Es necesario que el Gobierno y parlamentarios dejen de minimizar el efecto de sus iniciativas legales, terminen con su dobles discursos y entreguen señales reales a los trabajadores pesqueros y a una industria que es verdadero motor de desarrollo en las comunas donde opera.
En los últimos días hemos visto cómo el Gobierno y parlamentarios reforzaron su preocupación por las bajas cifras de crecimiento y por un desempleo que se mantiene sobre el 7%. Esto en un contexto, donde farmacias, constructoras y fábricas de calzado, por mencionar algunas, se han visto obligadas a cerrar y tomar la difícil decisión de dejar a familias sin trabajo.
La semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera salió a defender su gestión y dio cuenta de que deberán hacer todos los esfuerzos para que el crecimiento económico genere mejores empleos, salarios y oportunidades y las personas perciban que efectivamente la economía está mejorando
A su vez, en el Congreso, los diputados tomaron la decisión de realizar una sesión especial el próximo 12 de diciembre, para analizar las causas del aumento en el desempleo y el cierre de empresas. Fueron citados los ministros Nicolás Monckeberg y José Ramón Valente, de Trabajo y Economía, respectivamente.
En el caso de la pesca industrial, su situación es aún más complicada, porque enfrenta un escenario adverso, que no está dado por condiciones comerciales desfavorables , sino por iniciativas legales que impulsan los propios parlamentarios, las cuales mermarán su competitividad, frenarán inversiones y, lo más importante, provocarán una pérdida importante de puestos de trabajo.
Me refiero al proyecto de ley de la jibia, que avanza vertiginosamente en el Congreso y que impedirá al sector industrial seguir capturando este recurso pesquero. La iniciativa pondrá una lápida a todas plantas que procesan este recurso en Talcahuano, Coronel y Lota.
Las consecuencias son claras. Pesquera Landes ya tuvo que desvincular a 180 personas por la incertidumbre de no saber si podrá capturar jibia y el resto de las compañías del sector están en situación similar.
Si prospera el proyecto de ley, serán más de 2 mil trabajadores que perderán su fuente laboral, solo en la Región del Biobío. Estamos hablando de 6 mil personas afectadas, considerando el grupo familiar que está detrás de cada trabajador.
Llama mucho la atención la ambivalencia del mundo parlamentario. Resulta paradójico que sea la propia Cámara de Diputados la que impulse una sesión especial para tratar los problemas de empleo, mientras avanza en la tramitación de leyes que generan inestabilidad y pérdidas de trabajo aquí en la Región del Biobío
En el caso del Gobierno también vemos un doble discurso. Su preocupación de mejorar los puestos de trabajo no conversa con su decisión de avanzar en el proyecto de Ley Corta, que busca licitar los permisos de pesca del sector industrial. Sus efectos serán aún más graves, porque elimina las bases que sustentan esta actividad económica.
Hoy no hay comprensión del terrible efecto que está teniendo este ambiente adverso, en las empresas pesqueras de Chile, que han detenido inversiones, postergado proyectos y están entrando en una situación de inestabilidad.
Nos preocupa que en las 30 comunas donde la pesca industrial opera, se comience a afectar el crecimiento, empleo y el desarrollo y que sea la Región del Bíobio una de las más afectadas.
No olvidemos que esta es la capital pesquera industrial de Chile. En Biobío existen 22 plantas, 45 embarcaciones y más de 6 mil trabajadores. Es responsable del 90% de las conservas de pescado que se producen en Chile y del desembarco de casi el 58% de la pesca industrial y artesanal del país.
Es necesario que el Gobierno y parlamentarios dejen de minimizar el efecto de sus iniciativas legales, terminen con su dobles discursos y entreguen señales reales a los trabajadores pesqueros y a una industria que es verdadero motor de desarrollo en las comunas donde opera.