Polémica operación le permitió ahorrarse $80 mil millones en impuestos
El ente contralor ordenó abrir en 15 días el proceso formal. La superintendencia acogió la orden y consultará si se debe inhabilitar su titular Osvaldo Macías. Aunque la operación podría ser anulada, no existen por ahora elementos para considerar como viable tal posibilidad por la presunción que ya ha hecho pública el propio Macías. Principal ya advirtió este año que podría demandar al Estado si se echa abajo la operación. La revisión podría tardar seis meses.
La huella de Tamara Agnic sigue pesándole a la Superintendencia de Pensiones. Su decisión de validar la creación de la AFP Argentum y su posterior fusión con Cuprum, siguen impactando directamente la gestión de la autoridad sectorial y ayer volvió a hacer noticia.
La Contraloría General de la República emitió un segundo dictamen sobre el caso, esta vez a raíz de los reclamos presentados por diputados de la Nueva Mayoría, que consideran que la aprobación de la operación tuvo vicios de ilegalidad y, por ende, lo que correspondería es que la superintendencia inicie un proceso de invalidación formal de la operación.
Frente a este requerimiento, la Contraloría emitió este nuevo dictamen que por segunda vez refuta lo resuelto por la entidad que, desde febrero –tras la desvinculación de Agnic–, dirige Osvaldo Macías y que el 4 de marzo pasado emitió una resolución reconociendo que parte del proceso de autorización no se apegó a lo descrito por la ley, pero que aquello no provocaba la anulación de la operación por el impacto que tendría una medida así desde el punto de vista de la certeza jurídica que protege a los inversionistas, que en este caso siguieron las instrucciones dadas por la propia superintendencia.
El 11 de febrero de este año, la Contraloría había emitido un dictamen en el cual confirmaba la existencia de actos fuera de la legalidad en el proceso de aprobación, aunque no ordenaba a la autoridad sectorial iniciar un proceso de invalidación.
Esto fue justamente lo que resolvió el martes pasado la autoridad contralora y que fue conocido ayer. En la resolución de Contraloría se ordena a la superintendencia iniciar un proceso de invalidación formal, con consulta a las partes involucradas y en función de eso emitir una resolución sobre el tema.
Los actores involucrados en el caso, además de la superintendencia, son la AFP Cuprum, su control Principal, los diputados que acudieron a Contraloría (Fuad Chahin, Patricio Vallespín e Iván Flores, Patricio Herman y el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorezini).
La superintendencia deberá iniciar este proceso en no más de 15 días y, aunque aún no se conocen los plazos para que resuelva, estos se encuentran definidos en la ley.
Antes de emitir la orden, la Contraloría descarta en sus considerandos algunos planteamientos de Cuprum y Principal. En esa línea, dice que como la propia Contraloría requirió de oficio a la superintendencia, no corresponde cuestionar la legitimación activa de los diputados que acudieron contra la resolución de la superintendencia.
Junto con ello, rechaza que por haber judicialización del caso no pueda verlo, pues “la presentación de la aludida gestión no conlleva un análisis actual y de fondo por parte de los tribunales de justicia de la materia planteada en la especie”, por lo que “su tramitación no impide a este órgano de control seguir conociendo de la misma” ni tiene naturaleza litigiosa.
La Contraloría recordó que, ya en su dictamen de febrero pasado, había advertido que la resolución de la autoridad sectorial que validó la existencia de Argentum y su posterior fusión con Cuprum “no se ajustó al ordenamiento jurídico”, por “no haberse dado cumplimiento a los requisitos legales pertinentes”.
Respecto al proceso de invalidación, explicó que aquello es potestad de la superintendencia, pero que debe hacerse previa audiencia con el interesado. Dado que la superintendencia emitió su resolución de marzo pasado sin haber tenido audiencia con quienes reclamaban de la autorizaión de la fusión, la Contraloría le ordenó a la entidad que dirige Osvaldo Macías que inicie un proceso formal de invalidación y que escuche lo que tengan que decir las partes interesadas.
«La decisión de ejercer o no la potestad invalidatoria debe ser el resultado de un procedimiento administrativo, en el que, una vez conferida audiencia a los interesados y con el mérito de los antecedentes del expediente, la administración resuelva la mantención o expulsión de ordenamiento jurídico de los actos en cuestión, situación que no ha tenido lugar en la especie”, reza el dictamen emitido el 28 de junio pasado y conocido ayer.
En función de aquello, la Contraloría ordenó a la superintendencia iniciar en no más de 15 días hábiles el proceso de invalidación, otorgando audiencia o traslado a los interesados y, con el mérito de los antecedentes reunidos en el procedimiento de invalidación, resuelva “en derecho”.
Aunque no existirían plazos legales para el término de procedimiento, fuentes de proceso indicaron que no debería durar más de 6 meses.
En paralelo, fuentes del proceso indicaron que la superintendencia acudirá a Contraloría en consulta para saber si Macías y el fiscal, Andrés Culagovsky, podrán participar del proceso o deberán inhabilitarse, debido a que fueron parte de la resolución de marzo pasado, donde ya emitieron opinión sobre el tema.
El caso puede abrir un frente adicional a los que ya ha tenido durante todo su gobierno Bachelet. Esto, pues el propio asesor de Principal, el abogado Hernan Bosselin, ha señalado que, si se anulara la operación, la firma estadounidense podría acudir al Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias, del Banco Mundial) y reclamar hasta US$ 10.000 millones en indemnizaciones. Ayer Cuprum no se quiso referirse al caso.
Hace casi cuatro años ya que el grupo asegurador estadounidense Principal acordó con el holding Penta –de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– la compra de la AFP Cuprum en casi US$ 1.500 millones, de los cuales dos tercios fueron a manos de los controladores. A fines de enero de 2013, concluyó la OPA por la AFP y Principal hizo efectiva la adquisición.
Sin embargo, los problemas vinieron en 2014. Agnic había asumido en julio de ese año luego del fugaz paso de Álvaro Gallego por la superintendencia, quien había tenido públicas disputas con las AFP.
En septiembre de 2014, poco menos de dos meses después que llega Agnic, Principal ingresa la solicitud para fusionar Cuprum con la sociedad PIC. Sin embargo, Agnic les insta a modificar el proceso, pues solo se pueden fusionar dos AFP. Por ello, Principal crea Argentum y solicita la fusión a fines de ese año.
Los primeros días de enero de 2015 se aprueba la fusión por parte de la superintendencia. Como la solicitud ingresó antes del 31 de diciembre de 2014, la operación queda exenta de las nuevas medidas incluidas en la reforma tributaria aprobada el primer año de gobierno de Bachelet, entre las cuales seincluía la eliminación del goodwill tributario por operaciones de este tipo.
Así las cosas, Principal obtiene una postergación del pago de impuestos por $ 80 mil millones, los que debería pagar en diez años más. Sin embargo, el caso estalla en mayo de 2015, a propósito de algunas publicaciones de prensa que develaban el entramado tributario detrás de la operación.
Una entrevista de Agnic en esos días la deja en una situación política precaria. En dicha entrevista, concedida a La Tercera, la superintendenta de entonces dice que no hubo ilegalidad en el proceso, que Argentum no es una AFP de papel y asegura que habrá beneficios para los afiliados.
Sus declaraciones generan escozor en el mundo político y distintos parlamentarios, en particular de la Democracia Cristiana, inician una ofensiva política y comunicacional contra Agnic. Se crea una comisión investigadora, donde acude la propia Agnic y se enfrenta en duros términos con Fuad Chahin, el más enconado rival de la operación en el Parlamento. Todo esto en 2015.
En paralelo, la ministra de Trabajo oficia en mayo de 2015 a Agnic, cuestionando la legalidad de las autorizaciones y conminándola a no aprobar operaciones similares en el futuro. Nada de esto ocurre. De hecho, en septiembre de 2015 la propia Agnic aprueba la fusión de la AFP Provida con Acquisition Co., en las mimas condiciones que había sido cuestionada Cuprum y consiguiendo un goodwill tributario de casi el doble, cercano a los US$ 280 millones.
Agnic pierde el piso político y se distancia de Bachelet. En enero de este año, puso su cargo a disposición y Bachelet decide finalmente removerla del mismo, asumiendo en su reemplazo, en febrero pasado, el entonces intendente de seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros (Osvaldo Macías), funcionario con años de experiencia en la repartición que lidera hoy Carlos Pavez.
Apenas un mes después de asumir, Macías intenta zanjar el caso.
Emite una resolución el 4 de marzo de 2016, donde afirma que, si bien hubo decisiones de su antecesora que no eran necesarias, esto no constituye una ilegalidad y menos justificaría echar pie atrás en la operación. El argumento fundamental para aquello es que Principal siguió las instrucciones de Agnic –de hecho, modificó el procedimiento que llevarían a cabo por las indicaciones de la ex superintendenta– y, por ende, hubo buena fe de su parte. Junto con ello, advirtió –como se señalara más arriba– que si se invalidara la fusión se iría contra el bien superior de la certeza jurídica que requieren los inversionistas que se someten a las decisiones de las autoridades sectoriales.
Su resolución no satisfizo a los parlamentarios, que acudieron a Contraloría para que clarificase el punto. La entidad que dirige Jorge Bermúdez pero que en este caso actúa a través de su subrogante, Patricia Arriagada (por la inhabilitación de sí mismo que hizo Bermudez para este caso), ya había advertido de la ilegalidad de algunas acciones de la superintendencia en el proceso, pero no había ordenado iniciar el proceso formal de invalidación.
Eso fue lo que ordenó el martes pasado y que se conoció ayer.
La decisión de Contraloría no determina necesariamente que la operación se vaya a anular. Solamente implica que, para emitir una resolución como la que sacó en marzo pasado, debe escuchar a las partes, atender todos los planteamientos y luego resolver en derecho.
Contraloría deja en claro que no le corresponde decidir si legalmente la operación está limpia, sino simplemente asegurarse de que los procedimientos administrativos seguidos por la Superintendencia se ajusten a la ley.
Cuprum es una de las mayores AFP del sistema. Si bien tiene solo el 6,3% de los afiliados (640 mil), maneja más del 21% de los fondos del sistema, bordeando los US$ 35.000 millones. Esto, porque sus cotizantes –los afiliados que ahorran de manera efectiva mensualmente– tienen el más alto ingreso imponible promedio (superior al $ 1,3 millón mensual).
Además, la AFP fue indirectamente involucrada en el escándalo de platas políticas del caso Penta, pues según el ex gerente general de Empresas Penta –que controlaba a Cuprum hasta que fue vendida–, aseguró que en el proceso de venta se generaron ingresos para el grupo, derivados de la gestión de la operación, que no estarían justificados. De esto, al menos hasta ahora, la Fiscalía nunca ha dado mayores antecedentes ni ha imputado a nadie.
Eso sí, el fiscal que formalizó a los dueños de Penta cuestionó en su momento el pago de impuestos hecho por el grupo, a propósito de la enajenación de la administradora, afirmando que debió haber cancelado mucho más que los $ 28 mil millones que –dijo– pagaron al Estado.
