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Mala gestión, falta de regulación y estafas: los factores que gatillaron la crisis de Masvida y tienen a la isapre por el suelo

por 17 marzo, 2017

Mala gestión, falta de regulación y estafas: los factores que gatillaron la crisis de Masvida y tienen a la isapre por el suelo
La fallida isapre hoy es considerada como una de las primeras víctimas de un sistema de salud en crisis, sin embargo, su situación responde a una cadena de hechos que oscilan entre la negligencia y el dolo. Una gestión que con la perspectiva del tiempo arroja conflictos de interés evidentes, extracciones de capital sospechosas que tienen a los principales ejecutivos del holding en la mira del Ministerio Público, así como advertencias que desde 2015 se le hicieron a una criticada Superintendencia de Salud, explican en parte la situación que atraviesa la afectada aseguradora.
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En 2018 Masvida cumpliría 30 años. En 1988 un pequeño grupo de médicos de Concepción fundaba esta isapre como una oportunidad económica en pleno proceso de privatización del sistema de salud, el mismo que hoy tiene a toda esta industria en crisis y con un futuro absolutamente incierto.

Lo anterior, sin embargo, explica solo parte de una hecatombe más bien multifactorial, en la cual confluyeron problemas de gestión y gobierno corporativo, fallas de regulación y también estafas. Con un directorio ya renunciado, la Superintendencia de Salud designó al interventor Robert Rivas como el responsable de sacar a la isapre de su crisis, a través de una fórmula que hasta ahora es desconocida, pues esta puede ser la cancelación del registro y la posterior licitación de la cartera de afiliados, o la entrada de un nuevo dueño.

En un año la isapre perdió más de 40 mil beneficiarios y, solo durante enero y febrero, alrededor de 25 mil, echando por tierra una agresiva estrategia liderada por Claudio Santander, el renunciado presidente del directorio de Empresas Masvida, que consistía en captar la mayor cantidad de afiliados sin aumentar el precio de los planes de salud, desmarcándose de una tendencia seguida por el resto de sus competidores y que se ha traducido en millonarias costas judiciales.

Esta es la historia de cómo la isapre de médicos pasó de ser uno de los principales actores del sistema, siendo parte de un holding dueño de la red de clínicas más grandes del país, a ser hoy objeto de investigación del Ministerio Público, el cual a través del fiscal Carlos Gajardo –el mismo persecutor de las inescrupulosas platas políticas– busca responsabilidades personales de delitos que parten desde el eventual falseamiento de estados financieros a otros presuntos ilícitos que aparecen en el camino, todos –por cierto– aún bajo investigación.

Una larga cadena de planes fallidos

¿Cuál es el plan B? Fue la pregunta que se le hizo a Santander en caso de que la oferta lanzada por Southern Cross (SC) no prosperara. “No. La pregunta correcta es cuál es el plan E, porque este es el D”, recuerda Ricardo Burmeister, miembro del directorio de Empresas Masvida, a propósito de la interrogante que se le hizo al mandamás del holding.

El relato en el entorno del directorio de Masvida apunta a una sucesión de hechos desafortunados que radicaron principalmente en factores de mercado. La incapacidad de capitalizar el conglomerado respondía a factores económicos, considerando que la empresa se encontraba en una industria de alta incertidumbre jurídica, a propósito de cambios que hasta ahora no se materializan, lo que terminó gatillando el congelamiento de boletas de garantía de los bancos.

El holding necesitaba capital con urgencia. Años antes, en los últimos días del Gobierno de Sebastián Piñera, en Masvida preveían los cambios de reglas en el sistema. Jaime Mañalich, ex ministro de Salud de esa administración, ya advertía reformas y, con la ascensión de Michelle Bachelet a La Moneda, estos serían un hecho. Con ese panorama, el directorio del grupo trazó una hoja de ruta que tenía como horizonte la búsqueda de nuevos negocios, por tanto, decidieron hacer crecer su red de clínicas.

“Empezaron los problemas de legitimidad de las isapres y nuestra visión fue crear una alternativa en caso de que desaparezcan. Esa alternativa fue crear una red de clínicas y una compañía de seguros. En caso de esta última, solo llegamos hasta el momento de la creación de la empresa, ya que nos quedaba grande, era muy caro hacerla andar. Fue el primer signo de preocupación, esto hará hace unos cuatro o cinco años”, detalla Burmeister.

Un ambicioso plan que, según recuerda Fuad Hamed, ex director de MV Clinical –firma de la cual se desprenden las clínicas del holding–, consideraba una inversión de $16 mil millones, sin considerar el centro médico de Concepción, que en un principio es estimó en UF220 mil, pero terminó siendo por UF380 mil.

Dicha estrategia empezó a afectar la situación financiera del conglomerado, pues, en el intertanto, la isapre había mantenido intactos el precio de sus planes por lo menos hasta 2015.

Una vez que SC terminó su due diligence y se llevó a junta su plan por quedarse con el 55% del holding, se le preguntó a Raúl Sotomayor, socio del fondo de inversión, por las causas de la actual situación de la compañía. Su respuesta fue la siguiente: “Sabe lo que pasa, el error fue no haber tratado de conseguir plata antes”, pero el directorio, de acuerdo a Burmeister, ya había tratado de buscar capital.

Es que la mesa presidida por Santander ya acumulaba varios intentos fallidos por captar recursos. El plan A fue una idea que nunca se materializó: la capitalización del holding. “No lo hicimos porque la respuesta la teníamos desde ya. Conocemos a los socios. No estaba dentro de nuestro ADN que todos los médicos pusieran $20 millones. Seis mil médicos poniendo esa plata es un poco utópico (…). Muchos tenían muy poco interés en la isapre. Llamábamos a reuniones, pero llegaban siete u ocho personas”, cuenta.

Luego quisieron emitir un bono en el mercado local, pero la fallida colocación de Banmédica en febrero de 2015 los hizo apuntar a EE.UU. Se pasó del plan B al C. En agosto de ese año, Santander daba detalles de una colocación privada por US$117 millones en Wall Street, la cual tampoco se efectuó. Esa gestión se hizo de la mano de la auditoria Ernst & Young, sin ningún banco de inversión de por medio, demostrando la falta de experticia del directorio.

La comitiva de Masvida regresó a Chile con la cola entre las piernas, pero lo peor comenzaría cuando, a partir de entonces, los bancos comenzaron a denegarles boletas de garantía y se descubre el presunto fraude de Víctor Estrada, ex gerente de Las Lilas.

“Cualquiera que estuviera en el directorio habría hecho lo mismo que nosotros. No somos genios de la economía. ¿Por qué estábamos nosotros? Por historia. Si hubiésemos querido meter a otras personas, el resto habría alegado por la inclusión de ingenieros comerciales. Actuamos con convicción, creyendo en lo que teníamos que hacer”, se defiende Burmeister, una visión contrastada absolutamente por su par de MV Clinical, el renunciado Fuad Hamed.

“Claramente en el doctor Santander, a quien le tenía un gran aprecio, uno no puede desconocer que su forma de liderazgo, extremadamente fuerte, hizo que estos gobiernos corporativos no funcionaran bien. De alguna u otra forma dejaron de ser pluralistas, es difícil poder luchar contra personas que en sus manos, en una empresa, concentran tanto poder e información. Los directores terminaron por ser meros acompañantes del doctor Santander y el señor Erwin Sariego (gerente general)”, sostiene.

Las sospechosas fugas de capital

Uno de los varios inversionistas que han revisado los números de la isapre es enfático: “Esta compañía se la robaron”. Esto, por una de serie de factores, además del caso de Estrada, un conjunto de gastos rechazados por parte del Servicio de Impuestos Internos y otros problemas de gestión que pudieron haber afectado el interés económico del holding en beneficio de algunos de sus principales ejecutivos.

El caso de Estrada parece ser clave. A principios de agosto, MV Clinical presentó una querella por el delito reiterado y consumado de estafa contra todos los responsables ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, con dardos apuntando directamente hacia quien era gerente de Las Lilas, pero también gerente general de MV Clinical.

A este se le acusa de haber facturado más de $4.500 millones entre 2011 y 2016, mediante servicios prestados por sociedades personales en asesorías inexistentes. Al tiempo de la salida de Estrada, se produjo el despido de José Bäuerle, ex gerente de finanzas del grupo, con quien compartía sociedades y mantenían una relación de amistad de más de 30 años. Este último ejecutivo, como se ha dicho en publicaciones anteriores, es también tío del ex jefe de fiscalización, Marcelo Ricci Bäuerle, quien era parte del equipo de la Superintendencia de Salud que permitió la constante liberación de garantías a favor de la isapre.

Estrada ha negado todo lo que se le imputa y dijo a este medio que cada uno de esos servicios respondieron a instrucciones de Santander.

En este caso, Hamed explica que “el directorio de MV Clinical no interfería mayormente en las decisiones gerenciales de cada clínica. Todas las clínicas tenían su propio directorio y su gerente general. MV Clinical recogía información de cada una sobre su funcionamiento. Nos parecía importante que cada una de estas unidades de negocio se manejaran con autonomía. Si todas las decisiones se toman a nivel central, las decisiones podrían ser pésimas. Ahora, el doctor Santander era el presidente de los directorios de todas las clínicas de Chile, excepto Magallanes e Isamédica (Rancagua)”, señala.

Con la salida de Bäuerle llegó José Muñoz, ex auditor de Ernst & Young, consultora que revisó los balances no solo del holding, sino también de Las Lilas. Según Burmeister, era la persona indicada para suceder a Bäuerle en la gerencia de finanzas, porque conocía a la firma por años. En efecto, la auditó durante 15 ejercicios.

Otra arista que dice relación con lo mismo es la causa que lleva adelante el abogado Remberto Valdés, quien representa a varios accionistas del holding, por una serie de gastos rechazados por parte del SII, precisamente por boletas ideológicamente falsas.

Según el jurista, diez altos ejecutivos de empresas Masvida tienen constituidas sociedades con familiares que le han extraído valor al conglomerado. Su estimación apunta a un perjuicio económico de $2.112 millones, que ha tenido que asumirlos la compañía. “Esto origina que varias empresas del holding Masvida tengan que sincerar, a través de sucesivas rectificaciones entre los años 2013 y 2016, pagos que no pueden ser inferiores a los $4 mil o $5 mil millones”, dice Valdés.

Su denuncia está en curso y no ha arrojado nuevos antecedentes. En Empresas Masvida explican que el propio Santander buscaba que sus remuneraciones se pagaran, una parte, sobre la base de sueldos y, la otra, con bonificaciones a sus sociedades, una práctica generalizada no solamente en la industria médica, sino también en todo el mundo empresarial, como lo destapó el caso Penta.

Otro caso de sospecha respecto de la extracción de valor en el afectado holding radica en la misma gestión. Particularmente en Infovida, empresa que concentraba el manejo financiero y contable de todo el holding y a la cual se le imputa el eventual falseamiento de estados financieros que investiga el Ministerio Público.

En esta empresa, deel 66% es dueña Empresas Masvida, pero el resto es compartido por minoritarios, entre los cuales se destacan el propio Santander y Sariego. Según reveló ayer Diario Financiero, en el marco de las negociaciones con Southern Cross, Infovida citó a junta extraordinaria para aprobar el acuerdo de su matriz con el fondo de inversiones, lo cual desencadenó el derecho a retiro de los minoritarios de ambos ejecutivos.

Según relata Hamed, ex director de MV Clinical, “a las clínicas se les obligaba a tener sistemas de contabilidad con Infovida, los cuales no eran buenos productos al analizar los sistemas computacionales de las otras clínicas. MV Clinical intentó descentralizar muchas actividades, pero, en más de una ocasión, con excepción de la Clínica El Loa, los sistemas computacionales eran un dolor de cabeza. Pero el presidente del directorio y Erwin Sariego apoyaban de manera irrestricta la contratación de Infovida. Hay por lo menos un conflicto de interés en esa toma de decisiones”, afirma.

El Ministerio Público ya recabó todos los contratos entre las empresas coligadas del holding, y el de Infovida ya sería parte de su expediente.

La inacción del regulador

Hace solo unos días, Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud, justificaba el timing de la intervención a la isapre. Su gestión la ha defendido apuntando a que lo importante es la continuidad de la misma y la seguridad de sus beneficiarios, pues una intervención siempre ha sido considerada como una salida, pero no antes de que la firma incumpliera sus indicadores.

Sin embargo, una vez que se destapó el hecho de que los balances de la isapre estaban erróneos, ya el cumplimiento de ratios era irrelevante. Su visión, en todo caso, no es compartida por todos. Uno de los más críticos ha sido Gonzalo De la Carrera, ex presidente de la isapre Colmena y hoy máximo ejecutivo de La Polar.

En conversación con este medio, dice que en noviembre de 2015 le hizo ver a Pavlovic y su jefe de estudios que los números de Masvida no cuadraban. Le presentó a la Superintendencia tres focos que merecían la preocupación del regulador. El primero: “Masvida reportaba sus ingresos en base a lo devengado y no lo efectivamente recaudado. Sus ingresos no era lo que cobraban, sino lo que pretendían cobrar, lo cual no está en línea con lo que hace el resto de las isapres”. A su juicio, los mayores ingresos que reportaba la compañía y que, sin embargo, no los tenía en sus arcas, rondaban los $30 mil millones.

La segunda denuncia radicaba en sus ingresos no operacionales. “El ingreso no operacional de Masvida era mucho más alto que el resto de las isapres y nos preguntamos por qué. Ahí descubrimos que tenían préstamos intercompañías, que se lo hicimos ver al superintendente”, los cuales eran a tasas altas y en la realidad se trataba de pasivos incobrables.

Lo tercero eran los gastos incurridos y no reportados, lo cual dice relación con el famoso costo médico denunciado por Southern Cross. “La isapre no tiene por qué saber que sus afiliados se atendieron, si no procesas rápidamente los gastos que la clínica genera. En tu tubería puedes tener muchas facturas que no se han reconocido en su contabilidad. Hay varias maneras de no enterarse, como que la sucursal reciba facturas sin enviarlas a la casa matriz, pudiendo guardarlas en un cajón. Para que no existan estas malas prácticas, existe un modelo regresivo que te estima lo no reportado en base a tu historia, pero el incurrido no reportado de Masvida no existía, estaba subestimado”, explica.

“Le hicimos ver esta situación en noviembre de 2015 a la Superintendencia. Había tres cosas que daban luces, habría que ver qué efectivamente les preguntaba Pavlovic. A nosotros nos llegaban todas las semanas circulares de la Superintendencia, lo cual es propio de su fiscalización, pero es distinto preguntar y supervisar cosas puntuales”, agrega.

Posterior a ello, se sinceró otro foco de preocupación, como los $20 mil millones en licencias médicas que la isapre le debe al Estado, lo que implicaría que el hoyo financiero de la aseguradora sería mucho mayor.

Hace unos días, el mismo ex ejecutivo de Colmena protagonizó un duro round con Pavlovic en Radio ADN, planteando abiertamente la duda sobre sus últimas decisiones y su relación con Victoriano Cerda, ex dueño de la isapre Óptima y responsable de llevar el negocio del holding a Nexus Partners, hoy dueños de dicha isapre. Cerda, a su vez, es dueño de Hema, sociedad que intermedió convenios entre Masvida y Cruz Verde, pudiendo facturar anualmente unos $2.500 millones, asunto que es defendido por ejecutivos del grupo, ya que mejoró los términos de negociación que tenía con otras farmacias.

En esa crispada conversación, De la Carrera se refirió a la relación de amistad que supuestamente tendría Pavlovic con Victoriano Cerda, lo que explicaría el “corralito” de afiliados en Masvida, considerando que Cerda llevó el negocio a Nexus Partners, el que estriba básicamente en la adquisición de la cartera de afiliados de la isapre. El superintendente negó absolutamente dicho conflicto.

Las críticas a Pavlovic no solo provienen de este ejecutivo, sino también de otros actores. Entre enero de 2016 y el mismo mes de 2017, el regulador liberó $60 mil millones en garantías a la isapre. En opinión de un inversionista que revisó Masvida, “la Superintendencia podría liberarla de estas obligaciones quizás en dos o tres ocasiones, pero cuando esto es una constante, ya hay que preocuparse”.

Hamed, ex director de la red clínicas, coincide: “Te libraba garantías, pero las deudas había que encajarlas de igual manera. Cuando uno habla de faltas de mecanismos de control, sin lugar a dudas hay que mirar la Superintendencia. Sin tener yo el detalle fino, creo que la Superintendencia pudo haber hecho más y antes”, recalca.

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