Opinión
Debemos tener la capacidad como país de aprovechar estas coyunturas para poder dar un debate prolongado que sea más profundo que la llamada “cosa chica”, y desde ahí concitar un acuerdo sobre cómo explotaremos nuestros recursos naturales o cómo podemos diversificar nuestra economía para no depender de estos últimos.
El acuerdo alcanzado entre Soquimich y la Corfo ha generado bastante polémica en distintos sectores de la sociedad chilena, entre ellos los partidos oficialistas, los movimientos sociales y los sectores políticos vinculados a estos últimos.
Llama la atención escuchar las declaraciones de descontento con el acuerdo alcanzado en los personeros de los partidos oficialistas, pues era de público conocimiento que la entidad estatal y la empresa ligada a Julio Ponce Lerou estaban en un proceso de conciliación ante un juez árbitro. Sin embargo, las bancadas oficialistas y los dirigentes de los partidos mantenían un profundo silencio mientras se llevaba adelante este proceso, salvo algunas excepciones. En consecuencia, no existió un esfuerzo por tensionar públicamente esta negociación, tampoco por impulsar alguna solución legislativa concertada con el gobierno para abordar el problema del litio y de Soquimich o de impulsar la propuesta elaborada por la Comisión Nacional del Litio iniciada por la Presidenta Bachelet.
La necesidad de “patalear” por el acuerdo alcanzado parece estar más motivada por el hecho de mantenerse a salvo de las críticas de la ciudadanía que por el contenido mismo del acuerdo. Pues, el cálculo parece indicar que tiene un costo político menor “chutearle” el problema de Soquimich al futuro Gobierno de Piñera, antes que ponerle punto final en esta administración. Pero, como en muchas otras ocasiones, algunos personeros oficialistas olvidan que los cargos y el poder son para ser ejercidos y no para dejarle el problema a otro.
Por otro lado, en los movimientos sociales el rechazo parece venir por varias razones, pero sin duda una importante motivación es que este acuerdo se alcanza con Soquimich, la empresa que fue privatizada en la dictadura y que fue dirigida en democracia por el yerno de Pinochet. Es una empresa conocida por no respetar la normativa ambiental y vulnerar los derechos de los trabajadores.
En esa misma línea, en los últimos años nos enteramos que esta empresa corrompió el sistema político financiando ilegalmente las campañas de varios candidatos de la Concertación y de la derecha, y que además intervino irregularmente en la tramitación de proyectos de ley (Caso Longueira). Probablemente aquí se encuentra el principal motivo por el cual dirigentes de la Nueva Mayoría se encuentran reacios a apoyar el acuerdo, pues el peligro de que lo sigan asociando con Soquimich es demasiado grande.
Por último, para los movimientos sociales Soquimich también representa un modelo económico neoliberal extractivista de materias primas. Es decir, por un lado representa el enriquecimiento de los privados a costa de los recursos naturales de nuestro país y, por otro lado, es el reflejo de una incapacidad que ha tenido nuestro país para diversificar su economía y de participar en los procesos de agregación de valor de las materias primas. En relación con este último punto, en un importante sector de nuestra sociedad se ha asentado la idea de que nos estaremos acercando al desarrollo solo cuando seamos capaces de desarrollar una industria y procesos tecnológicos ligados a nuestros recursos naturales.
En consecuencia, para los movimientos sociales y los sectores ligados a ellos resulta natural e incluso necesario oponerse al acuerdo alcanzado por la entidad del Estado dirigida por Eduardo Bitran y Soquimich, pues no es posible confiar en una empresa con semejantes características el desarrollo de nuestro país.
Pero, lamentablemente, todo parece indicar que no existía la posibilidad real de que el juez árbitro fallara a favor del término anticipado del contrato que le permite a Soquimich explotar el Salar de Atacama hasta el año 2030 (aunque la cuota de litio es solo hasta el 2022). Bajo ese contexto, todo parece indicar que son mucho mejores las condiciones de explotación alcanzadas en el nuevo acuerdo que las anteriores condiciones contractuales.
El acuerdo alcanzado permite avanzar del royalty actual, que no supera el 6,8%, a uno que fluctúa entre 6,8 % y 40 % (según el valor de venta de los minerales). Esto permitirá recaudar más de 10 mil millones de dólares al Estado en el transcurso de estos años (proyectando los precios de los minerales), y aquello es de toda relevancia en un contexto en que al Estado tiene un déficit de ingresos relevante, y para no ir más lejos, para financiar una parte del presupuesto aprobado por el Congreso, el Estado se vio obligado a colocar bonos soberanos (deuda) por 2 mil millones de dólares el pasado 29 de enero.
Sumado aquello a las modificaciones que se efectuarán en el gobierno corporativo de Soquimich y su filiales, y en esa misma línea los dos interventores que tendrá la empresa, uno para fiscalizar el cumplimiento del acuerdo y otro para resguardar el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente. Cabe resaltar, también, la obligación que tendrá la minera no metálica de invertir en investigación e innovación. En último lugar, pero de toda relevancia en el contexto del debate que tiene nuestra sociedad sobre descentralización, Soquimich estará obligada a destinar parte de sus ganancias a las comunidades aledañas al Salar de Atacama, y también deberá destinar el 1,7% anual de las ganancias de Soquimich Salar al desarrollo regional.
Que del acuerdo alcanzado sea posible realizar un balance positivo, teniendo en cuenta el contrato vigente y las correlaciones de fuerzas imperantes, no quiere decir que se encuentre exento de críticas, ya que es sensato preguntarle a la Corfo: ¿no era posible negociar una disminución en la cuota de explotación de potasio, para de esa forma extinguir en el año 2022 el conjunto de derechos que tiene Soquimich sobre el Salar de Atacama?
Sin embargo, sin importar los reparos que podamos señalar al acuerdo alcanzado, este se implantará, ya que las críticas mayoritarias que se le realizan al acuerdo desde de la política institucional tienen que ver más con la oportunidad o el momento en que se lleva adelante este acuerdo que con su contenido. Y los sectores que se oponen al contenido del acuerdo parecen no tener la capacidad de articular un descontento social generalizado con la capacidad de detener la modificación del contrato entre ambas entidades.
En ese sentido, solo cabe hacer frente a la realidad y fijar una agenda responsable en lo que se refiere a la explotación del litio. Pues, si el objetivo consiste en que el litio sea explotado directamente por el Estado y que nuestro país pueda participar en los procesos de agregación de valor, entonces debemos realizarnos las siguientes preguntas: ¿el Estado tiene la tecnología y el capital humano con la capacidad para explotar el litio directamente?; ¿contamos con la institucionalidad adecuada para hacernos cargo de modo eficiente de la explotación del litio?; ¿nuestras universidades y nuestros centros de investigación cuentan con los suficientes recursos para investigar sobre los diferentes usos que es posible darle al litio o para insertarse en los procesos de agregación de valor? Para respondernos estas preguntas no debemos comenzar con la hoja en blanco, sino que debemos tomar el trabajo ya realizado (como el informe de la Comisión Nacional del Litio entregado hace ya casi 3 años), para que la discusión no se estanque y, por el contrario, avance.
Debemos tener la capacidad como país de aprovechar estas coyunturas para poder dar un debate prolongado que sea más profundo que la llamada “cosa chica”, y desde ahí concitar un acuerdo sobre cómo explotaremos nuestros recursos naturales o cómo podemos diversificar nuestra economía para no depender de estos últimos. La obligación de esta generación posdictadura es cambiar el rostro de Chile, y eso también incluye a nuestra economía sobre la base de commodities.
Benjamín Valladares Marchant
