Opinión
Lejos de ser una tensión entre empresarios y Estado, como fue el reglamento de densidades durante el anterior Gobierno de Piñera, pareciera ser que la tensión se está dando entre las empresas salmoneras. ¿Qué es lo que está en juego?
El sector salmonero en Chile lleva al menos una década de turbulencias. Desde el conflicto laboral en torno de la empresa Aguas Claras en 2007 y la crisis económica y sanitaria que fue el virus ISA en 2008, con el consecuente quiebre gremial en SalmonChile durante la discusión de reglamentos post-Ley de Acuicultura, o el conflicto social en Chiloé y Puerto Montt en torno al bloom de algas y marea roja de 2017, existen indicios de que ni el Estado ni la industria han aprendido de sus errores. Actualmente, los empresarios salmoneros enfrentan una nueva coyuntura asociada a la propuesta de porcentaje de reducción de siembra (PRS) elaborada por Subpesca.
Lejos de ser una tensión entre empresarios y Estado, como fue el reglamento de densidades durante el anterior Gobierno de Piñera, pareciera ser que la tensión se está dando entre las empresas salmoneras. ¿Qué es lo que está en juego? Básicamente, se enfrentan dos posiciones. Por un lado las posibilidades de aumentar la cantidad de peces en los centros de cultivos y, por ende, aumentar la producción. Por otro lado, la sustentabilidad sanitaria de la industria basada en la capacidad de carga del ecosistema.
En ese contexto, las empresas mejor posicionadas en términos de siembras y centros de cultivos se verían beneficiadas, mientras habría un grupo de empresas molestas, ya que el PRS limitaría su posibilidad de crecimiento. Las primeras estarían en línea con Subpesca, en tanto el modelo apuntaría a disminuir el riesgo de enfermedades y disminuir mortalidades, mientras las segundas incluso han cuestionado si el propósito del reglamento es bioseguridad, y no descartan judicializar el asunto.
Considerando lo anterior, lo que queda cuestionarse es qué es lo que importa para el mundo salmonero, tanto para las empresas como para Subpesca. No solo frente a esta coyuntura, sino a lo largo de su historia. Hoy, la esencia del asunto recae sobre la seguridad sanitaria del modelo productivo, y la misma esencia fue la protagonista de la reforma en acuicultura del 2010.
Ahí radica el conflicto entre las empresas, en tanto el modelo de las agrupaciones de concesiones (barrios salmoneros) está pensado para una menor cantidad de empresas. Esto derivó en una dinámica de caiga quien caiga de la industria, en tanto la cantidad y distribución de las concesiones en distintos barrios se transformó en un elemento central del modelo productivo, y que puede ser más crítico en el escenario del PRS.
Si bien las reglamentaciones sanitarias generadas post-ISA permitieron la continuidad de la industria y el reinicio de producción en volúmenes competitivos, el espíritu de esa institucionalidad no ha dado el ancho a la problemática. Bajo esta premisa, existen indicios para pensar que ni el Estado ni la industria han dado una solución integral a la salmonicultura. La industria ha empezado a enfrentar las debilidades asociadas a su manejo productivo, tales como el riesgo de enfermedades, aumento de mortalidades, o los menores pesos al momento de cosecha. A nivel de empresa se observan esfuerzos para contener estas problemáticas, ya sea mediante mejoramiento genético de reproductores y ovas, planes de vacunas y tratamientos microbianos preventivos, o estudiar tecnología de centros de cultivo offshore o en tierra (que ya se están probando en Noruega y Japón).
Así, mientras la industria está tanteando escenarios futuros posibles que disminuyan el riesgo de enfermedades, también está enfrentada por las densidades de cultivo y la dificultad para mejorar su imagen ante la comunidad. Aquí es donde la industria ha mostrado incapacidad de trabajo colectivo y perspectiva de largo plazo, enfrentándose en disputas internas que buscan mejorar las posiciones y condiciones individuales en el mercado, más que la salud y sustentabilidad de largo plazo, de un sector que depende de modo crucial de la calidad del ecosistema en que produce.
El Estado, por su parte, ha sido incapaz de generar un sistema de planificación territorial acorde con la magnitud de la industria y el territorio que abarca. Las decisiones siguen siendo tomadas de manera sectorial y no coordinada (los ministerios de economía, medio ambiente, salud y desarrollo social siguen cada uno en su tema, sin mirar al lado). Las instancias regionales y locales de gobierno se encuentran desconectadas de las instancias centrales de toma de decisiones, así como también carecen de autonomía. Asimismo, la investigación científica tampoco ha logrado traducir sus avances en políticas que mejoren el modelo productivo de la industria desde lo ambiental y comunitario.
Actualmente, mientras están en discusión posibles soluciones, tanto en la mesa técnica entre el Subpesca y la industria por el PRS, como dentro de la industria en su encuentro anual (que tendrá lugar en Puerto Montt próximamente), comunidades como la de Cobquecura o Magallanes siguen rechazando la llegada y expansión de la industria. Mientras no se busque un modelo de sustentabilidad integral, y no solamente sanitario-económico en la salmonicultura, difícilmente la industria alcanzará la estabilidad productiva que tanto anhela.
Es hora entonces de pasar de una discusión técnica a una política, sobre desarrollo territorial y el rol de industrias basadas en la explotación de la naturaleza en este.
