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Opinión: Con la postergación de las contribuciones, el gobierno esta diciendo que «hay que dar trigo»


Nicolás Gabor, empresario agrícola.

Este era uno de los dichos favoritos de un amigo, que partió hace un par de años. Se refería a la imagen de un grupo de gallinas corriendo adonde se esparcía trigo, dejando de hacer en lo que estaban, incluso cuando era arena incomible, se repetía el reflejo condicionado.

Los gobiernos, así como sus opositores, utilizan frecuentemente este método, planteando proyectos, a veces sin lógica, para llamar la atención, justificar su existencia onerosa o, la mayoría de las veces, para distraer la atención de un tema incómodo y sacarlo de los titulares.

La cantidad de proyectos de ley enviados por el gobierno, en los últimos 18 meses, han respondido a tales objetivos, mejorar su imagen (muy deteriorada) y pavimentar el aterrizaje para los candidatos de la Alianza en la carrera presidencial.

Uno reciente, fue la modificación de Contribuciones de Bienes Raíces, graciosamente postergada, impuesto que debiera ser declarado ilegal e inconstitucional si el Tribunal Constitucional fuese independiente. Hay que tener presente que las propiedades se adquieren con dineros ya filtrados, que ya pagaron tributaron, por tanto es impuesto sobre impuesto, patrimonial.

No produce renta la propiedad cuando esta destinada a casa habitación, por tanto debiera estar exenta de todo tipo de gravámenes, toda vez que sus dueños han trabajado largos años, a veces toda la vida, para adquirirlos y tener como reza el dicho «tener donde caerse muerto». Obviamente, si es segunda o múltiple propiedad, debe tributar acorde a normativa. En la mayoría de los casos estamos en presencia de personas de la tercera edad cuyos ingresos han mermado por la jubilación que siempre es inferior al último sueldo. Mayoritariamente, de propietarios de clase media, siempre postergada, siempre perseguida. Por último, sea una casa Copeva o penthouse en Cachagua, no debe tributar.

Adicionalmente, la propiedad debe ser inembargable a todo evento no pudiendo ser objeto de garantía. Ninguna casa comercial, banco o tribunal de la república debe tener capacidad de apropiamiento. No me refiero a la natural garantía de la propiedad mientras está en proceso de compra, sino cuando ya está en poder del adquirente.

El gobierno se opondrá por dos motivos. Uno porque su natural tendencia es aumentar los tributos no rebajarlos. Segundo, porque aunque la merma producida sería a nivel municipal, el poder central tendría que reponerle los fondos, perdiendo recursos, vale decir votos.

El Poder Económico se opondrá porque perdería garantías de los adictos a las tarjetas.

El Poder Judicial se opondrá porque perdería parte del poder absoluto a que está (mal) acostumbrado.

¿ Qué posibilidad tiene esta idea de llegar a puerto ? Depende de la fuerza que desplieguen los interesados que son cientos de miles. Si se movilizan, se agrupan y muestran los dientes, tanto gobierno como oposición no solo cederán, sino se vería como con una muy practicada voltereta, se subirían al carro de la victoria, por esta «causa justa». No pueden arriesgarse a que decenas de miles dejen de pagar las contribuciones, en cuyo caso perderían una batalla emblemática, quizás la guerra misma, despertando la ciudadanía de su letargo, asombrada de su propio poder. Poder que da libertad, perdida hace tiempo.

Si solo se moviliza el 1 % de los afectados, son 50.000 propietarios, que puede mover la balanza, sin romper negocios, sin quemar viviendas, sin desorden. Puede ser un buen comienzo, al menos para los que pagan el show.

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