la sostenibilidad financiera de los proyectos, pero que para aquellos que sean «especialmente importantes desde el punto de vista social… el fisco efectuará los aportes que se requieren».
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó el hecho de que se trata de un nuevo actor ”que va a permitir más financiamiento para nuevas ideas que haya desde el sector privado y desde el sector público en infraestructura, pero tiene un diseño muy específico que nos permite estar seguros que no pone en peligro en ningún caso la sostenibilidad fiscal y las cuentas públicas de Chile”.
Agregó que “este es un paso institucional muy importante, en que tenemos que cautelar varios bienes al mismo tiempo”.
En este sentido, precisó que “un bien crucial es nuestra disciplina fiscal. Este no es un tema de hacer operaciones cuasifiscales que no se anoten, muy por el contrario, hemos hecho un proyecto de ley que propone una gobernanza y estructura que nos garantiza que esta empresa va a ser bien manejada, es sostenible en el tiempo y que va a tener utilidades, pero al mismo tiempo es una empresa que tiene que estar ensamblada, ser coherente con los objetivos estratégicos del Estado respecto de qué infraestructura se hace”.
En cuanto a la composición del gobierno corporativo de la nueva entidad, será administrado por un directorio compuesto por cinco personas, que durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.
Los directores serán nombrados por el Presidente de la República, dos de los cuales serán propuestos por el Ministerio de Obras Públicas y los otros tres mediante ternas por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP). Por otro lado, los ministros de Hacienda y Obras Públicas representarán al Estado en la junta de accionistas.
Alberto Salas, presidente de la CPC, calificó a esta iniciativa como «positiva», añadiendo que «valoramos que el gobierno cree esta empresa con un directorio público-privado que permita manejar estos fondos, invertir y desarrollar más nuestra infraestructura».
Ricardo Mewes, de la Cámara Nacional de Comercio, aseguró que este paso del gobierno es «importante» al ser «tremendamente relevante para la inversión». Añadió que apunta en la dirección correcta, ya que «en términos de infraestructura, es ahí donde debiera estar centrada la inversión».
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jorge Mas, también respaldó la iniciativa al señalar que «es una herramienta para poder independizar el gasto corriente de la infraestructura. Eso es visión de largo plazo», indicó a La Segunda.
La mañana de este miércoles, la CChC a través de su informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD)”, estimó en US$151.417 millones la inversión requerida para evitar que aumenten los déficits en esta área en el período 2016-2025, para «satisfacer necesidades sociales y económicas».
