MERCADOS
Cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público e informes que darían cuenta de conflictos de intereses por parte de determinados funcionarios del MOP, son todos casos que hoy investigan el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Todas, presuntas irregularidades que se han mantenido bajo reserva de la luz pública, pero que tienen revolucionada a esta cartera en el plano interno, con la Región del Maule como principal epicentro.
No son días tranquilos en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que la cartera que lidera el ministro Juan Andrés Fontaine atraviesa un momento complejo, principalmente por un fuerte ajuste presupuestario que, solo en lo que respecta a reducción de personal, será equivalente a $3.500 millones.
Para muchos funcionarios de carrera se trata de una medida injusta e injustificada. Tanto así que protestaron a principios de agosto en el frontis de la entidad, con la posterior irrupción de Fuerzas Especiales de Carabineros. Acusaron falta de probidad del Estado, porque –según explicaron– las desvinculaciones se estaban dando en ámbitos sensibles, como es su capacidad fiscalizadora en las áreas de concesiones y vialidad, de las cuales dependen los proyectos de mayor envergadura del MOP.
Desde entonces las aguas están agitadas. Hace unos días, la Asociación Nacional de Funcionarios de Vialidad elaboró un documento manifestando su rechazo a las medidas que se vienen tomando en el plano interno y puso el foco en una serie de hechos que, hasta ahora, se han mantenido en reserva y que darían cuenta de nuevos casos de corrupción, en un ministerio que tiene un historial manchado desde el emblemático caso MOP-Gate.
Los funcionarios se han articulado en torno al reclamo en relación con que la lista de desvinculaciones que se ha ejecutado es arbitraria, debido a que incluyó a «funcionarios y trabajadores que cumplían y cumplen como servidores públicos y que no se han prestado para transgredir normas legales y principios éticos». En el mismo documento, acusan abandono de deberes por parte de altas jefaturas que estarían, supuestamente, defendiendo a grupos de intereses particulares, por lo que hacen un llamado a las autoridades a ponerles freno.
[cita tipo=»destaque»]El caso dice relación con la obra «Mejoramiento Ruta J-70-I, S, cruce Ruta J-60 Parronal, Provincia de Curicó». Se trata de una obra que encomendó la Dirección de Vialidad de la Región del Maule a la Constructora Gonzalo Orellana e Hijo Ltda., la que habría cobrado por una serie de trabajos que nunca se realizaron. El ex Seremi del Maule, Enrique Jiménez, testificó en esa causa que otros funcionarios habrían estado directamente involucrados: Enrique Campos, ex inspector fiscal de obras y actual jefe de laboratorio de Vialidad, área que se encarga de dar fe de que lo construido es lo que se contrató; también Juan Espinoza Pacheco, ex subdirector nacional de obras y ex Seremi de esa región entre 2010 y 2014; Jorge Ruiz García, ex director regional de vialidad, y Hernán Downey, ingeniero residente de la obra de la Constructora Orellana.[/cita]
Lo cierto es que esa alerta tiene antecedentes concretos, algunos con eventos recientes que se arrastran desde fines del año pasado, mientras que otros han persistido desde el primer Gobierno de Sebastián Piñera. El Ministerio Público ya tiene en sus manos una causa que podría ser tipificada como fraude al fisco, cohecho y falsificación de instrumento público, mientras que la Contraloría General de la República (CGR) ha venido avanzando en una serie de reportes que darían cuenta de conflictos de intereses por parte de altas autoridades del MOP. Todo ello, en medio de rumores que apuntan a que muchos de estos sucesos cuentan con el respaldo de algunos personeros del mundo político.
Si el caso MOP-Gate incluía en su trama el pago de sobresueldos a funcionarios de dicha cartera del orden de $1.250 millones, el fraude al fisco que actualmente investiga la Fiscalía Regional del Maule es de un tenor similar. Esto, porque la denuncia que hizo a mediados de 2016 el entonces fiscal del MOP, Álvaro Villanueva, se refiere a hechos que podrían configurar acciones tipificadas penalmente con el ilícito de fraude al fisco, como asimismo cohecho –entre otras defraudaciones–, por hechos que en suma habrían afectado el Estado en unos $1.200 millones.
El caso dice relación con la obra «Mejoramiento Ruta J-70-I, S, cruce Ruta J-60 Parronal, Provincia de Curicó». Se trata de una obra que encomendó la Dirección de Vialidad de la Región del Maule a la Constructora Gonzalo Orellana e Hijo Ltda., la que habría cobrado por una serie de trabajos que nunca se realizaron. El ex Seremi del Maule, Enrique Jiménez, testificó en esa causa que otros funcionarios habrían estado directamente involucrados: Enrique Campos, ex inspector fiscal de obras y actual jefe de laboratorio de Vialidad, área que se encarga de dar fe de que lo construido es lo que se contrató; también Juan Espinoza Pacheco, ex subdirector nacional de obras y ex Seremi de esa región entre 2010 y 2014; Jorge Ruiz García, ex director regional de vialidad, y Hernán Downey, ingeniero residente de la obra de la Constructora Orellana.
Los antecedentes recogidos hasta ahora darían cuenta de que funcionarios de la Dirección de Vialidad se habrían coludido con dicha empresa, con tal de pagar sobreprecios a partidas o pagar por partidas inexistentes. Esto, luego de un informe que encargó la Fiscalía del MOP y la Dirección General de Obras Públicas al DICTUC, consultora de ingeniería que depende de la Universidad Católica.
Más allá de que estos hechos habrían ocurrido durante el primer Gobierno de Piñera, estos funcionarios son considerados como transversales dentro del mundo político. Conocedores de estos hechos afirmaron que Espinoza es una persona con llegada tanto en la oposición como en la actual administración, teniendo relaciones directas con Sergio Galilea, ex subsecretario del MOP, y Lucas Palacios, su sucesor. Estas redes no serían menores. El ex MOP, Alberto Undurraga, lo desvinculó en 2016, pero tuvo una fuerte oposición interna en el ministerio.
Mientras el Ministerio Público ha seguido investigando, se ha sumado el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se hizo parte acusando fraude al fisco y cohecho contra todos los que resulten responsables.
Otro caso que investiga el Ministerio Público es la presunta falsificación de instrumento público. El caso es reciente y tiene relación con la falsificación de la firma del ex Seremi Jiménez, que habría realizado un grupo de funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Región del Maule, con el fin de «mejorar la capacidad económica» de la empresa Asfaltos del Maule.
Según fuentes del caso, jurídicamente las empresas contratistas deben demostrar “espaldas financieras” en pos de poder ser hábiles para ser contratadas, es lo que se llama “capacidad económica”, y el sentido de ello es evitar que una compañía, que ya tiene a cargo varias obras al mismo tiempo, siga adjudicándose otras.
Estos hechos fueron informados por funcionarios de la propia Dirección de Vialidad al ex Seremi. En febrero de 2018, el MOP puso los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, iniciándose la respectiva investigación criminal de la falsificación de instrumento público y, a la fecha, ya existen pericias dactilográficas que demuestran lo anterior.
La Contraloría también ha tomado nota de las potenciales irregularidades en el MOP, con un sumario que esta en curso para investigar presuntas responsabilidades de la ex directora regional de Vialidad del Maule, Carolina Fernández, por presuntas graves faltas a la probidad o conflicto de intereses.
Antes de tener a su cargo dicha dirección, Fernández fue inspectora fiscal de obras. Tanto en ese rol como en el de directora regional, habría validado y aprobado modificaciones de contratos que significaron aumentos para las empresas Santa Fe y Asfaltos del Maule, en las cuales se desempeñaban familiares directos de ella. En julio de 2017, fue removida de su cargo.
Previo a ello, la propia CGR realizó otro sumario administrativo que dispuso la sanción de ocho funcionarios del MOP por diversas materias. Una de las personas sancionadas fue el propio Juan Espinoza.
La Contraloría dispuso una sanción de multa por inobservancias cometidas durante su gestión como Seremi. En virtud de que el último cargo de Espinoza dentro del MOP fue el de subdirector de Obras en Vialidad, esta sanción debía ser aplicada administrativamente por el director nacional de Vialidad, Walter Brüning. Lo curioso, dicen en el entorno del MOP, es que hasta la fecha y existiendo un sumario ya tramitado, la sanción no ha sido aplicada.
