MERCADOS
Desde enero de 2017 que la empresa tiene contratado a un enigmático monitor externo por orden del Departamento de Justicia norteamericano y la SEC, el organismo regulador de Wall Street, tras un acuerdo que cesaba las investigaciones de ambas entidades una vez que la compañía admitiera el pago en dinero, sin respaldo, a personajes de la política nacional. En las próximas semanas dicho funcionario debe entregar un informe sobre los cambios que ha implementado la minera no metálica, los que se mantienen en estricta reserva.
Corría enero de 2017 y SQM, la firma ligada a Julio Ponce Lerou, era obligada a pagar poco más de US$ 30 millones en multas a distintas autoridades de EE.UU., tras reconocerse que había incurrido en “pagos indebidos” a distintos personajes de la política nacional. Fue el primer efecto internacional del caso, ya que la compañía cotiza sus acciones en el mercado norteamericano.
Del monto, fueron US$ 15 millones que la empresa tuvo que pagar a la Securities Exchange Commission (SEC), organismo regulador del mercado financiero de ese país, más otros US$ 15,5 millones para su Departamento de Justicia (DOJ). En suma, la mayor sanción económica de una empresa chilena por haber infringido la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), el marco legal que rige las normas anticorrupción del país estadounidense. En rigor, la minera no metálica había fallado en la mantención adecuada de libros, registros y secciones contables, y en los hechos reconoció pagos sin respaldos a personajes políticamente expuestos. En la SEC no hubo mayor debate.
Ambas sanciones, sin embargo, fueron fruto de un acuerdo previo que le ponía freno a las investigaciones de estos organismos en contra de la empresa y que venía de la mano del reconocimiento de que esta efectivamente había hecho pagos por servicios que nunca se prestaron a políticos, por ende constituía un antecedente contundente en medio de los casos aún abiertos en Chile, lo cual afectaba claramente la reputación de la compañía. Sin espacio para treguas, dicho reconocimiento no era suficiente. A la firma se le realizaron, entonces, una serie de exigencias, entre ellas que tendría que contratar a un monitor externo por dos años, quien fiscalizaría el futuro actuar de la empresa en materias de corrupción.
Este «monitor» -como se refiere la compañía en sus memorias- se trata de un personaje enigmático, pues la empresa no ha querido revelar de quién se trata. Pero es crucial para que SQM deje definitivamente atrás el episodio de las platas políticas. Clave, además, para cumplir lo pactado con las autoridades norteamericanas. Hasta ahora, y pese a las consultas, no se conoce su nombre, y se guarda bajo total sigilo.
Eso no quita que este monitor maneje información clave para saber si SQM mudó o no el comportamiento que le valió la sanción. En las próximas semanas esta especie de veedor emitirá un informe respecto del progreso, si lo hubiere, de la compañía en materia de normas anticorrupción. En el corto plazo, serían al menos dos informes los que este funcionario reportaría a la SEC, uno dentro de los próximos tres meses y el otro, en unos seis meses más.
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Consultada la compañía respecto de qué normas ha implementado en el marco del seguimiento de este monitor, no hubo respuesta y enfatizaron que las actividades de este no son públicas. Sin embargo, su importancia no es menor, ya que un cierre definitivo de la investigación en EE.UU depende de los informes que emita y que la empresa se mantenga con hoja limpia, al menos, por un periodo de tres años. Eso, pues la sanción de US$ 30 millones ponía como condición sine qua non un cambio de comportamiento, algo que además toma relevancia en medio del debate conocido el último mes por el regreso de Julio Ponce Lerou en calidad de asesor de la empresa.
Según expuso la compañía en el formulario 20-F para el ejercicio 2017, el DOJ acordó no perseguir los cargos contra SQM por un período de tres años y liberarla de responsabilidad, una vez cumplido dicho período, todo ello «en la medida que dentro de ese plazo la Sociedad cumpla con los términos del DPA, los que incluyen el pago de una multa ascendente a 15.487.500 dólares de los Estados Unidos de América (“dólares”) y la aceptación de un monitor externo por el plazo de 24 meses (el “Monitor”) que evalúe el programa de cumplimiento de la Sociedad, para luego reportar la Sociedad de manera independiente por un año adicional».
Un abogado experto en estas materia explicó que la labor de estos funcionarios es revisar el buen funcionamiento de sus sistemas de pagos; por ejemplo, en lo que respecta a los distintos instrumentos que sirvan de respaldo de los mismos, así como eventuales recomendaciones que este pudiera hacer.
En el marco del acuerdo de SQM con la SEC y el DOJ, la misma SEC ya había destacado el hecho de que la compañía haya tomado medidas correctivas, como el despido de su exgerente general, Patricio Contesse. Además, según se desprende de la memoria de la minera no metálica emitida en Chile, la SEC destacó «la creación de un comité de gobierno corporativo, la separación y fortalecimiento de los departamentos de auditoría interna, cumplimiento y gestión de riesgos, la contratación de personal adicional de cumplimiento y auditoría con experiencia, la ampliación de los sistemas de contabilidad y cumplimiento, y la contratación de expertos externos para revisar y mejorar los controles y aprobaciones del proceso de pago de la Sociedad».
Todo ello habría servido de base para una Cease and Desist Order, la cual es condicional al porvenir de la compañía, por lo menos, hasta el 2020.
Independientemente de los informes que pudiera realizar este monitor, la empresa no ha querido responder respecto de las facultades que este tiene dentro de la compañía.
Fuentes sostienen, por otro lado, que en lo que respecta al acuerdo alcanzado entre la minera y la Corfo, este personaje realizó preguntas respecto de los términos que habrían para el cierre de ese conflicto. Una pugna que volvió a reflotar una vez que el directorio, ahora presidido por Alberto Salas, nombrara a Julio Ponce y su hermano Luis Eugenio como asesores externos de la compañía, sin contravenir legalmente lo que establecía el acuerdo con la estatal, pero sí incumpliendo su espíritu, el cual tenía como objetivo alejar definitivamente a Ponce de la gestión de la compañía.
Desde el mercado dicen que no se podría descartar que para la rectificación posterior que hubo en el directorio de SQM al desechar el nombramiento de Ponce, hubiese incidido la figura de este fiscalizador. Desde la empresa afirmaron que este no tuvo injerencia alguna en dicho proceso, pero igualmente la minera no metálica informó sobre este episodio a Wall Street, el 22 de junio, cuando emitió a la SEC la transcripción de la carta de Alberto Salas, en la cual desestimaba el nombramiento de Ponce Lerou como asesor de la empresa por las públicas diferencias que generó esta decisión.
