MERCADOS
En enero de 2018, el proyecto fue presentado en el marco de la Ley General de Ferrocarriles. La Moneda cambió de inquilinos después de eso, llegó la administración de Sebastián Piñera y, también, nuevas autoridades en la Empresa de Ferrocarriles del Estado que parecieron complicar el avance de la iniciativa. Esto porque, como presidente de dicha estatal, fue nombrado Pedro Pablo Errázuriz, sobrino de Juan Eduardo Errázuriz, uno de los controladores de la empresa Sigdo Koppers, consorcio a cargo del proyecto y que, aseguran, está cansado de las evasivas que han recibido hasta la fecha.
“El tren, su chiqui chiqui cha, alegra el triste corazón”, dice una tradicional canción chilena que hace eco de los beneficios de viajar en el citado medio de transporte. Pero la tonada podría no tener sintonía, al menos, con este Gobierno, porque la relación entre el consorcio chino que pretende llevar adelante el tren rápido Santiago-Valparaíso y la administración de Sebastián Piñera parece haberse enfriado a tal punto que los gestores del proyecto evalúan llevarse su capital a otro país.
La historia comienza hace poco más de un año, cuando un grupo empresarial anunció su intención de concretar en Chile la operación de un tren rápido de pasajeros entre Santiago y Valparaíso. Así, en enero del 2018, una sociedad integrada por la empresa chilena Sigdo Koppers, la china Railway Group Limited y Latinoamérica Infraestructura presentaron el proyecto a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, quien estaba a dos meses de dejar La Moneda.
La propuesta parecía prometedora: el tren se trasladaría a más de 200 kilómetros por hora y beneficiaría a 8 millones de personas, junto con el hecho no menor de que los chinos proponían poner en pie obras por 1.600 millones de dólares.
En 2017, entre los puertos de Valparaíso y San Antonio se movilizaron cerca de 222 millones de toneladas de carga, lo que se estima seguirá creciendo en las próximas décadas. Por esa ruta circulan unos mil 200 camiones al día, con los crecientes niveles de atochamiento y contaminación que esto implica. Además, entre Santiago y Valparaíso se realizan cerca de 33 millones de viajes de personas al año.
[cita tipo=»destaque»]Consultados por El Mostrador Mercados, desde el MOP explicaron que el Presidente Piñera ha solicitado impulsar proyectos de transporte no convencionales como el tren. El dilema –precisó el ministerio– estribaría en que están a la espera de que el consorcio que desarrolló el proyecto lo ingrese como una Iniciativa Privada (IP) al Sistema de Concesiones de Obras Públicas y que, cuando eso suceda, la propuesta se someterá al consejo de concesiones para que sea declarada de interés publico, tras lo cual, recién, se iniciarían los estudios de factibilidad.[/cita]
Con esas cifras a mano, el consorcio chileno-asiático realizó sus modelaciones de demanda. TVS –como se bautizó el grupo– estima manejar el 35% de los viajes de pasajeros entre ambas ciudades y acaparar el 40% de la carga entre el Terminal Valparaíso y el puerto a gran escala que se proyecta en San Antonio.
En enero de 2018, el proyecto fue presentado en el marco de la Ley General de Ferrocarriles. El tiempo pasó, se instalaron nuevos inquilinos en La Moneda y también nuevas autoridades en la Empresa de Ferrocarriles del Estado, lo que pareció complicar la venia del proyecto del tren. Esto porque, como presidente de la empresa estatal, fue nombrado Pedro Pablo Errázuriz, sobrino de Juan Eduardo Errázuriz, uno de los controladores de la empresa Sigdo Koppers.
A poco de asumir la presidencia de EFE,varios medios hicieron eco de posibles conflictos de interés por parte de Pedro Pablo Errázuriz. Entre ellos, se mencionó si podía existir alguna influencia de la relación de su tío para hacerle algún guiño al proyecto como, por ejemplo, ejecutarlo mediante asignación directa y no por medio de una licitación pública.
El consorcio pareció no inmutarse por esta situación. De hecho, señalaron que el nombramiento de las nuevas autoridades, tanto en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como en EFE, tuvieron lugar con posterioridad a la presentación de su proyecto. También plantearon que todas las reuniones del consorcio con autoridades del Gobierno se han hecho de acuerdo al sistema de Ley de Lobby.
Lo anterior no evitó una serie de rumores de pasillo respecto del “amiguismo” que podía tener lugar en torno al proyecto. El flanco está abierto.
Cuando el Presidente Piñera fue de gira a Puerto Vallarta en julio del año pasado, Juan Eduardo Errázuriz fue parte de la comitiva oficial de dicho viaje. Según testigos, en uno de los trayectos de la gira, Errázuriz tuvo una comida privada con el Mandatario, lo que generó el comentario obligado en el resto de los empresarios que iban en el avión en cuanto a que el tema de conversación en esa cena habría sido el proyecto del tren.
El 31 de octubre de 2018, Piñera anunció que la iniciativa del tren rápido Santiago-Valparaíso se licitaría durante este año. Con eso, el Gobierno parecía zanjar las dudas que habían surgido con respecto al avance de la iniciativa, pero esa sensación de certeza no era la misma al interior de TVS porque, tras varios meses de haber ingresado el proyecto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aún no han tenido mayor retroalimentación.
Unos meses antes del anuncio de julio, la empresa había respondido una serie de preguntas al ministerio, pero desde ese entonces no han tenido mayores luces sobre el proyecto. Fuentes de la compañía explicaron que, durante los últimos seis meses del 2018, tocaron la puerta de todos los organismos que parecían estar vinculados a la iniciativa, pero solo recibieron evasivas.
Consultados por El Mostrador Mercados, desde el MOP explicaron que el Presidente Piñera ha solicitado impulsar proyectos de transporte no convencionales como el tren. El dilema –precisó el ministerio– estribaría en que están a la espera de que el consorcio que desarrolló el proyecto lo ingrese como una Iniciativa Privada (IP) al Sistema de Concesiones de Obras Públicas y que, cuando eso suceda, la propuesta se someterá al consejo de concesiones para que sea declarada de interés publico, tras lo cual, recién, se iniciarían los estudios de factibilidad.
“Estamos interesados en avanzar en este proyecto que moderniza nuestro país y esperamos que la empresa presente el proyecto para poder comenzar con los primeros estudios en 2019”, explicó el organismo.
A ojos de la empresa chileno-asiática, el problema radica en los plazos que este sistema representa y que ya ha afectado la ejecución de otros proyectos –afirmaron–, como el teleférico en Santiago, que tardó años en concretarse.
Más allá de las explicaciones de lado y lado, hay críticas no menores en torno al proyecto del tren rápido. Algunos cuestionamientos apuntan a que esta iniciativa consolida la presencia de gigantes inversiones chinas en Latinoamérica, y que ofrecer el proyecto “llave en mano” al Gobierno –como propone TVS mediante la Ley de Ferrocarriles– le resta transparencia al proceso.
A eso se suma que la administración de Piñera no estaría dispuesta a correr el riesgo de que se le acuse de favoritismos hacia un grupo empresarial determinado, lo que alejaría las posibilidades de que el tren rápido tenga una fecha de inicio de obras.
El último episodio de la trama fue que, en el marco de la consulta de la empresa portuaria en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre las características que debe tener el Puerto a Gran Escala, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aclaró que es necesario saber qué va a pasar con el movimiento de carga ferroviario de dicho puerto.
