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Plan del gobierno argentino para evasores de impuestos ofrece bono de 4% a cambio de ir a la cárcel


La presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere que los evasores de impuestos que ocultan unos US$ 160.000 millones en dólares contribuyan a financiar las ambiciones petroleras de Argentina. Su ofrecimiento: comprar un bono de 4 por ciento o enfrentar la perspectiva de pasar un tiempo en prisión.

La autoridad impositiva anunció el plan el 7 de mayo, para lo cual destacó sus acuerdos para compartir información con 40 países y advirtió a los argentinos que no usen la amnistía de tres meses que corren el riesgo de que se les impongan multas o se los arreste. Los evasores tienen dos opciones para su dinero, y la única que paga interés será un bono en dólares con vencimiento en 2016 para financiar la compañía petrolera estatal YPF SA.

La tasa de 4 por ciento es un tercio del rendimiento promedio de 13,85 de la deuda argentina y menos del 4,6 por ciento de los mercados emergentes. Un año después de expropiar YPF, Fernández canaliza más dinero en la industria de energía del país conforme el gobierno experimenta problemas para impulsar la producción de las terceras mayores reservas de petróleo de esquisto del mundo. En momentos en que Argentina inyecta US$ 2.000 millones de reservas del banco central en un fondo para inversiones en energía, y dado que los costos crediticios más altos entre los mercados emergentes le impiden emitir deuda en el exterior, el gobierno pone la vista en los miles de millones de dólares no declarados de los argentinos con la intención de apuntar reservas que han declinado al nivel más bajo en seis años.

“Las autoridades tienen que tomar medidas para abrir recursos externos en el sector de energía y para financiar el Tesoro y los gobiernos regionales”, dijo Sebastian Vargas, un analista en Nueva York de Barclays Plc. “La amnistía no es negativa para los mercados, pero es decepcionante porque se hace muy poco por solucionar los problemas de la balanza de pagos”.

Activos ocultos

Los argentinos tienen por lo menos US$ 160.000 millones de fondos sin declarar, lo que equivale a alrededor del 36 por ciento del producto interno bruto del país, y US$ 40.000 millones está escondidos en el país, dijo el viceministro de Economía Axel Kicillof en una conferencia de prensa del 7 de mayo en la cual él y otros altos funcionarios presentaron la amnistía.

Muchos argentinos ocultan sus activos para evitar un impuesto a las ganancias de 35 por ciento y un gravamen de 1,25 por ciento sobre su patrimonio personal. Los bienes no declarados también están fuera del alcance del gobierno, que en 1989 confiscó certificados de depósito a cambio de bonos y en 2002 convirtió en pesos los depósitos en dólares. Los que se incorporen al plan gozarán de inmunidad y no se los obligará a pagar impuestos atrasados, dijo Ricardo Echegaray, que dirige el organismo impositivo.

La búsqueda de los evasores, que comprende el cruce de información sobre ingresos y patrimonio personal con las compras de bienes raíces y autos, viajes al exterior y compras con tarjeta de crédito, continuará, dijo Echegaray. “Será mejor que traigan los dólares de vuelta porque los vamos a encontrar”, dijo Echegaray en la conferencia de prensa del 7 de mayo.

La recaudación impositiva de la segunda mayor economía de América del Sur aumentó el año pasado al 37 por ciento del producto interno bruto, mientras que fue de 16,5 por ciento en 2002, según datos del Ministerio de Economía. El ex viceministro de Economía, Roberto Feletti, que en la actualidad es legislador por la alianza Frente para la Victoria de Fernández, dijo que el gobierno espera obtener por lo menos US$ 5.000 millones con el plan.

Según Moody’s Analytics Inc., es probable que el plan de amnistía fracase porque sus beneficios no logran superar la desconfianza de los inversores en la capacidad del gobierno de contener la inflación, reducir el gasto, atraer inversión extranjera y restablecer la confianza en la moneda del país. “El problema que enfrenta el gobierno es la falta de credibilidad y de confianza”, dijo Juan Pablo Fuentes, un economista de Moody’s, en entrevista telefónica desde West Chester, Pensilvania. “El dinero existe y eventualmente podría volver, pero tiene que haber muchos cambios. Estos bonos no van a tener impacto alguno”.

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