Respetuoso silencio ha guardado hasta ahora la auditora Ernst & Young sobre el caso La Polar. Esto, pese a que fueron los primeros en auditar los estados financieros de la multitienda en el año 2006.
Hasta ahora, todos los dardos han apuntado a su competencia Price WaterhouseCooper (PwC) que auditó los estados financieros de la multitienda entre 2007 y parte de 2011, sin detectar ninguna irregularidad. Por ello, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) multó a PwC en UF 8.000 y al socio a cargo de La Polar, Luis Alfredo Joignant, con otras UF 6.000.
Pero la línea investigativa de los fiscales a cargo del caso, José Morales y Luis Inostroza, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, está ampliando sus ojos y Ernst & Young —que tras el estallido del escándalo en junio de 2011 volvió a auditar a La Polar y lo sigue haciendo hasta hoy—, entró en su radar.
La semana pasada, el 26 y 27 de marzo, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), tomaron declaraciones en calidad de testigos a dos altos ejecutivos de Ernst & Young, respecto de su labor en 2006.
Las diligencias forman parte del informe que la Bridec entregará a la Fiscalía como parte de la carpeta de investigación sobre PwC, arista que fue separada de la causa principal.
La función de Ernst & Young resulta clave, pues las repactaciones unilaterales comenzaron, al menos según la jueza a cargo del caso La Polar, María Verónica Orozco, en el año 2006.
Así lo hizo ver la propia jueza el pasado 14 de diciembre de 2011, cuando determinó la prisión preventiva del ex gerente general y ex presidente de la firma Pablo Alcalde; el ex gerente de Productos Financieros Julián Moreno y la ex gerenta de Administración María Isabel Farah Silva.
En todo caso, juega a favor de Ernst & Young el hecho de que la SVS no le haya formulado cargos ni le haya aplicado multas.
Hoy, en tanto, se realizará la audiencia para la revisión de la prisión preventiva del ex gerente de productos financieros de La Polar, Julián Moreno y del ex gerente general y presidente de la empresa, Pablo Alcalde.
Moreno y Alcalde están siendo procesados por falta a la Ley General de Bancos, lavado de activos, uso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado y uso de información falsa para suscribir créditos.
En la declaración de responsabilidad adosada al estado financiero de 2006 de La Polar e informada el 9 de febrero de 2007, el encargado de la auditoría por Ernst & Young, Juan Pablo Hess, señalaba su total convencimiento de no ver información cuestionable.
“En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Empresas La Polar S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile”, indicaba el informe que, según Hess, se realizó “de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile”, lo que les permitió planificar y realizar su trabajo para “lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos”.
La abogada de los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas, valoró la diligencia de la PDI, pues permitirá establecer si actuó con negligencia al igual que PwC o si su auditoría fue distinta y correcta lo que encapsularía este tipo de responsabilidades en Price. “Todas las vetas de investigación que permitan determinar delitos y esclarecer hechos que son objeto del juicio son relevantes”, dijo.
