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Operación blindaje: la estrategia para que criticado regreso de Ponce Lerou a SQM no complique a La Moneda

por 7 junio, 2018

Operación blindaje: la estrategia para que criticado regreso de Ponce Lerou a SQM no complique a La Moneda
En solo horas y ante la ola de cuestionamientos que desató la situación, el ministro de Economía, José Ramón Valente, movió la aguja hacia el lado de la crítica junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo y apuntaron a poner en el blanco de todas las culpas a Eduardo Bitran, quien salió a defenderse y sacó a colación el conflicto de interés que tiene su sucesor por sus vínculos con Rafael Guilisasti y Albemarle. Todo, en medio de una guerra de acusaciones que, para el Gobierno, lo ideal es que no llegue al patio de Los Naranjos.
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Cuando el martes se reveló que los ex presidentes del directorio SQM, Julio y Eugenio Ponce Lerou regresarían a la compañía como asesores, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) se demoró solo un par de horas en sacar un comunicado donde señalaba que “Corfo velará por que se cumpla estrictamente el contrato firmado. La decisión tomada por el directorio de SQM, de incorporar como asesor a Julio Ponce Lerou, pertenece estrictamente al ámbito de sus funciones y no modifica el acuerdo en su ejecución". Horas después, el titular de Economía, José Ramón Valente, hizo lo propio señalando que “nosotros no tenemos opiniones personales respecto de lo que ocurra a nivel de las decisiones que toman las empresas en sus gobiernos corporativos​".

Pero a las pocas horas todo empezó a cambiar drásticamente tras la ola de críticas que desató el regreso de Ponce Lerou y el hecho de que la atención comenzara a volcarse hacia el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, quien lideró los dardos cuestionando la impresentable situación.

Así, su sucesor, Sebastián Sichel, optó por cambiar el tono del comunicado de esa mañana y, durante la tarde, en Radio Cooperativa, sentenció que le parecía "imprudente, no me gusta" el retorno de Ponce Lerou a SQM, que "rompe la lógica la decisión que tomó la empresa, pero no nos corresponde a nosotros calificar ni la prudencia ni las decisiones que toma una empresa, sino cumplir con lo que dicen los contratos”.

No fue el único. Ayer los ministros de la administración de Sebastián Piñera también comenzaron a endurecer su discurso. La instrucción era clara: aguantar el tema entre las autoridades sectoriales y, en línea con una estrategia que abarca todo tipo de temas, evitar así que este problema escale hasta La Moneda, porque las esquirlas de la operación de Ponce no pueden llegar al Presidente.

No por nada el ministro Valente –el jefe de Corfo– salió a blindar la postura de Sichel y a construir un cerco en torno al tema. “El Gobierno va a hacer cumplir con todo el rigor necesario el contrato que existe entre Corfo y SQM. Un contrato que nosotros no negociamos, sino que lo recibimos formado, que fue negociado durante el gobierno anterior y, particularmente, por el señor Bitran”.

Agregó que se generó una “doble imprudencia", por un lado, de la compañía que estaría vulnerando el espíritu del acuerdo y, por otro, la negociación en sí por "no haber incluido una cosa bastante obvia, que si realmente queríamos excluir a esta persona de la administración de la empresa, bueno, no costaba nada poner una frase de que también se le excluye de su rol de asesor".

Durante la mañana de ayer, el Presidente Piñera asistió a una pauta donde periodistas le preguntaron dos veces por el tema de SQM, pero les pasó la pelota claramente a sus escuderos, señalando que había escuchado las preguntas, pero no respondió nada. La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, reforzó el punto, afirmando que era imprudente, pero que era una empresa privada y no ahondó en ello, al igual que el ministro de Interior, Andrés Chadwick, que dedicó solo un par de palabras al asunto en los últimos dos días.

Este silencio no es casual, pues la indicación desde Palacio fue dejar el tema fuera de su ámbito, instrucción que ejecutaron Valente y Sichel, la que luego también deslizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien expresó que la decisión era una señal compleja.

No era el único elemento de la estrategia. Con las horas, se hizo evidente que el segundo objetivo de la operación era –reconocieron en la sede del Ejecutivo– apuntar como el responsable del regreso de la incómoda figura de Ponce Lerou a la administración anterior, puntualmente a Bitran, lo que permite al Gobierno lavarse las manos al recalcar que no podían cambiar las condiciones pactadas por él en la negociación, contrato en el que participaron, por el lado de Ponce, los abogados Sebastián Oddó y José María Eyzaguirre, mientras que por Corfo lo hizo Felipe Bulnes, ex ministro de Justicia y de Educación de Piñera en su anterior mandato.

Cercanos de la guerra de acusaciones que ha desatado el caso, agregan otro ingrediente: esta es una prueba de fuego para Sichel, debe blindar al Presidente Piñera, pero a la vez a él mismo, ya que debe lidiar con su flanco débil, el conflicto de interés que tiene por su cercanía con Guilisasti, quien ya ha comenzado a aparecer mencionado en esta historia.

La guerra de acusaciones tuvo su peak ayer por la tarde, cuando se reveló que el presidente de las Sociedades Cascadas, Rafael Guilisasti, dijo que había solicitado a Oddó romper el secreto profesional y revelar mails y otros antecedentes que –de acuerdo a La Tercera– indicarían que Bitran sí sabía que Ponce podría regresar como asesor de la entidad y que, conociendo el vacío, no le molestó aceptarlo.

La ola de rumores e interpretaciones se desató: que Bitran negoció con Ponce a cambio de su silencio; que jamás el ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo habría visado un contrato así sin que lo conociera La Moneda, principalmente los asesores de mayor confianza del segundo piso de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, como su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte; hasta que la derecha esperaba hace rato un tropiezo de Bitran.

Desde la Segegog y, en medio de asuntos urgentes de la agenda, como la muerte del carabinero baleado en La Pintana, que convocaron a toda la primera línea gubernamental, evaluaron bien el cambio de tono de Valente y la línea comunicacional que ha seguido el tema. Es que, hasta ayer en la tarde, en La Moneda consideraban que la operación blindaje había funcionado, porque el espinudo tema de Ponce Lerou se había mantenido a raya, fuera de las paredes de Palacio, podían criticar la situación sin ser los responsables, ya que el malo de la película era Bitran, y ahora podían apostar a tratar de dar vuelta la página lo antes posible para pasar a otros temas. "Esa fue la forma de blindar al Presidente Piñera", reconoció un asesor gubernamental.

¿Con toda la fe?

Después de la cantidad de dardos que le dispararon, Bitran salió a defenderse. En su cuenta de Twitter dijo que quería que Felipe Bulnes aclarara el punto, pero que no había podido ubicarlo y más tarde explicó, a través de un comunicado, que “el tema específico sobre el rol futuro de Julio Ponce Lerou fue planteado por la contraparte en una reunión  a la que asistimos Rodrigo Azócar, ex asesor de Corfo, y yo por parte de Corfo, y Patricio Contesse Fica por la contraparte, con conocimiento pleno de lo acordado por parte de Rafael Guilisasti. Ni Sebastián Oddó ni Felipe Bulnes participaron de esa reunión. Lo conversado y acordado en esa reunión fue que Julio Ponce Lerou saldría completamente de SQM, sin poder realizar actividades de dirección, administración o de cualquier tipo”.

Bitran añadió que el intento de los abogados y de Ponce por justificar su regreso constituía una vergüenza y que la Corfo debía invalidar el contrato.

Cercanos de la guerra de acusaciones que ha desatado el caso agregan otro ingrediente: esta es una prueba de fuego para Sichel, debe blindar al Presidente Piñera, pero a la vez a él mismo, ya que debe lidiar con su flanco débil, el conflicto de interés que tiene por su cercanía con Guilisasti, quien ya ha comenzado a aparecer mencionado en esta historia y que, de paso, estaría evaluando salir a aclarar ciertos puntos con Bitran durante esta jornada. “Ahí la figura sería muy extraña. Guilisasti acusando a Bitran y la Corfo diciendo que debe velar por la probidad del acuerdo, pero en ambas veredas debaten dos viejos amigos”, apuntó una fuente.

Todo este asunto involucra de plano a Sichel en un tema que se había comprometido públicamente a inhabilitarse, los asuntos estratégicos del litio, lo que ayer claramente no se cumplió con la intensa ronda de entrevistas en medios de comunicación que tuvo el vicepresidente ejecutivo de Corfo.

Ayer por la tarde, la Corfo dio un nuevo golpe con otro comunicado en el que se precisaba que, mientras Bitran decía que no podía ubicar a Bulnes, la entidad sí había hablado con el abogado. “Este mediodía, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, y la Fiscal de la institución, María Elina Cruz, recibieron información del Estudio de abogados externos contratados por Corfo, dirigidos por el abogado Sr. Felipe Bulnes, en el contexto de la conciliación entre SQM y esta Corporación. En la comunicación, el Sr. Felipe Bulnes da cuenta que en esa negociación –que llevó adelante en permanente coordinación con la administración anterior de Corfo– se señaló expresamente que la figura de 'asesores' quedaría excluida de las prohibiciones del acuerdo. El abogado hizo llegar respaldos de correos que dan cuenta de que la decisión fue consensuada y aprobada por el Gobierno anterior a través del Vicepresidente Ejecutivo de la época, señor Eduardo Bitran”, reza el texto.

Bitran contraatacó, sacando a flote los conflictos de interés de Sichel. "En las últimas horas se han sucedido declaraciones o anuncios de Julio Ponce Lerou a través de personas que trabajan para él. Esas declaraciones carecen de credibilidad, porque la historia confirma que han mentido reiteradamente. También se han sucedido las declaraciones de Sebastián Sichel, quien originalmente había resuelto inhabilitarse por sus históricas relaciones con Rafael Guilisasti de las cascadas y con Albemarle, que ahora sostiene que tiene información entregada por Felipe Bulnes, uno de los abogados externos del caso", consigna el segundo comunicado.

Las opiniones están divididas. Mientras la Corfo ha insistido en que no puede renegociar las condiciones del contrato y se defiende la buena fe del mismo, otros recalcan que era imposible que Bitran previera el regreso de Ponce a la minera no metálica, ya que efectivamente se analizó qué pasaría si eso sucedía con Eugenio Ponce, pero jamás se pensó esa posibilidad con el cuestionado empresario.

Pero el círculo de Ponce Lerou se ha empeñado en asegurar que no había mala fe, porque, como han reiterado, el tema sí se conversó. “Buena fe es para interpretar y cumplir un contrato. Aquí el punto es que se conversó de modo expreso con él y no tuvo problema. De buena fe se habla a la hora de cumplir lo que se convino. Y solo se convino que quedaran fuera del directorio. Y se acordó también que era solo esa la restricción y que, por lo tanto, podían ser consultores. El contrato solo regula lo que no se puede hacer. Otra cosa es que no haya sido prudente esperar un poco. Pero eso no tiene que ver con el contrato”, explicó un allegado al caso.

La Corfo se apuró en dejar claro que el contrato no es renegociable. “La actual administración de Corfo se encuentra, por lo tanto, obligada a la ejecución del contrato conforme a lo establecido y de acuerdo a los antecedentes expuestos. Los correos electrónicos dan cuenta que el espíritu de los contratantes fue no ampliar la prohibición al cargo de asesor. En el marco de la legalidad, nos encontramos obligados a dicho contrato, sin perjuicio de no compartir que se haya aceptado la exclusión de los asesores en la norma. Desde Corfo redoblaremos el esfuerzo de fiscalización del contrato a través del Comité de Supervisión de los Contratos del Litio. Además, fiscalizaremos estrictamente para que la decisión de SQM de contratar la asesoría de Julio Ponce Lerou y Eugenio Ponce Lerou, no implique que ambos participen en la toma de decisiones ejecutivas o directivas de la empresa, ni que se trate de una forma de simulación contractual. Para eso perfeccionaremos los mecanismos de fiscalización y de control y pediremos todos los antecedentes a la empresa para evitar que en el cumplimiento de las obligaciones contractuales se eludan los deberes estrictos del acuerdo. No habrá ningún margen para eso”, añadió el organismo.

Fuentes observadoras del caso comentaron que el problema radica en que, si el Gobierno, por la decisión estratégica, se cuadra con invalidar el contrato, la sola decisión marcará una línea de acción que le dará espacio, por un lado, a la oposición para insistir con los conflictos de interés de Sichel, pero que además le dejaría a Ponce la pistola cargada para apuntar a la única persona que no puede ser salpicada con este caso: Sebastián Piñera.

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Envíada por Valentina Terra Polanco, Observatorio Niñez y Adolescencia | 16 enero, 2021

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