La negativa de Argentina a discutir la exactitud de sus datos oficiales afecta las posibilidades de que el desempeño de los bonos vinculados a la inflación reflejen el verdadero ritmo de los aumentos de precios, según Moody’s Analytics.
El organismo de estadísticas informó ayer que los precios al consumidor subieron 10,5 por ciento interanual, el nivel más bajo en seis meses y menos de la mitad del 24 por ciento que estimaron economistas privados para el mismo período. Los bonos vinculados a los precios al consumidor han declinado 3,8 por ciento este año, la mayor caída entre los mercados emergentes, según Barclays.
En una entrevista con una periodista de la televisión griega que se difundió en Argentina el mes pasado, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, puso fin a la conversación cuando se le preguntó sobre la inflación y dijo: “Me quiero ir”. La negativa refleja falta de compromiso en lo relativo a cumplir con el pedido del Fondo Monetario Internacional de incorporar un índice confiable este año, lo que significa que se seguirá defraudando a los tenedores de bonos, dijo Moody’s. Argentina se convirtió en febrero en el primer miembro del FMI censurado por presentar datos inexactos sobre precios y crecimiento.
“Es la típica reacción de quienes no tienen argumentos”, dijo Juan Pablo Fuentes, un analista de Moody’s, en entrevista telefónica desde West Chester, Pensilvania. “Para el gobierno es difícil admitir que la inflación es más alta”.
Funcionarios del Ministerio de Economía no contestaron los llamados telefónicos ni los correos electrónicos en los que se les solicitaban declaraciones sobre la exactitud de los datos oficiales.
En una conferencia de prensa del 7 de mayo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contestó una pregunta sobre el verdadero ritmo del aumento de los precios diciendo que los datos podían consultarse en el informe mensual del organismo de estadísticas, que era la única medición exacta de la evolución de los precios. En respuesta a la censura del FMI en febrero, Lorenzino calificó las críticas de un “error”, si bien prometió incorporar un nuevo índice que reflejara los cambios en los hábitos de gasto en el primer trimestre del año.
Los valores vinculados a la inflación constituyen el 20 por ciento de la deuda de US$ 182.700 millones del país, según el Ministerio de Economía. Alrededor del 69 por ciento de esos bonos está en manos de instituciones públicas, en su mayor parte del organismo de seguridad social, indican datos del ministerio.
La subestimación de la inflación ha llevado a los tenedores de bonos a perder un promedio de US$ 500 millones al año en pagos de intereses desde 2007 y de otros 130.000 millones de pesos (US$ 24.800 millones) en ajustes del valor del capital de los valores con denominación en pesos, según Eric Ritondale, un economista de Econviews, una compañía de análisis que tiene sede en Buenos Aires.
El debilitamiento de 25 por ciento de este año del peso en el mercado ilegal de divisas se impondrá a cualquier intento oficial de contener la inflación. Eso hará más difícil que el gobierno presente un índice que satisfaga las exigencias del FMI sin reconocer la inexactitud de los datos actuales, dijo Enrique Álvarez, jefe de renta fija para América Latina de la firma de análisis IdeaGlobal.
“Cuando hay una caída tan pronunciada en el mercado paralelo, los precios suben porque la gente se anticipa a una aceleración de la inflación”, dijo Álvarez en entrevista telefónica desde Nueva York. “Al gobierno se le hace más difícil difundir información más exacta”.
