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Propuesta considera un periodo de transición

Movimiento “No+AFP” finalmente muestra sus cartas y no sorprende: propone reemplazar sistema actual con uno de reparto y promete jubilación mínima de $277 mil

por 30 noviembre, 2016

Movimiento “No+AFP” finalmente muestra sus cartas y no sorprende: propone reemplazar sistema actual con uno de reparto y promete jubilación mínima de $277 mil
Promete que no se expropiarán las cuentas de capitalización individual. Cotización sube a 18% sobre ingresos imponibles y la mitad la paga el empleador. El movimiento sostiene que el sistema propuesto garantizará una pensión universal del 100% del Salario Mínimo, independientemente del monto y tiempo de las cotizaciones. Cabe mencionar que tanto la Presidenta como la Comisión Bravo han descartado la opción de reparto por considerarla inviable económicamente. La propuesta implica un aumento paulatino del gasto público en pensiones que irá de 3% del PIB en 2017 a 9% a fines de este siglo. Da como referencia que la mayoría de los países OCDE superan en promedio el 10%.
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Tras meses de marchas y debates, la Coordinadora Nacional de Trabajadores “NO+AFP” presentó su propuesta para reformar el actual sistema de pensiones. Y, tal como prometió, la propuesta elimina el actual sistema de capitalización individual y lo reemplaza por uno de reparto.

Promete una pensión universal mínima garantizada por el Estado de $ 277 mil pesos mensuales, muy por encima de los $102 mil pesos que la Pensión Básica Solidaria comenzará a entregar desde enero de 2017. Esa pensión será independiente del monto y tiempo de las cotizaciones.

“El modelo que proponemos es un nuevo sistema, de reparto, solidario y con financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y Estado, basado en los principios de la Seguridad Social generalmente aceptados que reemplazará el sistema de capitalización individual de las AFP”, dice el documento que entregó el movimento.

Explica que los sistemas de reparto están basados en la solidaridad entre generaciones. “Se trata del traspaso de parte de la riqueza actual que los pensionados contribuyeron a crear, desde las presentes generaciones activas a los pasivos, con el objeto básico de mantener continuidad del poder adquisitivo del pensionado, respecto a su situación cuando era trabajador activo, con pensiones definidas en relación con los años de cotización y las remuneraciones que el trabajador cotizante tenía en su vida activa”, detalla.

Agrega que se financia colectivamente, “bajo el principio de la solidaridad intergeneracional, vale decir, las cotizaciones de los activos se destinan a pagar las pensiones de quienes se han jubilado (pasivos)”.

La propuesta presentada promete que no se expropiarán las cuentas de capitalización individual, la cotización sube a 18% sobre ingresos imponibles y la mitad la paga el empleador.

“Las contribuciones contempladas de trabajadores y empresas, así como el aporte del Estado, contemplan un periodo de transición para aliviar cualquier impacto inicial indeseado al mercado de trabajo o a las empresas”, añade, junto con puntualizar que su propuesta “es aumentar gradualmente el aporte de los empresarios hasta el 9% en 2024, fecha en la que la cotización del trabajador también quedará en 9%”.

El resto lo financiará el Estado desde el presupuesto de la nación, sobre la base de los tributos generales. Eso implica un aumento del gasto público en pensiones. "Habrá un aumento paulatino del gasto público desde 3.07% el año 2017, y recién a fines del siglo XXI, bordeará 9% como porcentaje del PIB, cuando la mayoría de los países de la OCDE habrán superado en promedio el 10%".

Derechos adquiridos y certeza de ingresos

La propuesta es clara en mencionar que se respetarán “todos los derechos adquiridos por los trabajadores”.

Mantiene la edad para pensionarse por vejez para mujeres en 60 años y en 65 para los hombres. Y como elemento clave para responder a las críticas que le han hecho desde la industria y sectores empresariales, la propuesta se compromete a que no se expropiarán las cuentas de capitalización individual. “Se respetará plenamente la propiedad que tienen los trabajadores que han cotizado sobre sus ahorros previsionales, que conservarán los ahorros acumulados en sus cuentas hasta el momento de incorporarse al nuevo sistema de reparto, más las utilidades por intereses producidas hasta el momento de pensionarse”, plantea el documento.

Explican que el nuevo sistema completará los montos de las pensiones “hasta alcanzar el monto previsional superior correspondiente”.



Subsidio solidario a las mujeres cotizantes

El nuevo sistema de previsión propuesto daría un subsidio a las mujeres, “debido a su mayor carga en labores domésticas y de cuidado y discriminación salarial en el mundo del trabajo”. Y explica que, para calcular la pensión contributiva resultante, se bonificará a las mujeres con 5 años en total.

Los trabajadores que ya están pensionados verán reajustadas sus pensiones de acuerdo con los criterios del nuevo sistema.

El documento informa que en los cálculos del referido nuevo sistema se ha considerado a los trabajadores independientes como no cotizantes. Eso los pone en el rango de los que tendrían derecho a la Pensión Universal al alcanzar la edad de pensionarse. Pero estiman que dichos trabajadores deberán cotizar a fin de poder acceder a una mejor pensión. “Para ello se propone que los trabajadores independientes coticen el 9% de sus boletas de honorarios. El contratante del servicio tendrá la obligación previsional de cotizar el 9% adicional”.

Cabe mencionar que tanto la Presidenta como la Comisión Bravo han descartado la opción de reparto por considerarla inviable económicamente.

“La Comisión fue clara en no sustentar un sistema de reparto puro, como se ha estado proponiendo”, manifestó en su momento David Bravo. “Requiere de un incremento muy fuerte de las cotizaciones e impuestos cuando las reservas se agotan. Pensamos que ese sistema reduce el ahorro y la inversión, y es algo muy serio cuando estamos en un proceso de transición demográfica como en la que está Chile, con un envejecimiento acelerado”, explicó el economista que lideró la comisión.

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