El presidente argentino Mauricio Macri enviará en las próximas semanas al Congreso un proyecto de ley sobre asociación público-privada que incrementará en US$90.000 millones la capacidad de financiamiento del país, según su principal asesor en inversión extranjera.
La ley le permitirá al gobierno acelerar la inversión en infraestructura, dijo Horacio Reyser, el asesor de Macri en inversión extranjera. También proporcionará garantías a los inversores y facilitará el acceso a entidades crediticias multilaterales y a los mercados de capital.
“Si el Estado tuviera que construir todas las obras con financiamiento propio y capacidad técnica propia, tardaría mucho más que con la apertura de la posibilidad de construcción y financiamiento a otros actores”, dijo Reyser en una entrevista en la casa de gobierno en Buenos Aires. “Esto debe considerarse una fuente adicional de financiamiento que puede generar eficiencia y transparencia en los proyectos de infraestructura”.
Macri entró en funciones en diciembre con la promesa de abrir la economía argentina mediante la eliminación de controles y regulaciones que habían alejado la inversión. En seis meses ha levantado los controles cambiarios, ha sacado al país de 15 años de impago mediante un acuerdo con los acreedores y ha anunciado un plan de infraestructura de miles de millones de dólares para dar impulso a una economía vacilante.
Según Reyser, el financiamiento por medio de asociaciones público-privadas podría usarse para infraestructura, escuelas y hospitales, lo que comprende proyectos de gobiernos provinciales y municipales.
Macri ha anunciado planes de gasto de US$26.000 millones para mejorar la red ferroviaria y de carreteras de Argentina, además de modernizar aeropuertos, puertos y sistemas de transporte urbano en los próximos cuatro años.
El proyecto de ley se elaboró en consultas con cámaras empresariales locales y entidades crediticias multilaterales como la Corporación Internacional de Finanzas (IIC por la sigla en inglés) del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo Reyser. Si bien es probable que esas entidades crediticias sean las disponibles en un primer momento, el objetivo a largo plazo es abrir líneas de crédito con otras entidades mediante el aporte de protección adicional contra el riesgo, dijo.
La ley de participación público-privada no sólo distribuiría el riesgo de forma equilibrada entre el Estado y sus socios privados, sino que también proporcionaría protección legal a las entidades crediticias mediante árbitros técnicos, dijo. El proyecto de ley se enviará al Congreso a principios de julio.
“El objetivo es llegar a donde se puedan emitir bonos en los mercados de capital para financiar un proyecto de infraestructura”, dijo Reyser. “La seguridad y el conocimiento que aporta la ley PPP a ese ecosistema permitirá ese tipo de financiamiento”.
Macri convocó a Reyser, que tiene 46 años, para que lo asesorara en inversión extranjera poco después de entrar en funciones en diciembre. Reyser tiene un diploma de un Programa Avanzado de Administración de la Escuela de Negocios de Harvard. Trabajó en el Grupo Techint, en Tenaris SA y en Ternium SA antes de convertirse en socio de la firma de capital privado Southern Cross Group.
