En un momento en que avanzamos hacia la “normalidad” y participando de una importante decisión sobre el rumbo que queremos como nación, es importante preguntarnos: ¿Qué país queremos? ¿Cuán dispuestos estamos en vivir la inclusión en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Queremos educación de calidad para todos? ¿Queremos que las personas tengan trabajo de acuerdo a sus competencias? ¿Queremos una ciudad accesible para todos?
Si algo hemos aprendido estos meses producto de la pandemia, es que esconder a las “minorías”, a los que están o se sienten marginados, no ayuda a construir un mejor país. Sabemos, por ejemplo, que en materia de empleo las macrocifras indican que somos el tercer país del mundo con más pérdidas de puestos de trabajo por la pandemia, llegando al 20,9% (Cámara de Comercio de Santiago). Sin embargo, cuando miramos en detalle, algunos estudios apuntan a que, en el caso de las personas con discapacidad, este dato supera el 21%, sin considerar que solo 4 de cada 10 personas cuenta con trabajo formal.
Por décadas el país ha tratado de empatizar con las personas con discapacidad. Pero a pesar de importantes avances, siguen relegados, incluso en momentos donde la ciudadanía aboga y grita por terminar con la desigualdad. La exclusión es un tema que no ha sido abordado en profundidad, y cuyas consecuencias van más allá de esta pandemia.
Aprovechemos el momento histórico y construyamos un mejor país. Por ejemplo, donde la Carta Fundamental abogue por la protección de las personas para asegurar plena igualdad. Donde no existan contradicciones para que una Ley de Inclusión de la Educación permita que colegios puedan excluir a las personas con discapacidad. Donde las leyes laborales no incluyan “letra chica”, y las personas con discapacidad queden fuera de beneficios, por contar con algún tipo de pensión.
No es cliché. Es tarea de todos. El Estado, las personas con discapacidad, la empresa privada, la sociedad civil. Los esfuerzos que están haciendo ecosistemas de inclusión laboral y social como Expo Inclusión a desarrollarse este 23 de noviembre. Pero aun así eso no es suficiente y no basta con que hoy un proyecto de reforma constitucional exija que, para la elección de los convencionales constituyentes, al menos un 10% de los candidatos sean personas con discapacidad. Porque –entendiendo que es una elección– podría ser que ninguno llegara a tener un escaño.
Incluir implica tener leyes y políticas concretas. La rehabilitación no puede depender de los recursos de una campaña. El trabajo debe estar ligado a una cultura por competencias, y con la flexibilidad de los tiempos que vivimos, con acceso a la tecnología para todos y donde nadie quede fuera por no tener conexión a internet.
Lo concreto es que la exclusión provoca sufrimiento, empobrece, aísla. Como consecuencia, invisibiliza y anula. El Chile que quiero está centrado en la persona, en todas las personas.
