MERCADOS
Crédito: Agencia UNO
Desde la Fundación Sol advirtieron que dado como está planteado el proyecto “nadie ganará más de $300.000 líquidos” y en definitiva “será subsidiado por los propios hogares que se han movilizado”. A juicio de este centro de estudios, se trata “de otra «astucia» de la Elite para «eludir» los temas de fondo y la discusión sobre el valor del trabajo y la dignidad de las personas”. En la oposición cuestionan que el proyecto no esté enfocado en las pymes. Además, exigen un sueldo de $500 mil. Desde el oficialismo, sin embargo, cierran filas con el proyecto presidencial. Al respecto, el diputado de la UDI e integrante de la comisión del Trabajo, Guillermo Ramírez, aseguró que “es una parte fundamental del compromiso del Presidente de aumentar los ingresos de las familias».
El Gobierno firmó el miércoles el proyecto de ley ingreso mínimo de $350.000 para los trabajadores con jornada completa. Sin embargo, la iniciativa aún no ingresaba a la oficina de partes del Congreso y ya recibe una andanada de críticas de parte de organizaciones sindicales, de estudios y desde la oposición.
La medida, que forma parte de la Agenda Social presentada por el Gobierno en medio del estallido social, cuenta con “letra chica”, acusan sus críticos. De partida, porque no se tratan de $350 mil líquido, sino $350 mil bruto.
Por ejemplo, desde la Fundación Sol advirtieron que dado como está planteado el proyecto “nadie ganará más de $300.000 líquidos» y en definitiva «será subsidiado por los propios hogares que se han movilizado”. A juicio de este centro de estudios, el “Ingreso Mínimo Garantizado de $350.000 es otra «astucia» de la Elite para «eludir» los temas de fondo y la discusión sobre el valor del trabajo y la dignidad de las personas”.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidenta Bárbara Figueroa, calificó la propuesta como “una migaja” y acusó al Gobierno de implementar “una política de beneficencia hacia los trabajadores y no reconocer que lo que se clama en las calles es un salario justo»
Según la dirigenta, el proyecto de ley es »una vergüenza», por lo que reiteró el llamado a huelga general para el próximo 12 de noviembre.
En la oposición, también levantaron la voz. Según la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, “con los tramos que hoy existirían en relación a este Ingreso Mínimo Garantizado no es que se vayan a recibir estos 50 mil pesos de aumento, sino que en algunos pueden recibir incluso hasta 6 mil pesos de aumento”.
La jefa de la bancada regionalista planteó además que “tampoco existe una focalización, porque lo que se ha planteado es que sea fundamentalmente para las Pymes, pero eso no es así, puede ser una empresa grande también que la reciba”.
Para la diputada del PPD, Carolina Marzán, la propuesta del Presidente Piñera es “una medida parche y totalmente insuficiente que no soluciona el problema de fondo. Y esto no se va a solucionar mediante un subsidio estatal, donde el Gobierno lo que va hacer es financiar con plata de todos los chilenos, de los mismos que están marchando y pidiendo un cambio en la calle, a la empresa privada para que se mejoren los salarios”.
En la misma línea se manifestó el diputado socialista de la Comisión de Trabajo, de la Cámara, Gastón Saavedra, quien dijo que «el proyecto es insuficiente” y “debe estar direccionado a las pequeñas y medianas empresas que son las que entregan más empleo en Chile”. “Hay una agenda social presentada por las organizaciones que pide un ingreso mínimo de 500 mil pesos y nosotros estamos porque ningún chileno pueda ganar menos de eso”, indicó.
Ante las críticas, la ministra vocera Karla Rubilar aseguró esta mañana en TVN que el proyecto podría ser mejorado en el Congreso.
«Todo lo que se pueda mejorar estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. La voluntad del Gobierno es conversar (…) lo importante es que tenemos un límite, estamos en un marco muy difícil, pero en ese escenario vamos a hacer el máximo esfuerzo en mejorarle la calidad de vida a los chilenos».
Pero Rubilar además aprovechó de hacer un llamado a las empresas a aportar en este tema. “Más allá de un Gobierno exigiendo a las empresas, creo que las empresas tienen que haber entendido que Chile cambió», indicó.
Según el Ejecutivo, el subsidio beneficiará a 540 mil trabajadores y abarcará al 90% de los hogares más vulnerables. La medida tendrá un costo de cerca de $190 mil millones en su primer año de aplicación, beneficiará a 540 mil trabajadores y trabajadoras del país.
Desde el oficialismo cerraron filas con el proyecto presidencial. Al respecto, el diputado de la UDI e integrante de la comisión del Trabajo, Guillermo Ramírez, aseguró que “es una parte fundamental del compromiso del Presidente de aumentar los ingresos de las familias al mismo tiempo de limitar los gastos y los costos lo más posible”.
El parlamentario también se mostró optimista para que el proyecto sea aprobado lo antes posible: “Ahora lo que nosotros esperamos que así como ocurrió con la tarifa del metro, de las cuentas básicas, de los seguros catastróficos de la salud, este proyecto avance rápido en el Congreso y se apruebe ojalá en una semana de tal forma que este beneficio llegue a los trabajadores lo más rápido posible”.
