Documento fue por encargo de la Superintendencia de Salud
El informe es clave para los intereses de la fallida isapre, la cual busca anular la operación de venta a Nexus o, al menos, modificar los términos de la polémica transacción. Esto, porque el documento identificaría una serie de virtudes de su ex cartera, que no justificarían el precio de $8 mil millones que pagó el fondo. El documento se conoció cuando la venta ya se había materializado.
Masvida quiere recuperar su cartera de afiliados o, bien, modificar los términos de su polémica venta.
Hace unas semanas presentó una querella en contra de todos aquellos que resulten responsables de los delitos de apropiación indebida, estafa, extorsión y asociación ilícita, precisamente por los términos de la venta de sus más de 500 mil afiliados y beneficiarios por un monto de $8 mil millones; transacción que, acusan, aprobaron bajo presión.
Con ese objetivo en miras, la compañía recientemente conoció un informe de carácter reservado y que para sus planes puede ser clave. Se trata de un estudio encargado por la Superintendencia de Salud a la Universidad de Chile, el cual abordó las condiciones de su cartera para ser licitada, haciendo un profundo análisis de la misma y arrojando conclusiones que para el fallido holding no se condicen con el precio de venta que se hizo a Nexus.
Esto, porque en la empresa destacan ciertas virtudes que identificaron los tres economistas que participaron del estudio (Carlos Noton, Andrés Otero y Benjamín Vatter) sobre la cartera de la isapre y, quizás lo más importante, sus márgenes brutos sobre la base de los datos administrativos de la superintendencia. El informe no se hizo a partir de los cuestionados estados financieros de Masvida.
Así, entonces, el estudio de la Universidad de Chile abordó en detalle la cartera de Masvida y concluyó que el margen bruto para 2015 y 2016 de la isapre fueron $135.037 millones y $173.698 millones, respectivamente, con una relación de costos e ingresos, entendiendo a este último como cotización pactada, de 38% y 49% para el 2015 y 2016, respectivamente.
Esas cifras, para la actual administración de Masvida, son reveladoras. Solo calculando los ingresos por cotizaciones versus el costo de siniestralidad anualizados, serían decidores para calificar la venta de su cartera de $8 mil millones como un proceso viciado. Esto, a pesar de que para la superintendencia dichos datos no son del todo relevantes, pues, si no fuera por Nexus, ningún interés por comprar su cartera prosperó.
El informe, igualmente, recomienda la venta de la cartera y no su licitación, pues asume, sin identificar un número concreto, que es esperable que un subconjunto de afiliados no se encuentre con una oferta adecuada en el mercado, viéndose directamente perjudicados. Sin embargo, más allá de esta recomendación, para Masvida lo relevante es que en términos generales tenían una buena cartera, por tanto, es el precio de la transacción lo que les sigue irritando.
Por otro lado, el informe también gatilla nuevas críticas en contra del regulador. La venta de la cartera se efectuó a fines de abril y ya el 1 de mayo era parte de la Nueva Masvida. Sin embargo, el informe de la Universidad de Chile se entregó a la autoridad precisamente en mayo, una vez que la transacción ya estaba hecha. Por ello, en Masvida critican que su directorio aprobó la venta de su principal activo no solo bajo presión sino también con desinformación.
Cuando aprobaron la venta, todo apuntaba a que su cartera no podría ser apreciada por otras isapres, considerando que los datos que se barajaban era que tenía unos 150 mil afiliados con preexistencias y planes de salud, como el del plan médico socio, deficitarios para la compañía, imposibles de mantener por otras aseguradoras. Y, sin embargo, no sabían de este informe, ya que el regulador tampoco se los comunicó.
“Cuando se aprobó esta operación, cometimos un error porque se operó sobre la base de que esta era una cartera mala”, dicen desde la compañía y sindican a Ricardo Silva, quien asesoraba a Empresas Masvida y mantuvo su rol de asesor financiero con la nueva administración, como uno de los responsables de este mal panorama que había sobre su cartera. “Se dijo que cartera era productora de pérdidas, pero había gente que sabía que no era así”, dicen.
El estudio se hizo con la cartera que tenía la isapre a marzo de este año, momento en que la superintendencia había decretado el corralito de afiliados con tal de formalizar una evaluación objetiva de la cartera para su eventual transferencia o licitación.
De esta forma, la base de estudio ya incorporaba las 18 mil desafiliaciones que gatilló la crisis de la isapre antes de marzo, previo a que el regulador congelara la migración de afiliados, medida que se levantó en mayo y tras lo cual igualmente varias personas optaron por cambiarse de isapre.
Se efectúo una caracterización de la cartera en términos de riesgo (perfil demográfico de los beneficiarios y utilización de los beneficios del plan de salud respectivo) y en términos contractuales (perfil de bonificaciones, precios, red de prestadores contratada y tipos de contratos).
El documento arroja que alrededor del 50% de los cotizantes de la isapre era menor de 40 años de edad, “siendo esta cartera joven en términos relativos al resto del sistema”.
“Esto no necesariamente implica una ventaja financiera, toda vez que esta composición tiene su espejo en la distribución de los beneficiarios, siendo alrededor del 66% de los beneficiarios menores de 40 años de edad, con un 36% de jóvenes menores de 25 años de edad”, señalan los economistas.
En cuanto a la distribución por sexo, el 66% y 55% de los cotizantes y beneficiarios son hombres, respectivamente. Sin embargo, esta tendencia se ve levemente revertida en los beneficiarios para los grupos mayores de 60 años de edad. El 75% de los cotizantes tiene renta imponible sobre los $600.000, “siendo un grupo de ingresos altos a nivel de la población, como lo es todo el sistema, pero no excepcional en comparación a las otras Isapres. Estos resultados no mostrarían indicios de un desventaja financiera de la cartera de la Isapre Masvida en términos relativos al sistema”, consigna el informe.
Con respecto a otras isapres, y datos a marzo de este año, el informe sostuvo que la cotización obligatoria promedio de Masvida es igual a $106.704, y se encuentra por sobre el promedio del sistema, que es igual a $77.280. La mediana de la Masvida es de $95.80, ubicada por sobre todas las otras isapres (con excepción de la isapre Vidatres).
“A pesar de que una segmentación adecuada de los grupos aumenta la posibilidad de éxito, siempre habrá una probabilidad de tener un subconjunto de beneficiarios sin una oferta efectiva. Por lo tanto, bajo un criterio de minimizar la probabilidad de dejar cotizantes sin seguro de salud, nos parece que la opción de una venta directa de la cartera total de la Isapre Masvida a un nuevo actor en la industria se visualiza como la decisión óptima”, concluye el documento.
Dicho antecedente, como ya esta dicho, sería clave entonces para el interés de Masvida de anular la operación de venta efectuada a Nexus o, bien, modificar los términos de dicha transacción.
Ya con la querella se abre espacio para que el Ministerio Público levante datos respecto del caso y, así, ya sea por la vía de una querella criminal o de nulidad civil, se determine que hubo error en el precio. Operación es anulable.
Desde la fallida isapre explican que un juicio civil puede tener una variable de anulación y otra de perjuicios. Es el perjudicado el que puede elegir entre ambas vías. Independientemente de qué pase con la investigación criminal, lo relevante es que los antecedentes que se levanten sirvan para una demanda de nulidad, sostienen.
Lo que podría evitar lo anterior es que a la isapre se le cancela el registro, pues en ese escenario se perdería la posibilidad de recuperar sus afiliados, pero en caso de que un tribunal anule la operación, para cumplir el fallo también se puede exigir dejar sin efecto la cancelación de registro.
Desde la nueva isapre, en todo caso, analizan estos antecedentes con distancia.
Es que hay un hecho no menor en todo este asunto y que es que, como lo denunció Southern Cross, la anterior administración de Masvida, dirigida por Claudio Santander, habría manipulado sistemáticamente los costos médicos, pudiendo afectar las cifras de siniestralidad efectiva que probablemente utilizaron los economistas de la Universidad de Chile.
Por otro lado, además de los 18 mil desafiliaciones que se produjeron previo al corralito ordenado por la superintendencia, hasta ahora serían alrededor de 60 mil las personas que han optado cambiarse de isapre; razón que permite suponer que la foto actual de la ex cartera de Masvida ya tiene menos prospectos positivos para el sistema.
A lo anterior, se suman otras contingencias en contra de la isapre, como es el IVA mal calculado en que incurrió la compañía y que tiene hoy al Servicio de Impuestos Internos reclamando para sí unos $15 mil millones.
Así, entonces, el caso no cesa en sumar nuevos ribetes. Este lunes 10 de octubre se resolverá una de sus varias incógnitas, una vez que los acreedores se pronuncien respecto de su reorganización judicial. Una vez concluido esto, los acreedores, principalmente prestadores, analizarían qué acciones tomar en contra de las autoridades responsables de que la isapre no cumpliera con la obligación legal de tener el 100% de sus garantías.
