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Desde las AFP especulan con que Macías fue presionado por el Ejecutivo

El duro round del Gobierno y AFP Habitat en la víspera del envío del proyecto de reforma al sistema de pensiones

por 13 julio, 2017

El duro round del Gobierno y AFP Habitat en la víspera del envío del proyecto de reforma al sistema de pensiones
Superintendencia de Pensiones ofició a AFP, advirtiendo que la pregunta sobre la gestión del 5% de cotización adicional estaba incompleta y podía inducir a “confusión” o “equívoco”. Habitat dijo inicialmente que modificará la encuesta, pero que la mantendría; sin embargo, luego decidió suspenderla temporalmente a la espera del análisis del oficio. El año pasado la administradora de fondos de pensiones ya tuvo un choque con el Gobierno, después de enviar una serie de cartas a sus afiliados. Aquí las claves de la ardiente disputa.
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A pocos días de que el Gobierno ingrese al Congreso el proyecto de ley que apunta a un profunda reforma el sistema de pensiones, la tensión se instala. Y su principal protagonista es AFP Habitat, que acaba de desatar una dura polémica con la Superintendencia de Pensiones.

Ayer, dicho regulador envió un oficio a la gestora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ordenándole que ponga fin a la encuesta que había iniciado a fines de la semana pasada para preguntarles a sus afiliados sobre la propuesta gubernamental de elevar a 15% la cotización de los afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, que hoy es de 10% y que es administrado por las AFP.

Según ha anunciado el Ejecutivo, ese porcentaje adicional será de cargo de los empleadores e irá a una cuenta individual de los afiliados (3 puntos) y a un fondo solidario (2 puntos). Además, ese 5% será gestionado por una entidad pública por crear.

Las AFP cuestionan esta idea y piden que el total del monto adicional vaya a las cuentas individuales, asegurando que por ese porcentaje no cobrarán más comisión. Por eso, en su encuesta, Habitat consulta si los afiliados prefieren que ese 5% lo gestione la AFP y sin cargo adicional, o el Estado y con una comisión adicional a la actual. También preguntan si quieren que todo o parte del 5% adicional vaya a sus cuentas individuales.

El tema es clave en el contexto actual, pues se estima que el Estado pasaría a administrar más de US$ 3.000 millones cada año, cifra que aspiran a manejar las AFP.

Según las gestoras, el alza de la cotización solo agrega ahorro y por ende su comisión –que se calcula sobre el sueldo y no el porcentaje de ahorro– no se moverá. Aunque el Estado no ha dicho cuánto cobrará la institución que se cree, se sabe que no será gratis, aunque inicialmente se acercaría a lo más barato del mercado.

Lo cierto es que, en su oficio, la autoridad advirtió que la pregunta es incompleta, ya que el Gobierno no ha enviado el proyecto de ley y porque además del 5%, se han anunciado más elementos que no fueron incluidos en las preguntas de Habitat, lo que a su juicio podría inducir a confusión.

“(…) Asumiendo que su encuesta está basada en información de dominio público, cabe señalar que la forma en que se presenta solo contempla parte de los elementos difundidos por las autoridades en la referida materia. De ese modo, la administradora proporciona información parcializada, lo que no permite a sus afiliados disponer de todos los elementos necesarios para evaluar su propuesta. Todo lo anterior implica que esa administradora ha entregado a sus afiliados información incompleta, que puede inducirlos a equívocos o confusiones”, señala el oficio.

Por ello le ordenó detener la encuesta y la publicidad de la misma, advirtiendo que no se pueden hacer públicos los resultados, al menos en lo que iba hasta ayer. Esto, puntualizó, mientras las correcciones planteadas no se concreten.

La autoridad no explicitó cuáles son esos cambios, pero en el horizonte figuró la crítica pública que le hizo la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, el lunes pasado en Twitter, donde advirtió que Habitat daba a entender con la pregunta que los afiliados tendrían que poner el 5%, cuando serán los empleadores, y cuestionando el ejercicio de la gestora.

El malestar de Macías

Hasta ese momento, el titular de la Superintendencia, Osvaldo Macías, no había dicho nada. Habitat hacía publicidad en medios escritos y televisivos y gestionaba con medios de comunicación artículos sobre el tema, con poca llegada en ese intento. Pero eso cambió con el Twitter del lunes de la subsecretaria de Previsión Social y luego, sin duda, con el oficio de ayer de la autoridad.

Desde las AFP especulan con que Macías fue presionado por el Ejecutivo, lo que no fue corroborado ante la autoridad.

En el oficio, el superintendente habla en genérico, no alude al punto de Jara ni plantea otros. No dice qué se debe agregar a la encuesta ni cómo, solo recuerda los principios de la normativa. “Es deber de esta Superintendencia resguardar que la información entregada por las Administradoras a sus afiliados, a través de canales propios o medios de comunicación masivos, se ajuste en todo momento a la verdad y que no induzca a equívocos o a confusiones, ya sea en cuanto a la realidad institucional o patrimonial o a los fines y fundamentos del Sistema, como expresamente lo exige el artículo 26 del D.L. 3.500 de 1980”, señala.

Lo cierto es que, durante la tarde de ayer, Habitat emitió una comunicación en la cual no dejaba dudas respecto a que no echará pie atrás, desafiando a la autoridad. “(…) Sin perjuicio de considerar que no hemos entregado información parcializada, hemos acogido las observaciones de la Superintendencia de Pensiones y complementaremos con mayor información la consulta, con el fin de seguir recogiendo la opinión de los afiliados respecto de algunas de las propuestas que anunció el Gobierno en su cuenta pública del 2 de junio. Estos cambios estarán operativos a la brevedad posible, por lo que continuamos invitando a nuestros afiliados a seguir respondiendo la encuesta”, expresó la AFP, aludiendo a su sitio web. Es decir, Habitat señala que no bajará la encuesta y que incorporará los cambios planteados “a la brevedad posible”.

Sin embargo, poco después de esto, la agencia que asesora a la AFP indicó que “la información sobre que estará disponible la encuesta a partir de las 19.00 horas ya no (es) oficial, pues se ha decidido seguir analizando el oficio de la Superintendencia de Pensiones. Informaremos oportunamente la fecha en que la encuesta estará disponible”.

El cambio no fue explicado por Habitat, pero la autoridad le dio 24 horas para demostrar el cumplimiento de la orden, lo que explicaría el retraso. Sin embargo, hay puntos de fondo que enfrentarán a la autoridad y la gestora.

Zona gris

No es primera vez que Habitat se enfrenta con el Gobierno por comunicaciones con sus afiliados. El 9 de agosto de 2016, la Presidenta Michelle Bachelet anunció por primera vez los contenidos principales de su propuesta de reforma al sistema de pensiones, casi un año después de conocer el informe de la Comisión Bravo.

Dos días después, la superintendencia envió un oficio a las AFP pidiendo copia de sus comunicaciones a afiliados de los últimos tres días. El 16 del referido mes, Habitat envió una carta a los afiliados dando su opinión sobre estas propuestas. Las críticas de la gestora eran ácidas. Allí, entre otras cosas, decía que el 5% es un impuesto al trabajo y que era injusto cargar a futuras generaciones compartiendo parte de sus cotizaciones para mejorar las pensiones del resto.

Al día siguiente, la autoridad recibió de la AFP dicha carta y el 23 de ese mes le envió nuevas instrucciones, recordando la normativa que regula las comunicaciones con los afiliados, similar a lo que hizo esta vez.

No hubo multa ni censura, solo un llamado de atención bajo cuerdas relativo a cumplir las normas que regulan las comunicaciones de las AFP con sus afiliados.

Ayer fue distinto. La autoridad cuestionó explícitamente lo obrado por la gestora, pero sin explicitar los cambios. Aunque esta vez la situación es más compleja y –según comenta un abogado experto en la materia y que ha desempeñado labores en el sector privado y público– revela la existencia de una zona gris en la regulación.

El artículo 26 del DL 3.500 que en 1980 creó el sistema de pensiones de capitalización individual (o “de AFP”, como se le conoce) es central. Como citó la autoridad, protege que las AFP no entreguen información que induzca a errores ni confusiones. Sin embargo, explícitamente no regula las consultas o encuestas que ellas puedan hacer a sus clientes y menos en casos en que se aborden materias aún en debate público o sin que se conozca todavía un proyecto de ley.

Un abogado sostiene que cabría la posibilidad de cuestionamientos en cuanto al giro único de la AFP, que podría no permitirle hacer este tipo de ejercicios estadísticos, aunque también plantea la duda sobre si las bases de datos de que disponen las administradoras de fondos de pensiones, que son confidenciales y que tienen como objetivo que las gestoras informen y se comuniquen con sus clientes, pueda ser usada para encuestas en que se abordan temas donde la AFP tiene claramente conflictos de interés.

Desde Habitat no ahondaron más allá de su declaración. Sin embargo, fuentes cercanas critican que el Gobierno impida conocer la opinión de los afiliados en medio del debate sobre la reforma que viene. Advierten que es lo que siempre las autoridades han reclamado de la industria –falta de comunicación con sus clientes– y que no se entiende este oficio.

Además, cuestionan el punto 5 del mismo, donde se ordena a la AFP no hacer públicos los resultados –parciales hasta ahora– de su encuesta.

Aunque la AFP no lo dijo públicamente, sí lo hizo el gremio que la representa, la Asociación de AFP, cuyo presidente, Andrés Santa Cruz, no se guardó calificativos respecto a Macías.

“Lamentablemente la autoridad se excedió en sus atribuciones, aquí lo que esta en juego es la libertad de las empresas y a mi juicio esta circular pone en peligro esa libertad. Es una circular coercitiva, que va más allá de las atribuciones que tiene la superintendencia; una cosa es que manifieste que se hagan correcciones en cómo pedir la información, pero hay también una limitación en la entrega de la información”, declaró Santa Cruz, aludiendo a la prohibición de usar la encuesta.

Sin embargo, en este punto el DL 3.500 sí es claro y quizás por eso Habitat no reclamó públicamente en relación con ello. “La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones podrá obligar a las Administradoras a modificar o suspender su publicidad cuando ésta no se ajuste a las normas generales que hubiere dictado”, dice el mencionado decreto ley, dejando en total claridad que puede censurar la publicación de dicha información.

Dicho decreto agrega, exactamente después, que “si una administradora infringiere más de dos veces, en un período de seis meses, las normas de publicidad dictadas por la Superintendencia, no podrá reiniciarla sin previa autorización de dicho organismo contralor”. Es decir, si Habitat no detenía su campaña, la superintendencia podría determinar que infringió la norma por segunda vez y la obligaría a obtener su autorización para reiniciarla, haciendo más compleja la reanudación de la encuesta para que sus resultados estén disponibles lo antes posible.

Lo que no se dijo…

Y es que Habitat sabe lo que influirá dicho sondeo. Hasta ahora algunas encuestadoras han hecho preguntas a la población y, en general, han obtenido respuestas que favorecen la opción de que el 5% adicional vaya a cuentas individuales y no a un fondo solidario como implica (para dos puntos de esos cinco) el anuncio del Gobierno. Esa idea ya está instalada en la opinión pública, pero no que el 5% implicará un gasto, para los afiliados, adicional a que si ese dinero fuera a su cuenta en la AFP. De hecho, dicen fuentes ligadas a la gestora, esperan hacer seguimiento a la reforma en el Congreso y así mantener informados a sus afiliados.

No en vano el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, descalificó públicamente a su par del Trabajo, Alejandra Krauss, el 23 de marzo pasado, asegurando que había sido “imprudente” al decir que el 5% no sería gestionado por los privados –“ni un peso más a las AFP, quiero ser categórica”, había dicho la ministra- y por afirmar que el sistema de pensiones estaba “quebrado” y requería más seguridad social. Esto, pues Bachelet solo confirmó la entidad estatal el 12 de abril de este año.

Por eso la agresiva apuesta de Habitat, que se ha caracterizado por tomar la iniciativa en distintas materias en la industria, como cuando fue la única en bajar su comisión luego de no ganar la primera licitación de afiliados nuevos de 2010, o cuando fue justamente esta gestora (en momentos en que la presidía José Antonio Guzmán) la que propuso que se elevara en cinco puntos la cotización.

La CChC es parte clave de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el gremio que agrupa a las más grandes empresas del país y, por ende, tenía su apoyo para elevar la cotización con cargo a los empleadores, aunque estos mismos y economistas del mercado aseveran que en el futuro esa alza de cotización se trasladaría a sueldo.

Ahora lo que se busca es instalar la idea de que será más caro para el afiliado que su dinero no sea gestionado por las AFP y que no todo estará en su cuenta individual, creen fuentes gubernamentales que ven con molestia lo hecho por Habitat.

Cercanos a la AFP indican que es imposible preguntar por todos los temas anunciados por Bachelet, sin embargo, fuentes del Ejecutivo expresan que el oficio solo se remite al tema del 5%. Y, al respecto, la Mandataria dio más detalles que podrían haber influido en las preguntas de Habitat a sus afiliados.

Por ejemplo, la Jefa de Estado indicó que las medidas en el proyecto permitirían subir, en promedio, en 20% los montos de las actuales pensiones de vejez entregadas por las AFP y que, en el caso de las mujeres, podría incluso llegar a un 34%. Además, proyectó “un alza promedio cercana al 50% en las pensiones que tendrán los actuales cotizantes al momento de su jubilación, cuando el sistema esté en pleno funcionamiento”, en 30 o 40 años más.

Además, el 5% se aplicará en 6 años para no afectar el mercado laboral, y el gestor –según dijo Bachelet– “recaerá en una entidad pública y autónoma, con reglas estrictas y altas exigencias profesionales, para que nadie pueda poner en duda su eficiencia, transparencia e independencia”. Además, el 3% que irá a cuenta individual, pero no gestionada por la AFP, será heredable.

De esto, las preguntas de la AFP no dicen nada y en parte es esa la información que podría pedir la autoridad que se incluya, para no confundir o inducir a equívoco.

Aún más, el abogado experto recuerda los dichos de Macías a propósito de la orden a Planvital de no aplicar su plan de cierre. En una entrevista a La Tercera, el super de Pensiones dijo duramente que las AFP tenían que entender que este “no es el mercado de las papas”, advirtiendo que las gestoras son parte de un sistema de seguridad social.

En dicha entrevista, Macías es consultado por el efecto real de cerrar locales de la AFP cuando solo lo sufriría el 4% de la cartera de afiliados, unos 40 mil. “De nuevo un número. El 4%, cuántas personas son: 40 mil. ¿Esas personas son insignificantes para efectos de la toma de decisiones? Nosotros pensamos que no, que no son insignificantes, que la seguridad social está en juego y que cualquier administradora (en el futuro) va a ser muy responsable cuando toma sus decisiones, porque afectan a personas que están cotizando para su pensión, en gente que está jubilada, y eso es un aspecto que las AFP deben poner en el centro de sus análisis”.

Justamente, como reconoce una fuente cercana, en el caso de Habitat y de todas las AFP, el 5% adicional, si fuera gestionado por estas, sí implicaría costos adicionales para algunos afiliados. Esto, pues también se elevará considerablemente el tope imponible en el sistema, que hoy bordea los 2 millones de pesos y que –según el Gobierno– llegará a unos 3 millones.

Todo ese incremento en el tope imponible llevará aparejada un alza en lo que el afiliado paga, puesto que la comisión es en función del sueldo. En ese caso, eso sí, solo se ubican quienes actualmente figuran en el tope, que representaría casi un 5% del total de cotizantes del país, es decir, unos 250 mil.

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