Tajantemente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) frenó en seco las intenciones de Multicaja —la empresa ligada al ex presidente de BancoEstado, Javier Etcheberry, que pretende competir con Transbank— de que se investigue y regule la administración de los pagos electrónicos de la banca.
La resolución del tribunal, emitida el miércoles pasado choca de frente contra la intención del gobierno de intervenir la industria de las sociedades de apoyo al giro, en particular, restringir el monopolio que ejerce Transbank en la labor de emisor de los plásticos y adquirente de los comercios en los cuales los clientes puedan efectuar sus pagos.
Así lo señaló en julio pasado el ministro de Economía, Pablo Longueira, advirtiendo que el gobierno pretende «introducir competencia a Transbank, (ya que) es un monopolio que cumplió un rol y que fue muy importante, pero ya es necesario hacer cambios tecnológicos».
«En algún momento se pudo haber justificado una estructura monopólica como la que tenemos, hoy ya no se justifica más; necesitamos competencia en el sector de los pagos electrónicos en Chile», agregó en ese momento, recalcando que «estamos quedándonos atrás», porque «si no hay competencia no hay innovación».
La decisión del TDLC contrasta también con la opinión del superintendente Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Raphael Bergoeing, quien tiene entre sus tres desafíos eliminar barreras al desarrollo financiero, enfocado en medios de pago y sociedades de apoyo al giro (entre ellas Transbank).
El año pasado la SBIF encargó un estudio a la Universidad Católica para identificar y detectar trabas que pudieran existir en la normativa vigente y la factibilidad de mejorar la competencia. Los resultados estarán listos en el primer semestre de este año.
El fallo del tribunal tampoco se aviene con la visión de la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE) que ha tenido una acción permanente para insertar competencia en este mercado. En 2004, se enfrentó con Transbank, acusándola de actuar en forma monopólica al impedir a los comercios adquirir POS (la máquina donde se desliza la tarjeta de crédito o débito) y de ejercer influencia monopsónica sobre los proveedores de estos aparatos.
Señaló en ese momento que Transbank “emite” tarjetas para los clientes de los bancos y también “adquiere” contratos con comercios para que estos arrienden el POS y los clientes de los bancos puedan comprar en dichos comercios.
En esta línea, la propia fiscalía encargó un estudio que se publicó a fines de 2010, a cargo de la Universidad de Chile, que analizó el sistema bancario, enfocando los cuestionamientos en las sociedades de apoyo al giro (SAG).
Entre sus conclusiones, señala que el carácter monopólico de los servicios que entregan las SAG sumado a la estructura de propiedad que tienen (está en manos de los principales bancos), genera riesgos competitivos como la exclusión de bancos entrantes, coordinación de tarifas a clientes y al exclusión de empresas que prestan servicios a clientes bancarios y requieren utilizar los servicios de apoyo al giro.
Eso sí, el estudio reconoció que Transbank tiene regulación explícita, a diferencia de otros servicios de apoyo al giro.
Pero el 9 de enero pasado, el TDLC puso paños fríos a la ofensiva del gobierno y frustró una vez más a empresarios que quieren entrar al negocio.
Ese día el tribunal le dijo NO a los intentos de Multicaja, ligada al ex presidente de BancoEstado, para que se fomente el ingreso de nuevos actores.
En su presentación, preparada por el estudio de abogados Aninat, Schwenke y Cía, Multicajas reconoce que desde 2005 a la fecha efectivamente Transbank ha visto aparecer fuerte competencia en el rol adquirente, es decir, en el desarrollo de aparatos POS para los comercios.
Sin embargo, reclama que dado que sigue siendo monopólico el rol de emisor de tarjetas para la banca, la dificultad para competir con Transbank en el mercado se mantiene.
“La ausencia de competencia en la industria de las redes transaccionales para operadores de tarjetas bancarias es un cuello de botella importante para la innovación de los medios de pago modernos en Chile y uno de los problemas de competencia que afectan más profunda y masivamente a los consumidores, por lo que es indispensable la intervención de esta judicatura”.
Transbank es controlada por los principales bancos del país y en 2010 ganó apenas $1.100 millones; es decir, poco más de US$ 2 millones. La cifra es menos del 0,05 % de lo que ganó este sector ese mismo año (casi US$ 3.500 millones) y parece ser irrelevante.
Pero las comisiones que cobra Transbank al comercio no van a su última línea sino directamente a los bancos, y llegan al resultado disfrazados en la contabilidad, asegura un ejecutivo del sector. Este tipo de situaciones es parte de los cuestionamientos que han surgido a las SAG, aunque el centro de las críticas es Transbank.
La firma es propiedad de siete bancos, pero el 60 % está en manos de los dos más grandes: Santander y Banco de Chile.
Por ello, pidió que el TDLC inicie un procedimiento destinado a establecer las condiciones y requisitos que deben ser considerados en actos y contratos que ejecuten quienes participan en este mercado.
La presentación de Multicajas fue paralela a la demanda contra BancoEstado, en la cual reclaman que la entidad se niega a habilitar las tarjetas bancarias para que efectúen pagos con la red de Multicajas.
En su presentación incluyeron varias cartas de Etcheberry a Pablo Piñera, el hermano de Presidente de la República, y las respuestas de este último y de otros ejecutivos del banco que preside el ex presidente de Banco de Chile, Segismundo Schulin-Zeuthen, donde —aseguran las fuentes— se niegan a acceder argumentando que están satisfechos con Transbank, sin dar la posibilidad de que Multicajas ofrezca sus servicios.
«Todos protegen el monopolio de Transbank porque son dueños de Transbank», afirman las fuentes. En efecto, según información de SBIF al cierre de 2011, Transbank era controlada en un 58 % por Santander y Banco de Chile y el 99 % está en manos de 7 entidades.
El informe advierte que Chile es la única economía en el mundo donde existe un solo intermediario y que esto afecta el desarrollo financiero, pues nuestro país presenta uno de los niveles más bajos de POS por habitante.
El TDLC no acogió el llamado de Multicaja. “La dictación de instrucciones de carácter general es una potestad discrecional de este Tribunal, de modo que esta magistratura no está obligada a dar inicio a un proceso conducente a su dictación a solicitud de parte, sin perjuicio de su facultad de hacerlo si lo estima pertinente… este Tribunal estima que los antecedentes presentados como fundamento de la petición no son suficientes para justificar el inicio de un procedimiento no contencioso para la dictación de las instrucciones de carácter general solicitadas por Multicaja, potestad que a juicio de este Tribunal debe ser utilizada en casos especialmente calificados”, dispuso el TDLC rechazando la solicitud.
La resolución contó con tres votos a favor y ninguno en contra. Los que apoyaron fueron el presidente Tomás Menchaca y los ministros Andrea Butelman y María de la Luz Domper.
Pero en el tribunal ese día había cinco ministros. Enrique Vergara y Radoslav Depolo. Ambas decidieron abstenerse de votar. Depolo, debido a que ejerce labores de asesor para Fis Car Processing, una empresa que presta servicios de procesamiento de operaciones financieras. El ex titular de la FNE, en tanto, no votó por haber hecho asesorías a Transbank, aunque en otras materias que, según fuentes informadas, no lo inhabilitaban directamente, pero decidió abstenerse por “prudencia”.
Sin embargo, el presidente del TDLC sí decidió votar, pese a que entre 2003 y 2004 patrocinó a Transbank ante el TDLC en la referida disputa con la FNE, causa en la que rechazó las acusaciones de monopolio y abuso de su posición dominante.
La actuación de Menchaca se condice con la ley, que ordena la abstención por conflicto de interés cuando el ministro tiene o tuvo vínculos laborales con alguna de las partes involucradas en los últimos dos años.
No obstante, fuentes que conocen el proceso afirman que Menchaca ya había emitido opinión sobre el tema en representación de Transbank entre 2003 y 2004 y por prudencia no debería haber votado.
Con todo, en el gobierno sostienen que la decisión del TDLC no los inhabilita de impulsar regulación para forzar la competencia a Transbank. De hecho, para fines de 2012 había el compromiso de Economía de entregar un informe, que prepara la jefa de la oficina de competitividad de Economía, Joanna Davidovich, labor que deben desarrollar en conjunto con Hacienda y Desarrollo Social.
Fuentes de gobierno señalan que este mes debería haber novedades al respecto, lo que podría traducirse en proyectos de ley para ser enviados al Congreso.
Ayer no fue posible hablar con el titular de Economía ni con el titular de la SBIF.
