Medición de desempeño: en busca de un mejor gasto público

No es novedad que la débil actividad económica ha determinado los ingresos del Gobierno, mostrando un descenso respecto de los proyectados en el programa presidencial. Pero, más allá de las causas de este hecho que ya se ha tratado en innumerables columnas, junto con enfocarse en revertir el pobre crecimiento económico –para lo cual se están haciendo esfuerzos en materia de productividad que son siempre bienvenidos– es momento de mejorar la eficiencia del gasto público, en particular en los programas sociales.

Y es que como cualquier hogar que debe apretarse el cinturón para priorizar los gastos más importantes cuando los ingresos disminuyen y sacar el máximo provecho a los recursos disponibles, el Gobierno debería dirigir sus esfuerzos a evaluar si estos programas efectivamente están cumpliendo sus objetivos y si es que los beneficiados son quienes realmente los requieren.

Hacer este análisis con absoluta prolijidad es doblemente importante, porque en general las necesidades de los grupos más vulnerables aumentan cuando la economía se desacelera.

En políticas públicas, la medición de desempeño se define como la evaluación frecuente de los resultados y la eficiencia de los servicios o programas sociales. Desde hace unos años, el realizar un análisis recurrente ha ganado importancia. Medir el avance de un resultado específico es un elemento vital de cualquier esfuerzo orientado al usuario, que busca maximizar beneficios y minimizar las consecuencias negativas para ellos. Esta información puede ser un insumo relevante para justificar partidas de presupuestos para los diferentes programas, a la vez que permite generar un accountability para que ciudadanos y autoridades midan los progresos de los mismos, de acuerdo a los fondos recibidos.

Y la tecnología está de nuestro lado, porque las herramientas actualmente disponibles permiten realizar una mejor evaluación, y de menor costo, como también transparentar los resultados permitiendo realizar un análisis más flexible de acuerdo al grupo de interés. Esto es de especial relevancia para organizaciones sociales y gubernamentales, las que deben saber cómo utilizar la información de manera de incorporarla en sus decisiones para mejorar el servicio que prestan.

Pero hay que tener cuidado, porque una forma muy sofisticada de presentar las conclusiones no necesariamente significa que sea más informativa. Y es que muchas veces los indicadores de desempeño no pueden ser identificados a un resultado particular, generando algunas dudas en quienes los utilizan. Un ejemplo simple es cuando hablamos de aumentos o descensos porcentuales de un evento en un período determinado, pero no se relaciona dicho porcentaje con el número absoluto. Así, si bien se entrega alguna información relativa a cómo cambia la situación, en realidad esconde la medida absoluta del alcance del beneficio.

Está de más decir que los datos a ocupar deben ser de buena calidad, lo que implica un desafío no menor, porque si los elementos correctos no son incorporados o son mal medidos, se podrían tomar decisiones que no sacarán el mayor provecho al programa social que se quiere llevar a cabo.

Una evaluación de desempeño periódica permite ajustar las decisiones de acuerdo a cómo los grupos vulnerables se benefician con los distintos programas, identificando los problemas y mejorando la eficiencia del gasto. En un escenario de débil crecimiento económico y con restricción en recursos públicos, mejorar la rentabilidad social de cada peso dedicado a programas sociales puede generar una diferencia significativa a favor de los más vulnerables.

Para esto, es fundamental hacer un esfuerzo de implementar de manera periódica este tipo de evaluaciones, pero cuidando siempre que sean transparentes y que cumplan con los altos estándares internacionales en la materia.

Camilo Vio
Economista Banco Santander